Los constantes combates entre los grupos armados obligaron a un grupo de 26 firmantes de paz, y a sus familias, a abandonar su espacio de reincorporación en Mesetas (Meta).
Los reincorporados afirmaron que vienen siendo víctimas de amenazas y que temen por la integridad propia, de la comunidad y de sus seres queridos.
Este 26 de febrero empacaron los enseres que pudieron en un camión y salieron desplazados hacia un coliseo del casco urbano de Mesetas. Todavía no tienen tierra para empezar de nuevo.
“Tuvimos que disponer de recursos de nuestra propia subsistencia, para resolver de manera urgente el transporte de las personas, mascotas y de algunas pocas cosas de primera necesidad. No pudimos contratar sino una chiva y un camión, teniendo que abandonar herramientas, maquinaria y enseres de cada familia y de los proyectos productivos que allí adelantábamos”, dijeron los firmantes de paz.
Es que el departamento del Meta viene siendo escenario de disputa entre las facciones disidentes de alias “Iván Mordisco” y “Calarcá Córdoba”.
La Defensoría del Pueblo ya había advertido, en enero pasado, que esa confrontación bélica podría traer reclutamiento de niños, confinamientos, desplazamiento forzado y homicidios de líderes comunitarios.
“Estamos siendo sometidos al desplazamiento forzado; lo cual nos priva de la oportunidad de construir un futuro mejor. Esta situación nos obliga a enfrentar la incertidumbre, la pérdida de nuestros hogares y la ruptura de nuestros vínculos comunitarios, mientras luchamos por la supervivencia en condiciones de vulnerabilidad extrema”, advirtieron los excombatientes en un comunicado.
El coliseo en el que permanecen hacinados, dijeron, solo tiene servicio de agua potable entre las 9:00 de la noche y las 6:00 de la madrugada. Los baños no pueden ser utilizados y advirtieron la presencia de un brote de dengue.
La situación en la vereda Nueva Esperanza, del lugar donde salieron, era peor: los enfrentamientos entre los actores armados eran constantes y la respuesta del Estado nunca llegó para recuperar el control y la seguridad de ese territorio.
Este fue el segundo desplazamiento forzado que sufrió esta misma comunidad de firmantes en el Meta. En marzo de 2023 fueron expulsados de su territorio en el ETCR Mariana Páez por los disidentes del Estado Mayor Central.
Los excombatientes -ahora civiles- son un tejido social que puede hacer oposición a las acciones de los hombres armados. Por eso son atacados constantemente por los grupos armados ilegales.
“El desplazamiento forzado de la comunidad firmante debe ser atendido por el Estado con seriedad y ojalá de manera preventiva, implementando el Acuerdo de Paz de manera integral”, insistieron desde el Consejo Nacional de Reincorporación.
Los firmantes de Mesetas llamaron la atención porque la Agencia Nacional de Tierras no se hizo presente en la instalación de una mesa que pretendía encontrar un predio donde los desplazados pudieran reubicarse, rehacer sus vidas y reinstalar sus proyectos productivos.
“Desconocieron la emergencia humanitaria en la que nos encontramos y fueron indolentes ante el clamor de hombres, mujeres, niñas, niños y adultos mayores”, señalaron los firmantes.
El drama constante
Esta no es la primera vez que los firmantes quedan en la mitad de un conflicto que no les pertenece. Los enfrentamientos en Catatumbo obligaron a 194 excombatientes a desplazarse, hay 174 más confinados, nueve de ellos están desaparecidos y seis más fueron asesinados.
En junio del año pasado las disidencias que comanda alias Calarcá obligaron a que la comunidad del Espacio Territorial de Capacitación y Normalización de Miravalle (Caquetá), hullera.
Entonces, los excombatientes fueron intimidados en un panfleto enviado por los hombres de “Calarcá”. Los firmantes fueron estigmatizados y señalados de colaborar con la Segunda Marquetalia. La amenaza del EMC era perentoria: debían abandonar el espacio -que ocuparon durante los últimos siete años- porque el lugar sería convertido en escenario de la confrontación.
Los excombantientes, en varias ocasiones, se han visto obligados a desplazarse por razones del conflicto armado. Ya ocurrió en Santa Lucía (Ituango), en el Yarí, en La Guajira, en Yalí (Antioquia) y el Meta.
Son víctimas de amenazas, intentos de reclutamiento por parte de los armados ilegales y desde la firma del Acuerdo de Paz, según el último informe de la Misión de Verificación de la ONU, se han registrado 441 asesinatos de esta población.
“Comprendemos que muchos territorios del país están envueltos en dificultades humanitarias y de orden público, pero no se olviden que 25 hombres y mujeres que dieron su firma por la paz de Colombia, junto con sus familias, acaban de sufrir un desplazamiento forzado y también merecemos su atención”, puntualizaron los firmantes desplazados de Mesetas.
