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Colombia | PUBLICADO EL 13 diciembre 2021

El Estado debe una reforma tributaria por demandas en su contra

Los $12,95 billones de deuda por conciliaciones y sentencias se han dado principalmente por temas de conflicto, pensiones y salud.

  • El Estado adeuda $12,95 billones por conciliaciones y sentencias en su contra que ya fueron ejecutoriadas por la justicia. FOTO Colprensa
    El Estado adeuda $12,95 billones por conciliaciones y sentencias en su contra que ya fueron ejecutoriadas por la justicia. FOTO Colprensa
  • El Estado adeuda $12,95 billones por conciliaciones y sentencias en su contra que ya fueron ejecutoriadas por la justicia. FOTO Colprensa
    El Estado adeuda $12,95 billones por conciliaciones y sentencias en su contra que ya fueron ejecutoriadas por la justicia. FOTO Colprensa
El Estado debe una tributaria por casos perdidos

La cantidad de plata que debe el Estado por conciliaciones y sentencias judiciales de fallos en su contra es casi el mismo monto de la discutida reforma tributaria que adelantó el Gobierno del presidente Iván Duque por $15,2 billones.

La deuda tras las batallas perdidas en los estrados judiciales, hasta junio de este año, equivale incluso a 12 veces del valor del polémico contrato entre Centros Poblados y el Ministerio de las TIC, pues asciende a los $12,95 billones y tiene el riesgo de crecer.

En efecto, desde enero a septiembre de este año, según el tercer Informe trimestral de litigiosidad de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, se alcanzaron a activar 329.373 procesos que en sus pretensiones, sumado al histórico de años atrás, buscan reparaciones por $440 billones. Ese número crece si se tienen en cuenta los casos que cursan en el exterior, como los 793 que hay ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

En total, los procesos activos buscan $455 billones, una cifra que ni siquiera alcanzaría a pagarse el próximo año con el Presupuesto General de la Nación, que para 2022 quedó de $350,4 billones.

Los casos más usuales

Quejas en el sistema de pensiones, privaciones injustas de la libertad, el mal servicio del sistema de salud y reclamos de víctimas del conflicto son unos de los temas más recurrentes por los que los colombianos salieron ganando tras demandar a diversas entidades estatales.

Entre los procesos más recientes está el de un militar y su familia a los que la Fiscalía les deberá pagar $336 millones por haber acusado al uniformado de participar en una masacre en la que finalmente no se probó injerencia alguna.

El hecho al que lo vincularon fue perpetrado en 1998 por paramilitares, con la presunta colaboración de militares. No obstante, se demostró que el uniformado en cuestión no estuvo en el lugar del acto –en Arauca–, por lo que el Consejo de Estado analizó las pruebas y decidió condenar a la Fiscalía a pagar 336 de los 675 millones de pesos que pidieron por concepto de reparación.

Otro es el caso de los más de $770 millones que el ente acusador debe pagarles a los familiares de nueve personas, quienes en un principio habían solicitado una reparación de cerca de $12.300 millones por haberlos señalado de colaborar con las extintas Farc. El alto tribunal concluyó que la Fiscalía y otras entidades demandadas generaron un daño anormal, especial y grave a las nueve personas, por lo que obligó a pagar dicha suma.

Y aunque no todo ha sido pérdidas, puesto que la Agencia ha logrado ahorrarle $57,4 billones a la Nación, los $12,95 billones no pasaron inadvertidos en expertos en estos procesos, ya que muchos de esos pagos están en mora.

Para el abogado Johann Wolfgang Patiño, una de las explicaciones a la cantidad de procesos en curso se debe a que se ha adquirido una responsabilidad en la custodia de derechos que “en un país tan fraccionado, notoriamente vivimos incumpliéndolos”. Eso se traduce en que los ciudadanos, al verlos vulnerados, acuden a la justicia para exigirle al Estado una reparación económica.

El alto número de reclamos, no obstante, ha venido disminuyendo año tras año, pero la deuda ha tenido el efecto contrario desde 2014. En esa ocasión se debían $1,92 billones por sentencias y conciliaciones, y a día de hoy el número está cerca de sobrepasar los $13 billones.

El punto de quiebre

Otro factor a resaltar es que la cuantiosa cifra no viene de muchos años atrás. De hecho, durante 2010 y 2013, el Estado fue pagando paralelamente las demandas que iba perdiendo. Por ejemplo, hace ocho años adeudó $1,24 billones, de los cuales pagó $1,20 al cierre de ese diciembre.

Pero ahora es distinto. El reciente Informe de Litigiosidad de la mencionada Agencia indica que así como se debe casi una reforma tributaria, al 30 de junio se pagaron $0,71 billones. Es decir, solo el 5,48 % de lo que se debe.

EL COLOMBIANO conoció un reporte de la Fiscalía en el que detallan que hasta junio de este año la entidad realizó pagos que adeudaba con turnos desde el año 2014. ¿Qué quiere decir eso? El trámite para acceder a la reparación conlleva, después de la sentencia, un turno para cada ciudadano con el que debe hacer fila y esperar que le depositen la plata, la cual llega por medio del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Este diario le consultó a esa cartera cuánto de los $12,95 que debe actualmente ya autorizó para pagar, a lo que respondió que en casos en contra de la Rama Judicial, ordenó $18.353; mientras que del Ministerio de Defensa fueron $8.823 millones.

Para el abogado Wolfgang, otra de las explicaciones a la alta suma es que como la van a terminar pagando las futuras generaciones, los dirigentes “no están preocupados en resolver ese problema, porque no los va a afectar a ellos”.

Por ahora, el Gobierno del presidente Duque, por medio del Decreto 960 de este año firmado por MinHacienda, aclaró que los pagos por sentencias y conciliaciones que estaban en mora hasta el 25 de mayo de 2019, deberán hacerse a más tardar el 31 de julio del próximo año .

Infográfico
Carlos López

Soy comunidador social y periodista. Me interesan, entre muchas cosas, temas de conflicto armado, medio ambiente y derechos humanos.

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