La Jurisdicción Especial de Paz (JEP) ordenó a Rodrigo Granda y a Joaquín Gómez, exmiembros del secretariado de las Farc, entregar sus versiones sobre los asesinatos del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado y el general Fernando Landazábal Reyes.
“Se convocará a los mencionados señores para que presenten por escrito su aporte a la verdad, para lo cual se les concederá el término de un mes”, indicó la JEP en su decisión.
Por el crimen de Gómez Hurtado ya ha declarado en la JEP los exFarc Rodrigo Londoño y Carlos Antonio Lozada. Así como la exsenadora Piedad Córdoba. Hasta ahora, la extinta guerrilla se ha comprometido a contar su versión sobre el magnicidio cometido el 2 de noviembre de 1995 a las afueras de la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá.
En todo caso, Gómez y Granda tendrán 30 días, a partir de la notificación, para enviar su versión escrita sobre este caso a la Sala de Reconocimiento de la JEP.
Iván Márquez es otro de los exFARC que podría tener información sobre el crimen del conservador. La Fiscalía vinculó al disidente a este caso en febrero de 2021 cuando la cúpula de la guerrilla reconoció su participación en el magnicidio. El cabecilla de la Segunda Marquetalia está prófugo de la justicia y el ente acusador lo declaró “persona ausente del proceso” en septiembre de este año.
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Gómez Hurtado fue asesinado el 2 de noviembre de 1995 a las afueras de la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá. En el atentado también murió el escolta José del Cristo Huertas. Este crimen fue considerado como un magnicidio por las repercusiones políticas y sociales que trajo.
Caso Fernando Landazábal Reyes
En la misma decisión la Sala de Reconocimiento negó una petición hecha por la familia del general Landazábal. Las víctimas de este caso pedían que se escucharan las versiones de la senadora Sandra Ramírez (Comunes), el canciller Álvaro Leyva y el expresidente Andrés Pastrana.
“No existe un derecho de contradicción probatoria, en la medida en que no se trata de un proceso ordinario sino de uno de tipo transicional. Esto significa también que, dentro de este trámite, no existe la posibilidad de solicitar la práctica de pruebas de la misma manera que se hace en los procesos ante la jurisdicción ordinaria”, señaló la JEP.
