El mundo que ha seguido los pasos de Colombia, la nación que después de 52 años de guerra con las Farc firmó un Acuerdo de Paz, espera que se llegue el día de cero muertes por un conflicto, en el que exista una reforma rural, seguridad para el nuevo partido político y cultivos productivos que remplacen la coca. Ese país apenas está comenzando a formarse.
En este 2021 se cumplen 5 años de este camino, por eso, entrevistamos al Representante Especial del Secretario General Antonio Guterres y Jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, el mexicano Carlos Ruiz Massieu, quien desde el 10 de diciembre de 2018 asumió esta misión para verificar la implementación de lo pactado en 297 páginas.
El 2021 empezó violento, sobre todo para líderes sociales amenazados. Según la JEP en el país hay una masacre cada 4 días y, desde la firma del Acuerdo, se han reportado 378 asesinatos de líderes y 248 excombatientes ¿Qué hacer?
“Hay que pensar en las oportunidades del 2021. Un año en el cual se realicen acciones en diferentes áreas que consoliden avances ya alcanzados o que cubran esas áreas que hemos tenido a lo largo de la implementación. La prioritaria es la seguridad. Evitar asesinatos de líderes, excombatientes y comunidades tiene que ser el principal norte de las acciones del Estado, unas nuevas y otras reforzando las existentes. Unas reforzando el carácter preventivo y otras de carácter persecutorio, en el sentido de perseguir a los perpetradores de estos crímenes, que funciona como disuasivo para la repetición de esas conductas. De carácter preventivo una respuesta más oportuna a las alertas tempranas de la defensoría y la presencia integral del Estado, que todos sabemos es la respuesta estructural a los problemas en territorios. Vale la pena destacar a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, como un órgano derivado del Acuerdo cuyo principal objetivo es el desmantelamiento de las organizaciones criminales, grupos armados y redes de apoyo. Es importante que tenga un resultado concreto y una política pública acordada, que se empiece a implementar. Los datos son muy claros, los tiene la Fiscalía, de quienes están detrás de los asesinatos”.
Ahora, las cuentas por ningún lado dan: ni las del Gobierno, las de la ONU, las de las ONG, ¿qué opina de la propuesta de unificarlas a través de la Fiscalía?
“La Fiscalía tiene un papel de investigación de las causas de los móviles de los asesinatos y en ese sentido es innegable que tiene que determinar por qué matan a una persona, por su carácter de líder o por cualquier otra razón, y eso tiene importancia en la determinación última de saber si se asesinó a un líder social o no. Ese rol es innegable, pero más que la unificación de las cifras es importante que se atiendan todos los actos violentos y a las personas que son amenazadas con el fin de evitarlos. Las cifras de Naciones Unidas, que siempre hemos utilizado, son de nuestra oficina de derechos humanos, pero también la oficina ha reconocido que tiene una limitante y es la cobertura en todo el territorio colombiano. Nos dan una línea de base, no por ellas en sí mismas sino por la información que dan y la necesidad de actuar y de que el Estado actúe sobre ellas, pero es importante no dejar de lado las instituciones que por mandato o vocación tienen ese objetivo. La Defensoría del Pueblo tiene que seguir reportando lo que le corresponde y esperamos que sigan siendo tomadas en cuenta e investigadas a fondo”.
En el reciente informe de la Misión, la presencia efectiva del Estado es uno de los factores más mencionados para la estabilidad de la paz, desafortunadamente hay lugares en los que no se ha logrado como Ituango, hace unos días hubo un nuevo desplazamiento, una zona en la que los reincorporados de las Farc tuvieron que abandonar el Espacio de Capacitación y Reincorporación el año pasado y que es una ruta de rentas ilegales ¿cómo ve la situación?
“Es un buen ejemplo. Creemos, de cara a futuro, si bien ya el movimiento de excombatientes se fue a otras áreas de común acuerdo, finalmente también es importante recordar que el hecho de tener un Etcr ahí representaba esa primera entrada del Estado en ese territorio, o por lo menos una entrada mayor a la que existía, claramente necesita estar acompañada de otras instituciones de carácter civil: salud, educación, servicios sociales, estructuras judiciales, Fiscalía, una serie de instituciones que fortalecen la presencia del Estado y que existirían no solo para proveer acción y servicios a excombatientes, sino a comunidades. La partida (más allá de cómo se tomó esa decisión) es perder lo que ya se tenía y dejar de aspirar a que esa presencia pueda estar en esa zona. Hemos abogado porque las comunidades no pierdan lo ganado. Debe haber más decisiones y acciones para avanzar en esa presencia integral, de otra manera, el futuro de Ituango queda muy débil”.
Sobre la presencia de los grupos armados está pendiente la elaboración de una política pública para su desmantelamiento y el de sus redes de apoyo, cuya formulación es el mandato principal de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. ¿Qué falta?
“Se han realizado alrededor de 5 reuniones de la Comisión de Garantías. Las virtudes de esa comisión, además de que el mandato es el que comenta es que va al centro de los que generan ese tipo de violencia. Se ha avanzado en la parte de la sociedad civil y una propuesta de insumos a la política pública pero no se ha llegado a la elaboración, adopción y posterior ejecución de esta política, eso falta. Es una tarea pendiente muy importante porque va a tratar de resolver el problema de raíz, y esperamos que, en este periodo, en este trimestre, se pueda avanzar con pasos concretos, en casos como Ituango, por ejemplo, y seguramente en otras áreas históricamente afectadas por el conflicto en el país”.
Mientras eso ocurre hay 9.500 excombatientes fuera de los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación con problemas de seguridad, falta de oportunidades productivas y apoyo institucional desigual ¿Cómo los acompañan?
“Muy relevante este punto... por un lado no tienen los perímetros de seguridad hechos por Policía y Ejército, que han sido muy efectivos. Es decir, los actos de violencia en los Etcr han sido contados, solo dos, mientras que en las nuevas áreas o inmediaciones se dan cerca del 30% de los asesinatos. Tenemos un tema de seguridad y de reincorporación, pues si bien hay proyectos aprobados para esas nuevas áreas, lo cierto es que en un tema central para la sostenibilidad de la reincorporación como es el de tierras se ha avanzado, por ejemplo, en Dabeiba con una participación importante de Proantioquia, pero hay que avanzar en tierras para vivienda, no solo para proyectos. La misión acompaña también en el proceso de visibilizar, se lo hicimos saber al Consejo de Seguridad, quien lo endosó, lo apoyó y esperamos que se busquen acuerdos similares a los que había en los antiguos Etcr en materia de seguridad y reincorporación, porque la mayoría de excombatientes están en esas nuevas áreas”.
Los analistas coinciden en que en lo que menos se ha avanzado es en la Reforma Rural Integral. De los 3 millones de hectáreas establecidos en el Acuerdo para el Fondo de Tierras, que proporciona tierras a los campesinos, se han añadido 1.033.468. No obstante, la Procuraduría General ha indicado que la mayoría de estos predios están ocupados, por lo que es necesario formalizarlos y regularizarlos ¿qué tan lejos estamos de esa reforma?
“En este capítulo, en el área que más se ha avanzado es en Pdet (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial), tanto en recursos como en obras, si bien todavía hay mucho por hacer en cuanto a la participación de las comunidades, que es fundamental en la concepción de los Pdet y la intersección con otros apartados del Acuerdo, como la reincorporación. Sin embargo, en otras áreas de la reforma rural estamos en una etapa muy inicial. También creo que vale la pena tener la reflexión de qué tanto podemos avanzar de cara a las siguientes administraciones. Siendo el punto número uno se debe avanzar, el tema es en qué momento en cuanto al plan de implementación de este Gobierno y de futuros gobiernos”.
Tal y como estaba en el Acuerdo, el Presidente Duque solicitó ampliar el mandato de la Misión de Verificación para que incluya la verificación del cumplimiento de sanciones que imponga la Jurisdicción Especial para la Paz, ¿cómo se hará?
“Primero vale la pena recordar algunas premisas: hay que esperar que el Consejo de Seguridad autorice ese mandato por parte de La Misión, pero las peticiones están hechas y el análisis se está realizando. Suponiendo que esto va hacia adelante, porque el Consejo ya ha expresado una visión favorable a ello, se realizaría teniendo en cuenta dos elementos de las sanciones llamadas propias, restaurativas: las restricciones de libertades y derechos, y las obras de carácter reparador. La Misión lo que haría es que una vez haya una sanción impuesta para un sancionado (sea Farc, militar, agente del Estado, todos los diferentes actores del conflicto) verificará que la persona o colectivo sancionado realice en el territorio donde se sancione dicha obra reparadora. Por otro lado, en cuanto a las restricciones de libertades y derechos, que serán no poder moverse durante algunos años de un perímetro específico, también podrá monitorear que el mecanismo para monitorear ese cumplimiento esté bien hecho y bien implementado, además de nuestra verificación in situ, que también se realizará. En ese apartado, tanto por JEP como por otras instituciones realizarán los mecanismos para verificar esas restricciones de libertades, la tecnología, etc. Nuestra verificación es factual sobre sanciones en los dos tipos. El tiempo dependerá del mandato general que es anual, y se renovará atendiendo la atención sobre el terreno... y cuando se llegue el momento adecuado dejaremos de hacerlo”.
Hablemos de presupuesto. Aunque las inversiones para la paz aumentaron 9 % en 2021, no llegan a ser las previstas cuando se firmó el Acuerdo ¿qué áreas están mejor y peor financiadas?
“Es difícil una respuesta categórica. Creo que hay que medir el presupuesto en cuanto a la factibilidad de la misión en un determinado tiempo y en cuanto a la necesidad de que ciertos programas sean financiados para garantizar su éxito, por ejemplo que los reincorporados ya estén por encima de 40 % por proyectos financiados por el CNR (Consejo Nacional de Reincorporación) es un indicador positivo de recursos para proyectos productivos, sumados a los de la comunidad internacional, que agrega para que el número de reincorporados esté bastante más arriba de la mitad. En temas de seguridad, ya sea por recursos o medidas insuficientes, la evaluación es más complicada, porque son políticas que no han sido tan exitosas como se pensó. Y en Pnis (Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito) ha sido exitoso en las 100 mil familias que firmaron el acuerdo voluntario y se les pagó por erradicar. Habla bien de los recursos de mantenimiento, pero el hecho que solo tengamos el 4 % de implementación de los proyectos alternativos nos dice que falta ejecución, y seguramente hay que garantizar que haya recursos suficientes para esa tercera parte del Pnis, porque si no arriesgamos el éxito del programa y arriesgamos que vuelva a ver resiembra, en un programa que la tasa de resiembra es muy baja. No puedo ser tan tajante, pero sí puedo decir en qué áreas se prevé necesitar más recursos”.
En el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito participan 99.097 familias, según la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (Unodoc), y la tasa de cumplimiento se sitúa en 97 % y la de resiembra es del 0,2 %, que demuestra eficacia de la erradicación voluntaria. Sin embargo, el ministro de defensa Diego Molano dijo que en marzo o abril se volvería a la aspersión con glifosato ¿Cómo cree esto afecte lo pactado en el Acuerdo?
“Lo más importante, y el Acuerdo en eso es claro, es privilegiar el Programa de Sustitución de Cultivos y creo que los números son muy claros. Es un programa efectivo, y si vinculas la efectividad con la tasa de resiembra, por ejemplo, hay menos de 1 %, mientras que la tasa de resiembra para erradicación forzada está arriba del 40 %. Entonces te ilustra las bondades del programa. Para nosotros más allá de que se entienda que el problema de los cultivos ilícitos puede, a juicio del Gobierno requerir otras medidas, el énfasis es hacer uso del Programa de Sustitución y garantizar la efectividad. Esa tasa se mantendrá si el programa es financiado y con recursos adecuados para darle a las familias una manera de sustentarse. Hay programas para protegerlos, pero estas familias, muchas veces, entran en riesgos muy importantes por los actores que no les interesa que se erradiquen los cultivos. Entonces son familias que tienen una expectativa de una vida alternativa, pero que hay que cumplirles porque se les prometió y porque están en riesgo por haber entrado al programa, ese es el énfasis que hay que seguir manejando. Y hay información que la erradicación no voluntaria genera en muchos lugares conflictividad social”.
Entremos a Antioquia. Hablo de Mutatá y Dabeiba, por ejemplo ¿cómo va la implementación comparada con otras regiones?
“Tenemos ejemplos de éxito y situaciones complejas. En materia de seguridad 27 excombatientes han sido asesinados desde la firma. También tuvimos el asesinato de Yolanda Zabala (la primera excombatiente en 2021), de 22 años, en La Plancha. Situaciones que siguen siendo ilustrativas para fortalecer temas de seguridad particularmente en la región, pero también está Dabeiba, Llano Grande, lo que ha logrado el sector privado con esta generosa actividad de Proantioquia, acompañada por los gobiernos departamentales y la ayuda del gobierno central, son situaciones que nos dan gusto. Antioquia nos da ejemplo de que la implementación de paz requiere muchos actores: al Gobierno, al departamento, sector privado y sociedad civil, a todos. Y eso hay que destacarlo, porque Antioquia ha sido punta de lanza. Lo de Mutatá ayuda a ser espacio de recepción con esa promesa de adjudicación del predio para que puedan residir más de 65 combatientes. Antioquia tiene estos claro oscuros, que representan la implementación. Hay zonas en el país mucho peor en cuanto a que no tienen estas historias de éxito y otras en las que no tenemos tantos problemas de seguridad, como en el Tolima. Antioquia sigue siendo un departamento históricamente importante en el que se tienen que seguir invirtiendo recursos y acciones, de cara al futuro. En temas de reconciliación y justicia transicional también será una región relevante, en donde La Misión misma deberá pasar un tiempo para verificar las obras reparadoras y la ejecución de las sanciones, y sobre todo una región en la que esperamos que sea ejemplo de pasos hacia la reconciliación”.
Después de estos años, ¿Qué perspectivas le ve a la consolidación de la paz en Colombia?
“Soy optimista. Creo que es normal en los procesos largos de implementación las situaciones de crisis y positivas, es normal cuando entramos a los temas de justicia transicional, que son la base para la reconciliación, es normal que al resurgir viejas heridas haya historias muy duras para grandes sectores, haya momentos de crisis, de rabia, muy complejos en las que uno no puede sino estar consciente de las víctimas, que están en el centro del Acuerdo. El primer paso para poder perdonar y avanzar es tener la verdad, procesar y estar en condiciones de, como colombianos, entenderse, olvidar, perdonar y seguir a la reconciliación, paso fundamental para el país”
