Todo parece indicar que el Gobierno de Donald Trump no ha terminado de definir la lista de funcionarios colombianos que serían incluidos en la Lista Clinton. La reciente aparición del presidente Gustavo Petro en ese registro habría sido apenas el primer paso de una revisión más amplia que involucra a otros altos cargos del actual Gobierno.
De acuerdo con información conocida por La FM, fuentes en Washington aseguran que el proceso sigue en curso y que las agencias responsables analizan nuevos casos bajo los parámetros de la Orden Ejecutiva 14059, firmada en diciembre de 2021, la cual endureció los criterios de sanción.
Este estándar no se limita a identificar cabecillas de organizaciones de narcotráfico, sino que también abarca a personas o entidades que “brinden apoyo material, financiero o tecnológico” a grupos vinculados con el tráfico de drogas o el lavado de activos.
En esa revisión figurarían nombres como el del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa; el ministro de Minas, Edwin Palma, y Luis Eduardo Llinás, quien hasta hace poco dirigía la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).
Cada caso, sin embargo, estaría siendo evaluado de manera individual. Las agencias estadounidenses revisan documentación, reportes financieros y posibles vínculos indirectos con estructuras que operan en la región. Aunque no hay decisiones oficiales, las fuentes sostienen que podrían producirse nuevas inclusiones en las próximas semanas, lo que marcaría un nuevo punto de tensión diplomática.
El caso de Llinás, quien hace poco salió de la UIAF, ha despertado especial interés en las autoridades norteamericanas. El exfuncionario estaba al frente de la Unidad cuando el Grupo Egmont de inteligencia financiera global confirmó que el país había sido suspendido por la filtración del presidente Gustavo Petro acerca del software Pegasus. Lo que significó que Colombia terminara aislada en la lucha contra la corrupción del narcotráfico y el lavado de activos.
La decisión se dio porque el país no cumplió con los estándares para que se garantizara la independencia de la Unidad de Inteligencia Financiera de cualquier otra entidad, en este caso la propia Presidencia de Colombia.
“Debido a la publicación desautorizada de un documento prohibido por uno de nuestros miembros, Egmont Gropup ha tomado la decisión de suspender oficialmente a la UIAF Colombia del acceso al canal seguro de Egmont, en el que se encuentran las agencias de inteligencia financiera de 177 países y es el mecanismo con el cual se comparte información relacionada al lavado de activos y actividades terroristas”, decía el comunicado oficial conocido en su momento.
Otro caso es el del ministro de Minas, Edwin Palma, a quien, semanas atrás el Gobierno de Donald Trump le notificó la suspensión de su visa estadounidense. Las razones por las que su nombre estaría siendo evaluado para ingresar a la Lista Clinton estarían relacionadas con presuntos vínculos y acercamientos con el régimen de Nicolás Maduro, al que Estados Unidos señala de participar en actividades de narcotráfico y por cuya captura mantiene una recompensa millonaria.
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