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¡No más filas!: Gobierno firmó contrato con Thomas y no habrá desabastecimiento de pasaportes
Cancillería firmó con Thomas Greg el nuevo contrato, la misma firma que ofertó por la licitación que el Gobierno declaró desierta.
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El servicio funcionará con total normalidad desde este martes. FOTO: COLPRENSA
03 de octubre de 2023
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Tras meses de incertidumbre, una demanda al Estado y miles de personas asistiendo masivamente a las oficinas para sacar sus pasaportes, el Gobierno de Gustavo Petro confirmó a última hora un contrato que garantiza la operación de ese servicio con toda normalidad por los próximos 12 meses.
Tal como confirmó EL COLOMBIANO con altos funcionarios de la Cancillería y de Thomas Greg and Sons, ambas partes firmaron un documento a eso de las 3:30 de la tarde de este lunes con el que la compañía se compromete a seguir operando inmediatamente hasta octubre de 2024 y a los mismos precios que había ofrecido en la fallida licitación.
Pero, ¿cómo fue esa maratón del Gobierno para evitar la escasez y por qué terminó contratando a la compañía que rechazó en la licitación?
Thomas: única salida sin escasez
Por la oficina del canciller Álvaro Leyva desfilaron compañías nacionales, firmas internacionales y algunos voceros de países que se ofrecieron a ayudar a Colombia a enfrentar una posible escasez de pasaportes.
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Pese a que le ofrecían alternativas y salidas rápidas a la crisis, “nadie podía garantizarle al canciller que no iba a parar operaciones por lo menos una o dos semanas, y ese era un costo político muy alto por lo que estaba en juego”, aseguró una fuente al tanto de la negociación.
Fue así como la mayoría de los que pasaron por esa oficina para analizar la situación terminaron por aconsejar lo mismo: volver a contratar a la multinacional Thomas Greg and Sons –que ha manejado ese negocio durante los últimos 17 años– y darle un contrato de un año completo mientras se hace la nueva licitación y se le da plazo al futuro contratista elegido para estar preparado para asumir la impresión de pasaportes y sellos de visas en todo el país.
Pero la negociación no era tan sencilla. Del otro lado de la mesa, Leyva tenía a una compañía a la que le había quitado una millonaria licitación y que, incluso, anunció que demandaría al Estado por no asignarle ese contrato pese a obtener el máximo puntaje y llegar al final del proceso.
“Por eso, el Gobierno intentó revisar otras opciones, porque volver a Thomas era reconocer un poco que, actualmente, son ellos los únicos viables para ese contrato”, se limitó a decir un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Sumado a eso, se cree que Thomas también puso nuevas condiciones porque tenía todas las de ganar y cierto poder en sus manos para evitar cualquier desabastecimiento. Desde la firma aseguran, sin embargo, que siempre estuvieron dispuestos a ayudar al país y que no había “un ánimo revanchista o de venganza”.
El caso fue que la negociación fue tan compleja, que ambas partes discutieron hasta el último día los detalles finales.
Apenas este viernes 2 de octubre –mismo día en que vencía el contrato pasado y en el que Colombia podía enfrentarse a un freno total en el servicio– fue que el mismo Leyva y un alto funcionario de Thomas terminaron por firmar el documento que, en todo caso, no se ha subido a las plataformas oficiales del Gobierno ni fue revelado a la prensa hasta el cierre de esta edición.
Sin tener esos pormenores claros del archivo, es difícil establecer qué tipo de condiciones fueron las acordadas para una operación de 12 meses exactos.
Lo que sí aseguró la alta fuente de Thomas Greg en diálogo con este diario fue que “los precios pactados fueron los ofrecidos en la licitación” y que, a partir de la firma del contrato, “se garantiza la continuidad del servicio desde este martes”.
El lío y la nueva licitación
Como es bien sabido, la licitación por casi medio billón de pesos –599.000 millones en total– terminó frustrada porque al final del proceso solo llegó Thomas como compañía oferente.
Tras múltiples denuncias por supuestos favorecimientos a esa multinacional, el presidente Petro ordenó declarar la licitación desierta e iniciar una nueva que garantice la competencia y la diversidad de oferentes.
Con eso en mente, el canciller Álvaro Leyva declaró desierto el proceso licitatorio y decretó una “urgencia manifiesta” que le permitió al Gobierno adjudicar un contrato por 12 meses de manera directa mientras se realiza el nuevo proceso.
Respecto a la nueva licitación, se espera que la Cancillería publique pronto la oferta, el pliego de condiciones y demás requisitos para que las compañías comiencen a aplicar.
Mientras eso ocurre, los colombianos podrán seguir asistiendo a todos los puntos de atención y seguir recibiendo la atención tal como ha funcionado durante la última década. (Ver Radiografía).
Comunicadora Social - Periodista de la UdeA. Amo leer historias y me formé para contarlas.
