Horas después de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) convocara a audiencia pública a altos funcionarios del gobierno, a los entes de control y al fiscal general para que respondan por los esfuerzos que hacen para garantizar la protección de excombatientes de las Farc, dos de ellos fueron asesinados en Uribe (Meta).
Se trata de Juan de Jesús Monroy, conocido como “Albeiro Suárez”, quien hizo parte de la guardia personal de Manuel Marulanda, fundador de las Farc; y de Luis Alexánder Largo, su escolta. En agosto pasado, Monroy había denunciado ante la JEP las persistentes amenazas que estaba recibiendo, y pidió que le aumentaran su esquema de seguridad.
Con ellos, según el Instituto para el Desarrollo y la Paz, son 234 excombatientes los que han sido asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz. Y es precisamente esa situación la que hizo que la JEP estudiara la posibilidad de decretar medidas cautelares para su protección.
Dentro de ese estudio convocó para una diligencia el próximo 25 de noviembre, en la cual verificará el cumplimiento de las órdenes dadas por la Sección de Ausencia de Reconocimiento a las entidades estatales sobre la implementación de las garantías de seguridad para los excombatientes. Se verificarán las garantías de seguridad para la reincorporación en los territorios, con enfoque territorial, de género y étnico. También se revisarán lo realizado para prevenir la estigmatización, en el marco de las garantías de no repetición así como el proceso de reconciliación, dice un comunicado expedido ayer por la JEP.
Y, finalmente, se verificarán los planes de lucha contra la impunidad y política de desmantelamiento de organizaciones y conductas criminales.
Para ello fueron citados el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos; el consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila; el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla; la ministra del Interior, Alicia Arango; el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo; la procuradora Delegada para el Seguimiento al Acuerdo de Paz, Mónica Cifuentes; el defensor para la Prevención de Riesgos y Sistema de Alertas Tempranas, Ricardo Arias; el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa; y el director de la Unidad Nacional de Protección, Alfonso Campos.
“La Sección de Ausencia de Reconocimiento estableció que solo podrán delegar su asistencia a la diligencia a viceministros y la vicefiscal, y únicamente previa justificación y verificación por parte de la JEP de la imposibilidad funcional de asistir. En las demás entidades no se aceptará delegación. Los funcionarios asistentes deberán permanecer durante la totalidad del desarrollo de la audiencia”, dice el comunicado.
“Es una oportunidad”
Tanto Ceballos como Archila aseguraron que esta es una gran oportunidad para que el Gobierno muestre los esfuerzos que realiza en esta materia.
“Para el presidente Iván Duque siempre ha sido una prioridad la seguridad de los excombatientes, sus familias, y los miembros del partido Farc, por eso venimos trabajando en la mesa interinstitucional donde están todas las entidades que han venido trabajando en esa responsabilidad. Tenemos más de 50 medidas especiales de protección, que han sido analizadas por instituciones terceras como el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y han sido consideradas relevantes y apropiadas”, advirtió Archila.
Enumeró, por ejemplo, que la Unidad Nacional de Protección tiene 450 excombatientes con esquema de protección y que en los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación se han desplegado alrededor de 3.100 efectivos de la Policía y el Ejército.
Además, Ceballos aseguró que él mismo ha participado en la construcción de varias de esas estrategias como secretario técnico de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y la Alta Instancia para el Ejercicio de la Política. “También hemos venido cumpliendo las órdenes que impartió la JEP, entre ellas diseñar los lineamientos para la política de desmantelamiento de grupos armados que aún siguen activos en Colombia, y que se han ensañado con los excombatientes de las Farc”. De ahí el diseño del mecanismo de sometimiento individual a la justicia de miembros de grupos armados organizados.
La Fiscalía es respetuosa
Por su parte, desde la Fiscalía le dijeron a EL COLOMBIANO que “el fiscal es absolutamente respetuoso de las decisiones de la JEP” y se abstuvieron de cualquier otro comentario.
Desde 2017, el ente investigador ha recibido el reporte de 269 hechos victimizantes y, de estos, 216 son homicidios, 40 tentativas de homicidio y 13 desapariciones forzadas. De los cuales se han esclarecido el 47,21 % de las afectaciones.
Hasta el momento, hay 38 indagaciones con orden de captura, 32 en ejecución de penas, 20 están en juicio y 35 en investigación. También se registran dos preclusiones por muerte de los procesados. Pero tal vez el dato más importante es que la Fiscalía ha logrado 30 condenas y un principio de oportunidad.
El fiscal Barbosa asignó 40 personas más para resolver estos crímenes, y con sus investigaciones se ha descubierto que el 77 % de los asesinatos de excombatientes fueron cometidos por las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo y el Eln.
Así las cosas, la JEP los escuchará y determinará si esos esfuerzos son suficientes. En las medidas decretadas puede determinar nuevas tareas que deban realizarse para garantizar la vida de los excombatientes.
