La Jurisdicción Especial de Paz (JEP) imputó a un grupo de 28 militares retirados por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Los uniformados en retiro serían los máximos responsables en cometer al menos 604 ejecuciones extrajudiciales de civiles (falsos positivos) en la región Caribe.
Entre las víctimas identificadas por la JEP hay 26 niños, niñas o adolescentes y 14 mujeres: una de ellas estaba en embarazo. Los crímenes fueron cometidos entre 2002 y 2008 en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre.
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“Al menos 604 personas fueron asesinadas y desaparecidas forzadamente para ser presentadas ilegítimamente como bajas en combate”, señaló el magistrado Óscar Parra, presidente de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP.
Hasta ahora, esta es la imputación que más territorio abarca con 19 unidades militares adscritas a la I División del Ejército. En la investigación también se identificaron 13 crímenes cometidos por la fuerza oficial fuera del periodo priorizado: es decir, antes de 2002 o después de 2008.
