Otra pata le salió al gato en medio de los señalamientos por presuntas presiones indebidas de la superintendente delegada para prestadores, Beatriz Gómez Consuegra, para la firma de un contrato en el Hospital San Rafael de Leticia (Amazonas). Al respecto, la denuncia del periodista Daniel Coronell, la funcionaria estaría tomando decisiones en procesos que son directamente competencia del Ministerio de Salud, que es liderado por su esposo, Guillermo Jaramillo.
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Este lunes la representante a la Cámara Catherine Juvinao reveló que Gómez incurrió, presuntamente, en una falta disciplinaria gravísima por su actuación sobre el señalado contrato. En su intervención ante la Plenaria de la Cámara de Representantes, cuestionó que el ministro dijera que su esposa tenía competencia para llamar a funcionarios para firmar contratos.
Sin embargo, Juvinao reveló un documento que muestra todo lo contrario: que no tiene la mentada competencia. Resulta que la superintendente delegada presentó un impedimento, el 14 de marzo de 2024, que aplica para las E.S.E (empresa social del Estado) Hospital San Rafael de Leticia para “actuaciones administrativas en las que se presente la competencia concurrente con el Ministerio de Salud y Protección Social”.
“Adivinen ustedes: el programa de inversión, mediante el cual quieren comprar el buque–hospital es, en efecto, un programa por $73.540 millones, de los cuales $55.000 millones son cofinanciados por el ministerio. Es decir, la señora Gómez está actuando en contra de su propio impedimento, incurriendo con esto en una falta gravísima”, expresó la congresista.
Al respecto, recordó que esa presunta falta “genera destitución e inhabilidad general de entre ocho y diez años” y pidió al procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, que “abra inmediatamente una investigación por la presunta comisión de una falta disciplinaria, en este caso, gravísima”.
En su cuenta de X (antiguo Twitter), la representante expuso que esta información la obtuvieron después de enviar varios derechos de petición al ministerio, entre abril y agosto de 2024, indagando por posibles conflictos de interés de Gómez Consuegra al tener relación en primer grado de afinidad con el ministro.
En una de las respuesta, que dio la Superintendencia de Salud (entidad en la que trabaja Gómez), le adjuntaron el listado de impedimentos presentados por la funcionaria en virtud de su relación con Jaramillo. Uno de los impedimentos es sobre el Hospital San Rafael y señala a las “actuaciones administrativas en las que se presente la competencia concurrente con el Ministerio de Salud y Protección Social de la prórroga ejecutiva”. Esa prórroga a la intervención forzosa del hospital, dijo Juvinao, “ha sido prorrogada cuatro veces desde 2020 hasta hoy”.
“Si bien la superintendente delegada tiene competencia para actuar frente a los prestadores intervenidos, el impedimento en el caso E.S.E San Rafael es claro por cuanto el proyecto de inversión para el buque–hospital es cofinanciado por el Ministerio de Salud con $55.000 millones de $73.540 que cuesta en total”, argumentó la congresista.
En ese sentido, expuso que el ministro Guillermo Jaramillo “miente en defensa de su esposa” y que la superintendente delegada “presionó órdenes abiertamente ilegales”, pues la ley prohíbe suscribir contratos sin las apropiaciones presupuestales. Por esto, “al presionar al señor Mario Castro (asesor jurídico del hospital) a firmar el contrato sin haber expedido el certificado de disponibilidad presupuestal (CDP), la señora Gómez estaría presionando la eventual comisión de un delito”.
Catherine Juvinao anunció que solicitará a los entes de control las investigaciones disciplinarias y penales que correspondan contra la Beatriz Gómez Consuegra, hoy en el ojo del huracán por este escándalo.
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