Un grupo de 18 exparamilitares le envió una carta al presidente Gustavo Petro y, con ella, aceptaron la designación que les hizo el jefe de Estado como gestores de paz. Así empieza a tomar forma el proceso que quiere adelantar el Gobierno con los exmiembros de las Autodefensas Unidas de Colombia.
“Queremos expresar nuestra aceptación al nombramiento en calidad de gestores de paz tal y como ha quedado consignado en la resolución 453 del 8 de noviembre de 2024”, se lee en la carta de los exparamilitares.
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El pasado 8 de noviembre el Gobierno emitió una resolución con la que designó a los exparamilitares en la gestoría de paz. La pretensión del Ejecutivo es que contribuyan con su conocimiento y experiencia en el desarrollo de actividades que velen por construir paz y también finiquitar el proceso de desmovilización que inició hace 20 años con el acuerdo de Santa Fe de Ralito.
“Somos conscientes de la enorme complejidad de hacer las paces con tantos y tan diversos actores armados y de sostener diálogos a pesar de las particularidades, los intereses y los contextos territoriales”, añadieron los exparamilitares.
La misiva fue firmada por Ramón María Isaza Arango, Arnubio Triana Mahecha, Héctor José Buitrago Rodríguez, Ramiro Vanoy Murillo, Hernán Giraldo Serna, Luis Eduardo Cifuentes Galindo, Manuel de Jesús Pirabán, Juan Francisco Prada Márquez, José Baldomero Linares Moreno, Salvatore Mancuso Gómez, Carlos Mario Jiménez Naranjo, Diego Fernando Murillo Bejarano, Hebert Veloza García, Rodrigo Tovar Pupo, Rodrigo Pérez Alzate, Fredy Rendón Herrera, Edwar Cobos Téllez y Héctor Germán Buitrago Parada.
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“A las víctimas y a la opinión pública le enviamos un mensaje de calma, ninguno de estos esfuerzos va en detrimento de los derechos de nadie. Todo lo contrario, es un paso compartido para hacer las cosas bien, para profundizar en los derechos de las víctimas y de los reincorporados”, puntualizaron.
¿Por qué es controversial la designación de los 18 exjefes paramilitares como gestores de paz?
La decisión de designar a estos hombres como gestores de paz no deja de causar dudas. Por ahora no se tiene un marco jurídico que garantice el sometimiento y se ha cuestionado si la nueva negociación supone un choque de trenes con Justicia y Paz.
La segunda duda es si se trata de una maniobra para conseguir votos para las presidenciales del 2026. Entre funcionarios del Gobierno Nacional y abogados que están detrás de capos que hoy pagan penas o que defienden los intereses de viejos comandantes que permanecen lejos de la vida pública hay bastante inquietud, aunque todos esperan sacar provecho: beneficios judiciales y alguna representatividad política.
