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El mundo está en deuda en la lucha contra el soborno
Según Transparencia Internacional, la mayoría de los países se mostraron menos interesados en frenar y sancionar la exportación de corrupción en los últimos años.
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La mayoría países hacen pocos esfuerzos por investigar y sancionar la corrupción que exportan. FOTO: Camilo Suárez
01 de marzo de 2021
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En las últimas décadas, el mundo ha sido testigo de escándalos de corrupción relacionados con esquemas de soborno a gran escala de funcionarios de alto nivel de empresas trasnacionales, lo que genera graves afectaciones en las poblaciones de los países donde operan.
En los últimos años, los esquemas de soborno sistemático y generalizado de multinacionales como Airbus, Ericsson, Odebrecht, Petrobrás, PVDSA y muchas otras, han sido puestos en evidencia. Sin embargo, luego de más de 20 años de existencia de la Convención de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) contra el Soborno Transnacional, estos esquemas de corrupción siguen presentes en las transacciones comerciales.
Y la aplicación de medidas contra el soborno transnacional ha disminuido entre los países que generan el 83 % de las exportaciones en el mundo, así lo reveló Transparencia Internacional.
Según el informe “Exportando corrupción”, que evalúa la implementación de 47 países frente a parámetros de la Convención de la OCDE, en 2019 sólo Estados Unidos, Reino Unido, Suiza e Israel, aplican activamente leyes contra el soborno extranjero en comparación a los siete países que lo hacían en 2018 (Ver infografía).
En Estados Unidos, por ejemplo, el Departamento de Justicia y Comisión de Bolsa y Valores recuperaron más de US$2.000 millones en sanciones, en cada uno de los cuatro años. En la mira de las autoridades estuvieron empresas de Brasil, Venezuela y China, y entre las más renombradas se encuentran Samsung Heavy Industries, Walmart, Ericsson, Deutsche Bank, GlaxoSmithKline y Rolls-Royce.
En cambio China, el mayor exportador mundial, no abrió ninguna investigación por soborno transnacional en los últimos años, a pesar de que varias de sus grandes compañías aparecen involucradas en escándalos e investigaciones desarrolladas en otros países. A ese país se le hizo un fuerte llamado de atención, dada la responsabilidad por su liderazgo mundial en comercio.
“El dinero perdido por el soborno extranjero echa a perder millones de dólares que podrían destinarse a servicios que salvan vidas, como la asistencia sanitaria”, dijo la presidenta de Transparencia Internacional, Delia Ferreira.
De acuerdo con Andrés Dávila, miembro activo de la Escuela Javeriana de Gobierno y Ética Pública, es muy difícil saber cuál es el verdadero nivel de corrupción en los países, y escalafones como este solo logran medir algunos indicadores, pero en realidad no son buenos para identificar si un país es más corrupto que otro. “Al final aparecen muchos moralismos, que son buenísimos para acusar, pero muy poco para demostrar. Y el fondo es que el capitalismo se montó sobre la capacidad de las empresas transnacionales de ir por encima o por debajo de las reglas para lograr sus objetivos”.
Y explicó cómo en su momento lo deseable para los gobiernos de la región era, por ejemplo, que Odebrecht llegara al país porque tenía el indicador más alto en ejecución de infraestructura.
Colombia mejoró
Colombia hace parte de los seis países que mejoraron su medición desde 2018, pues pasó de tener implementación nula a implementación limitada en 2020.
El informe destaca avances a nivel normativo que complementan la Ley 1778 de 2016 sobre responsabilidad de personas jurídicas por actos de corrupción transnacional; la Ley 2014 de 2019 que incorporó la inhabilidad para contratar con el Estado para personas jurídicas condenadas por cohecho extranjero; y nuevas disposiciones de regulación de conflictos de interés de funcionarios públicos, especialmente la Ley 2013 de 2019.
Igualmente, Transparencia Internacional resaltó los esfuerzos de formación de funcionarios, investigadores, y jueces que hacen parte del esquema de prevención y detección del soborno transnacional y la creación de grupo sobre este asunto en la Superintendencia de Sociedades.
Entre 2016 y 2019, la justicia colombiana y los organismos de control abrieron 20 investigaciones por soborno y sólo uno de estos casos terminó con sanciones.
En 2018, por ejemplo, la Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios (Inassa), una subsidiaria colombiana de empresa española de servicios de agua Canal Isabel II, fue sancionada por la Superintendencia de Sociedades al pago de una multa de US$1,8 millones por sobornar a dos funcionarios ecuatorianos para acelerar los pagos en relación con contratos gubernamentales.
El informe también refiere las investigaciones en contra de la empresa agrícola Vram Holding, que habría pagado sobornos para la construcción de un estadio de béisbol en Venezuela, y que ya ha sido sancionada con una multa de US$50.000 por obstrucción de justicia.
Y en febrero 2020, la Fiscalía abrió un proceso contra Avianca, después de que informó a US Securities y Exchange Commission que pudo haber pagado sobornos en el extranjero proporcionando tiquetes de avión con descuento a funcionarios en varios países.
El resto de la región
El caso más sonado en la región es el de Odebrecht, empresa que como parte del acuerdo global admitió haber pagado unos US$778 millones en sobornos a funcionarios gubernamentales, sus representantes y partidos políticos, con más de 100 proyectos en 12 países. Por eso la firma ha sido condenada a pagar US$2.600 millones en multas en todo el mundo.
Otras empresas brasileras han estado en la mira en los últimos años. Embraer, el fabricante de aviones de Brasil, fue acusado de soborno extranjero en relación con el pago a funcionarios en República Dominicana, India, Mozambique y Arabia Saudita. En 2018, diez de sus altos ejecutivos fueron condenados penalmente en Brasil. En ese mismo año, Embraer fue condenado por autoridades dominicanas y se le ordenó pagar US$7 millones más en multas, el doble de la cantidad pagada en sobornos para asegurar la venta de ocho aviones de combate a la Fuerza Aérea de ese país.
Las investigaciones de la Operación Lava Jato también alcanzaron tratos internacionales en Bolivia, Chile y Perú, que no han sido públicos.
Chile, en esos mismos años, abrió nueve investigaciones por soborno transnacional, pero ninguna terminó con sanciones. No obstante, se destaca la promulgación de la Ley 21.121 de 2018 que amplió la responsabilidad penal de la persona jurídica en lo relativo a diversas conductas penales relacionadas con la corrupción y conflictos de interés.
Allí se investiga a Blue Oil, una petrolera con sede en las Islas Vírgenes Británicas, cuyas subsidiarias habrían interferido en las elecciones presidenciales de 2012 en Guatemala, al financiar con US$155.000 la campaña de Otto Pérez Molina, elegido presidente.
Por su parte, Perú entre 2016 y 2019, no reportó ninguna investigación, además fue cuestionado por no hacer pública la información correspondiente a los casos de soborno. Y en el caso de México, a pesar de haber abierto tres investigaciones por corrupción en transacciones internacionales, quedó ubicado en el último grupo del informe debido a que ninguno tuvo sanciones.
39
puntos sobre 100 fue la calificación de Colombia en la percepción de corrupción.
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