En la audiencia que solicitó la defensa del expresidente Álvaro Uribe para resolver su situación jurídica, este jueves la Fiscalía le solicitó a la jueza 30 de control de garantías de Bogotá la libertad del exmandatario.
Por primera vez se conoce la posición del ente acusador en un proceso que llegó a sus manos el 31 de agosto pasado y que sin duda ha generado todo tipo de reacciones jurídicas y políticas. El fiscal aseguró que este proceso debe “ser libre de objeto político”.
Luego de analizar algunos antecedentes que pudieran ayudar a interpretar cómo debe dársele continuidad a un proceso penal que viene de la Corte Suprema de Justicia bajo la ley 600 de 2000 hacia la justicia ordinaria bajo el procedimiento de la Ley 906 de 2004. Sin embargo, ninguno de los ejemplos expuestos, señaló el mismo fiscal, coincide completamente con el proceso en cuestión.
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“Las actuaciones procesales surtidas al interior de la Sala Especial de Instrucción son actuaciones procesales válidas, porque fueron emitidas por autoridad competente con el lleno de las condiciones de la Ley 600, así que aquí no hay lugar a ninguna nulidad”, aclaró el fiscal Gabriel Jaimes.
De acuerdo con su análisis, en esta audiencia se trata de hacer un trabajo de adecuación buscando la preservación de la estructura del proceso penal y la protección del rol de cada uno de los sujetos procesales y sus garantías fundamentales.
Sin embargo, después de explicar los alcances de las actuaciones realizadas en la Corte, el fiscal no halló posibilidad de que la indagatoria pudiera ser equiparada con la imputación de cargos, estrictamente necesaria para la privación de la libertad.
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Entre los hechos argumentados, luego de hacer una revisión del caso entregado por la Sala de Instrucción, están que: “hemos encontrado algunas violaciones al debido proceso, ya que la indagatoria no contiene los hechos jurídicamente relevantes para que la defensa pueda activar su derecho. No hubo aclaración sobre sus derechos ni la posibilidad de sentencia anticipada”.
Y agregó que como la indagatoria ocurrió en octubre de 2019 ya se habrían vencido los términos, lo que llevaría al hundimiento del caso.
“De continuar con la actuación procesal en el mismo estanco se estaría vulnerando el debido proceso como garantía constitucional. No queda camino procesal a desestimar la vigencia del proceso y otorgar la libertad de Álvaro Uribe Vélez”, señaló Jaimes.
Y explicó que “la investigación no parte de cero, las pruebas no se desestiman sino que por virtud del proceso penal se ha convertido en elementos material probatoria que será valorados legalmente de cara a una posible formulación de imputación. Mi petición del día de hoy no es ninguna antesala a etapas procesales por venir, no habrá impunidad, habrá justicia y habrá derecho”.
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