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En Barranquilla capturaron a mujer por tener ocho cédulas en presunto caso de tráfico de votos, ¿a qué se enfrenta?

La mujer será procesada por el delito de ocultamiento, retención y posesión ilegal de documentos de identidad.

  • Cualquier intento de manipular el sistema electoral puede tener consecuencias legales. Foto: Colprensa / Policía Barranquilla
    Cualquier intento de manipular el sistema electoral puede tener consecuencias legales. Foto: Colprensa / Policía Barranquilla
27 de octubre de 2023
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La Policía Metropolitana de Barranquilla detuvo a una mujer de 37 años que fue descubierta con ocho cédulas, un acto que implica sanciones legales.

La posesión ilícita de cédulas es un delito y está regulado por la ley electoral. Según el Código Penal Colombiano, cualquier individuo que cometa este delito puede enfrentar severas sanciones.

La mujer, quien fue detenida en vía pública de Barranquilla al no poder justificar la posesión de los documentos, enfrentará cargos legales por el delito de ocultamiento, retención y posesión ilícita de documento de identidad.

“Esta mujer es capturada en flagrancia cuando se le halla en su poder ocho cédulas de diferentes personas sobre la carrera 1 e con calle 45 h en vía pública en la ciudad de Barranquilla”, indicó la Policía. Si la mujer es hallada culpable, puede ser condenada a una pena de prisión entre cuatro y ocho años.

Lea aquí: Presidente Petro desestimó las alertas de riesgo en las elecciones regionales: “eso no es cierto”

Consecuencias de incurrir en delitos electorales

Aquellos que cometen delitos electorales, como la compra de votos, la alteración de resultados o la retención ilícita de cédulas, pueden enfrentar sanciones legales. Según el Consejo Nacional Electoral (CNE), aquellos que recurren a maniobras engañosas para alterar el proceso electoral pueden ser condenados a prisión, con penas que oscilan entre 4 y 9 años, además de una multa entre 50 y 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si la conducta involucra violencia, la pena de prisión se incrementa a 6 a 12 años. Si el infractor es un servidor público, la pena se incrementará para quienes abusan de su posición en el proceso electoral.

En el caso del tráfico de votos, quienes sean encontrados culpables de esta actividad ilícita pueden ser condenados a prisión de 4 a 9 años y multas que van desde 400 hasta 1.200 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En el territorio, se han desplegado más de 3,000 hombres de diversas entidades de control para garantizar la seguridad en las vísperas a las elecciones locales y regionales del próximo domingo.

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