El pasado 4 de junio el Congreso aprobó un nuevo festivo nacional y ahora ya hay quienes buscan que desaparezca del calendario colombiano.
Se trata del día de descanso creado para conmemorar a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, una fecha que se celebra cada 9 de julio y que, bajo las reglas de los festivos trasladables, este año se disfrutará el lunes 13 de julio. Sin embargo, una demanda radicada ante la Corte Constitucional pide declarar inexequible el artículo que lo creó.
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La existencia de la demanda fue revelada por La Silla Vacía, medio que conoció el recurso presentado contra el artículo 6 de la Ley 2578 de 2026 por Rodrigo Ospina Ortiz, quien sostiene que vulnera varios principios constitucionales.
Su principal argumento apunta al carácter laico del Estado colombiano. Según expone en el documento, al “consagrar un nuevo día de descanso obligatorio a nivel nacional para honrar de forma exclusiva y explícita a una figura central de la religión católica (“Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá”), el Congreso rompe su deber de neutralidad religiosa”.
El demandante también sostiene que la medida “otorga una preferencia estatal y un privilegio legal y civil a un credo específico y discrimina indirectamente a los ciudadanos que profesan otras creencias o que nos declaramos no creyentes”.
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Además de la discusión religiosa, la acción cuestiona el impacto económico de la medida. Ospina argumenta que la creación de un nuevo día festivo remunerado “genera de forma inmediata cargas económicas adicionales para el sector público”, y que “la imposición imprevista de un nuevo festivo nacional altera de forma drástica la planeación de turnos, la producción y los costos de nómina del sector empresarial privado”, citó La Silla Vacía.
La norma hoy cuestionada fue impulsado por el representante Wilmer Castellanos, de la Alianza Verde, y buscó vincular a la Nación a la conmemoración de los 440 años de la renovación de la imagen de la Virgen de Chiquinquirá, considerada la patrona de Colombia, ocurrida en 1586, además de reconocer los 216 años de la ciudad como Villa Republicana y los 40 años de la visita de san Juan Pablo II al municipio.
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