El calendario académico fue el salvavidas de un joven acusado de presunto abuso sexual. Mientras los tiempos de la justicia universitaria se dilataban entre trámites y recursos extraordinarios, los días se convirtieron en la armadura legal que hoy le permite seguir asistiendo a clases.
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Valentina*, la estudiante que denunció haber sido abusada sexualmente por él hace casi un año, tuvo que abandonar la institución para no cruzarse con su presunto agresor en el mismo campus universitario.
La Universidad del Rosario, a pesar de sus protocolos, terminó “derrotada” por su propia burocracia ante un fallo de tutela que priorizó el derecho a la educación del señalado abusador sobre la protección de la víctima.
El error de las tres semanas
La expulsión de Rivera era un hecho administrativo, pero llegó tarde. El reglamento de la Universidad del Rosario estipula que una sanción solo puede aplicarse en el mismo semestre de la notificación si esta ocurre antes de transcurridas las tres primeras semanas de clase.
Rivera fue notificado el 6 de marzo de 2026, cuando el periodo académico ya sumaba más de un mes de vigencia. Este desfase temporal fue el argumento central para que un juez de tutela fallara a favor del estudiante.
Según el documento citado por Semana, “la notificación de la decisión sancionatoria ocurrió con posterioridad a las tres primeras semanas del calendario académico”. En consecuencia, expulsarlo en ese momento violaría su debido proceso.
La universidad se demoró cinco meses en resolver una segunda instancia, un tiempo que resultó letal para las aspiraciones de justicia de Valentina*.
Un “recurso” inexistente que ganó tiempo
La denuncia por Violencias Basadas en Género (VBG) parecía sólida. Existían chats donde Valentina* le reclamaba a Rivera por haberla accedido sin su consentimiento el 13 de mayo, y él respondía con frases como: “Lo que hice estuvo muy mal, perdóname” o “Fue el error más idiota que he hecho nunca”.
Basado en esto y en el diagnóstico de “abuso sexual” de la Clínica Universitaria Colombia, el comité inicial ordenó la expulsión el 2 de octubre. Sin embargo, el proceso entró en un limbo cuando se admitió un “recurso de súplica”.
Según el abogado de la víctima, esta figura no existe en el reglamento para casos de VBG, pero la institución decidió darle trámite. Esta decisión prolongó el caso hasta finales de febrero, permitiendo que Rivera se matriculara e iniciara el nuevo semestre, invalidando así la inmediatez de la sanción.
La respuesta oficial de la U. del Rosario: el proceso sobre la celeridad
Consultada por Semana, la Universidad del Rosario defendió su actuación. En un comunicado conocido por el medio mencionado, la institución aseguró que “no existe fundamento para afirmar que la institución haya contribuido, por acción u omisión, a agravar la situación de la persona denunciante”.
Para el Rosario, la demora no fue inactividad, sino la “gestión administrativa necesaria” para garantizar decisiones sólidas.
Sobre el polémico recurso de súplica, la universidad explicó que, aunque no es una instancia dispuesta regularmente para el protocolo de género, “eventualmente puede considerarse” para asegurar un fallo justo.
No obstante, esa consideración técnica fue la que otorgó a Rivera la ventana de tiempo para interponer la tutela que hoy lo mantiene en las aulas.
El fallo de la justicia penal
El viacrucis de Valentina* no se limitó al campus universitario. En la Fiscalía, la situación no fue distinta. Tras denunciar en la URI de Paloquemao, su reporte se extravió inicialmente.
Luego, la fiscal Mónica Vergara, quien se había comprometido a solicitar medida de aseguramiento contra Rivera por el delito de acceso carnal o acto sexual abusivo con incapaz de resistir, finalmente desistió de pedirla durante la imputación de cargos.
“Me falló, me engañó... ya no le creo”, escribió la joven en un memorial dirigido al despacho fiscal, según reveló Semana.
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