Hasta el pasado 17 de junio, según cifras del Instituto Nacional de Salud (INS), en Colombia a lo largo de 2023 han fallecido 141 menores de 5 años por desnutrición y causas asociadas. Ello indica que, en promedio, casi 1 niño ha muerto cada día en el país por desnutrición.
La alerta fue elevada por la Defensoría del Pueblo, que indicó que La Guajira –a donde se desplazará este lunes el presidente Gustavo Petro para declarar la emergencia económica–, es el departamento con más casos: 39 en total. Le siguen Chocó, con 17, y Cesar, con 10 fallecimientos.
Por esto, el organismo reclamó acciones integrales que permitan garantizar el derecho a la alimentación, particularmente, de la primera infancia. “Es una vergüenza que como Estado sigamos registrando muertes de niñas y niños por desnutrición sin que se logre una estrategia que ponga fin a esta situación tan dolorosa, lo que muestra indolencia, indiferencia y desidia de los gobiernos nacional, departamentales y municipales”, aseguró el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
Adicionalmente, la entidad pidió descentralizar la operación de la vigilancia en salud pública y tomar medidas especiales ante la llegada del fenómeno de El Niño en territorios como el Caribe colombiano. “Cuando hay escasez de agua pueden aumentarse las tasas de mortalidad infantil en los departamentos de la zona norte del país, especialmente en La Guajira”, expresó.
Frente al Gobierno Nacional, se instó a que se dé cumplimiento al capítulo del recién sancionado Plan de Desarrollo que contempla acciones que permitan cumplir con el eje transformador del derecho humano a la alimentación. “Es imperativo que se contribuya a mejorar las condiciones de inseguridad alimentaria que vive el país. Las acciones por realizar no se pueden dilatar en el tiempo, todos los niños deben tener acceso a alimentos”, declaró el defensor.
Buscando frenar la vulneración de los derechos de los niños y evitar desenlaces mortales, también solicitó a las autoridades departamentales fortalecer las rutas de atención, en especial, las encaminadas a hacerles seguimiento a los casos identificados y su evolución.
“Instamos a que todas las medidas adoptadas se hagan de manera oportuna e integral, de forma que permitan descentralizar la operación de la vigilancia en salud pública y generar un acercamiento con las entidades territoriales que presentan graves cifras de atención en salud en el país”, agregó Camargo.
El funcionario destacó que las acciones y las políticas públicas deben materializarse en resultados, de cara a medir el impacto y cambiar la situación de riesgo. “Ello requiere persistencia y mantenimiento de la ejecución para lograr resultados que pongan fin a las muertes de niñas y niños por desnutrición”, precisó.
El llamado se elevó especialmente al Sistema Nacional de Bienestar Familiar, la Comisión Intersectorial para la Primera Infancia y la Comisión Intersectorial para la Seguridad Alimentaria y Nutrición, “que deben desarrollar acciones reales y efectivas. En La Guajira, por ejemplo, cada cierto tiempo las entidades aparecen con ‘paños de agua tibia’ y a las pocas semanas todo sigue igual. No puede seguir sucediendo”, dijo Camargo.
