La sentencia concluyó que Mosquera suscribió resoluciones administrativas sin competencia legal para reconocer y ordenar pagos por más de $2.500 millones a 50 supuestos exfuncionarios del Fondo Educativo Regional del departamento, pese a que varios de ellos no habían trabajado para esa entidad o no realizaron las reclamaciones exigidas por ley.
La Corte examinó los actos firmados en 2002 por Mosquera, cuando fue designado gobernador encargado. A través de las resoluciones 0715 y 2003, reconoció cesantías definitivas y sanciones moratorias sin contar con certificación de disponibilidad presupuestal, realizar notificaciones, ni cumplir los requisitos legales para el trámite de prestaciones sociales.
Estas resoluciones fueron usadas años después por una abogada que actuó como cesionaria de los exfuncionarios para demandar al departamento, lo que resultó en el pago de $ 2.568 millones entre 2008 y 2009, según el fallo.
El tribunal determinó que Mosquera actuó de forma dolosa y fuera de sus funciones, pues como mandatario encargado solo podía resolver asuntos urgentes y este no era el caso.
Durante el proceso se evidenció que 11 de los beneficiarios no tenían soportes de reclamación, otros incluían firmas presuntamente falsas y había solicitudes con datos ilegibles. Además, se identificaron personas en las resoluciones que nunca tuvieron relación laboral con el departamento.
La Fiscalía resaltó el caso de Sara Hinestroza Lagarejo, incluida como beneficiaria sin haber trabajado nunca para la Gobernación. Tampoco se encontraron registros en tesorería o archivo sobre estos reconocimientos.
La Corte negó la suspensión condicional de la pena y también descartó la prisión domiciliaria. Ordenó su captura una vez la condena quede en firme.
Además de la inhabilidad perpetua para ejercer cargos públicos, Mosquera fue sancionado con la prohibición de contratar con el Estado.
El proceso judicial se originó por una denuncia interpuesta en 2008 por el entonces gobernador titular del Chocó, Patrocinio Sánchez.
