El Tribunal Superior de Medellín negó excluir a Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, de Justicia y Paz. Esto luego de que la Fiscalía hiciera la solicitud, aduciendo que el postulado estaba incumpliendo con las diligencias programadas para avanzar en el esclarecimiento de su responsabilidad como máximo líder de las estructuras bloque Héroes de Tolová, bloque Héroes de Granada y bloque Cacique Nutibara.
El tribunal señaló que el traslado de “Don Berna” a la penitenciaría de máxima seguridad USP Terre Haute de Indiana, Estados Unidos, que ocurrió en junio del 2021, implicó para el condenado afectaciones físicas y emocionales debido, también, a las condiciones del lugar. Fue precisamente después de esa fecha que el exparamilitar comenzó a incumplir con sus compromisos judiciales, lo que el despacho consideró que no fue una mera coincidencia sino una causalidad.
Además, “afectaría al proceso excluir a uno de los cabecillas de la organización que ha versionado por casi 15 años y que tiene aún pendiente verdad que contar al proceso de Justicia y Paz”, señaló el tribunal, precisando que el postulado deberá comenzar a develar la verdad tan pronto se renueven las diligencias, “honrando el compromiso que tiene con las víctimas y con la sociedad”.
“Don Berna” pasó al menos 10 años en la cárcel hospital de Miami tras su extradición en 2008, donde había ubicado un “hábitat”, como lo nombra el tribunal, pues al tratarse de una prisión hospital, ya estaba apropiada de sus problemas de salud. Además, era un sitio donde se hablaba español y había otros reclusos colombianos.
En ese sitio, Murillo Bejarano no presentó “inconvenientes para asistir a las diversas diligencias”, lo que también apunta el tribunal en la decisión de negarle a la Fiscalía la exclusión del exparamilitar de Justicia y Paz.
Víctimas
Durante la audiencia, los apoderados de varias víctimas respaldaron la solicitud del ente acusador, alegando que “Don Berna” no está haciendo “verdaderamente un aporte sustancial a la verdad”.
“En hechos donde se observa la participación de unas estructuras militares, policiales, de agentes de Estado, de terceros civiles, de terceros de poder, en las regiones de Antioquia y Córdoba, no ha hecho aporte alguno a la verdad, nunca indicó cómo se articulaban, con qué apoyos contaban, cómo se planeaban este tipo de masacres, y los crímenes de alta relevancia como el que él representa”, cita la declaración del apoderado del caso de Eduardo Umaña Mendoza, defensor de derechos humanos asesinado en 1998.
La presidenta del Instituto Popular de Capacitación (IPC) respaldó esta posición, reclamando que “poco o nada” se sabe sobre lo que pasó con los integrantes de la institución y “con la persecución” que sufrió la entidad como tal. “Nada se sabe sobre quién dio la orden y qué personas estuvieron involucradas, pues la verdad no se obtiene con la aceptación de responsabilidad de mando sin detalles sobre el hecho”, alegó.
En contraste, la defensa de “Don Berna” aseguró que al exparamilitar “no se le puede exigir más de lo humanamente posible” y que desde su desmovilización, él ha aceptado una cantidad importante de delitos y ha dado información relevante para el tema de patrones, bandas, contexto, vinculando también a políticos y Fuerza Pública.
En nombre de todos los apoderados de víctimas de la defensoría del pueblo regional Antioquia, habló Carlos Eduardo Angulo, quien se sumó a la posición de que “Don Berna” no debía excluirse de Justicia y Paz, considerando que la solicitud era “desproporcionada” puesto que el postulado “ha narrado y aceptado miles de conductas”.
Además, Angulo aseguró que sería mayor la afectación si se excluye, dado que “esos hechos quedarían en la impunidad porque no habría otros postulados a quienes imputárselos, dadas las condiciones de desmovilización y postulación de bloques como el Cacique Nutibara”.
