La Defensoría del Pueblo alertó sobre el panorama preocupante de los casos de abuso sexual reportados en entornos escolares y en otros escenarios que deben ser seguros para niñas, niños y adolescentes, como sus hogares.
Según Carlos Camargo Assis, defensor del Pueblo, solo entre enero y febrero de este año el Instituto de Medicina Legal reportó que 70 menores de edad habrían sido víctimas de abuso sexual en espacios educativos.
“También es grave que cada día de esos mismos meses fueron realizados 43 exámenes medicolegales por presunto abuso sexual de niñas, niños y adolescentes”, señaló Camargo.
De manera particular, la Defensoría rechazó los casos reportados durante los últimos días en colegios de Bogotá, en donde una niña de seis años habría sido víctima de acoso escolar y al parecer, posteriormente, de violencia sexual.
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Asimismo, el caso de otra niña de cinco años que habría sido abusado sexualmente por otro compañero en un colegio en la localidad Bosa.
“A través de nuestra delegada para la Infancia y la Juventud hicimos presencia en el colegio Ciudadela Educativa de Bosa, en donde solicitamos que sean adelantadas todas las acciones jurídicas y administrativas necesarias para investigar los hechos. Precisamente, conocimos sobre el retiro de la rectora y la docente a cargo del cuidado de los dos menores de edad relacionados en el caso”, dijo Camargo.
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Agregó que el órgano ha acompañado y dispuesto de toda su capacidad institucional a los padres de las niñas, y ha hecho presencia en el Puesto de Mando Unificado, con el fin de avanzar en un plan de acción para el restablecimiento de los derechos de las víctimas.
El defensor del Pueblo pidió celeridad en las investigaciones de los casos e hizo un llamado a los padres, madres, cuidadores, docentes y directivas de instituciones educativas para que refuercen las acciones de protección y sean espacios seguros para la niñez y adolescencia.
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Otro de los llamados fue a Ministerio de Educación para que, de manera conjunta con los territorios, fortalezca las instancias y competencias según la ruta de atención integral, ante la sospecha, denuncia o evidencia de situaciones de riesgo y afectación de los derechos sexuales y reproductivos de niñas, niños y adolescentes.
