Como si se tratara del ingreso a un colegio, una empresa o una institución oficial, en varias zonas del sur del Tolima las comunidades deben movilizarse portando un carné que certifique que viven allí. No se trata de un documento expedido por el Estado, sino de registros impuestos por las disidencias de Iván Mordisco como mecanismo de control territorial, vigilancia e intimidación sobre la población civil. Así quedó documentado en un informe entregado a las autoridades por la Defensoría del Pueblo.
Según explicó Cristian Martínez, coordinador de la Misión de Observación Electoral (MOE) en Tolima, en plena recta final hacia la primera vuelta presidencial, las alertas se concentran en municipios como Planadas, Rioblanco, Chaparral, San Antonio y Roncesvalles, donde estructuras del Estado Mayor Central mantienen presencia e influencia sobre las dinámicas cotidianas de las comunidades.
“Hay acciones delincuenciales de estructuras ilegales. Es como el Estado Mayor Central bajo la comandancia de Iván Mordisco”, afirmó.
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El coordinador explicó que el informe de la Defensoría advierte sobre prácticas de control social que van desde restricciones a la movilidad hasta imposición de normas de convivencia paralelas a la institucionalidad.
“Hay mecanismos de registros comunitarios para condicionar el acceso a bienes, servicios o circulación, e incluso imposición de normas de convivencia y reglas comunitarias ajenas a la legalidad y los mecanismos constitucionales”, señaló.
Según Martínez, las llamadas “carnetizaciones” son uno de los principales mecanismos utilizados por las disidencias para consolidar control territorial sobre la población civil.
“Eso traduce que usted es un habitante de la zona donde ellos tienen el control territorial y que puede circular libremente por ese territorio”, explicó.
Agregó que esos registros también permiten a las estructuras armadas mantener información detallada sobre cada habitante.
“Con esa carnetización ellos llevan un registro de quién está viviendo en el territorio y a qué se dedica cada persona que está carnetizada”, afirmó.
Así, las personas que llegan desde otras regiones y no cuentan con esos documentos ilegales pueden ser retenidas o sometidas a controles adicionales por parte de los grupos armados.
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“Cuando una persona externa llega al territorio, por ejemplo, le pueden hacer un retén ilegal y si no tiene ese carnet puede ser sujeto de muchos más controles o de otro tipo de medidas que no conocemos”, indicó.
En diálogo con EL COLOMBIANO, Martínez reveló que durante las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo, candidatos de la región reportaron episodios de interferencia directa de las disidencias en actividades relacionadas con campañas políticas.
Uno de los hechos más llamativos involucra a alias Chapoló, señalado comandante de las disidencias en esa región del Tolima, quien presuntamente habría impartido órdenes sobre el tipo de comida que debía entregarse a testigos electorales y militantes de campañas durante la jornada electoral.
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“Nos contaban candidatos que Chapoló estaba directamente dando órdenes de que no se pudiera comercializar lechona ni tamal para los testigos electorales y que tenía que ser carne asada”, relató.
Según dijo, la explicación dada por integrantes del grupo armado era que debía “dignificarse” el trabajo de quienes participaban en actividades políticas durante las elecciones.
“A criterio de Chapoló, se tenía que dignificar el trabajo de las personas que trabajaban en campañas políticas. Como muchas veces eso se ve como una forma de comprar votos, él indicaba que se tenía que dignificar ese trabajo”, sostuvo.
Aunque aclaró que esos hechos corresponden a las elecciones legislativas de marzo y no a la actual contienda presidencial, Martínez aseguró que reflejan el nivel de control e injerencia que mantienen las estructuras ilegales sobre la vida cotidiana y política de algunos territorios del sur del Tolima.
Pese a las denuncias, el integrante de la MOE señaló que no existen pruebas para afirmar que las disidencias estén promoviendo directamente a algún candidato presidencial.
Frente al panorama de riesgo electoral, la Misión de Observación Electoral anunció el despliegue de 90 observadores en Tolima para las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.
Cerca de la mitad estarán concentrados en Ibagué y el resto serán enviados a 16 municipios del departamento para monitorear posibles irregularidades, riesgos de seguridad y afectaciones al proceso electoral.
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Finalmente, reconoció que el clima de seguridad en varias regiones genera preocupación para quienes participarán en labores de observación electoral.
“Nosotros somos ciudadanos comunes y estamos expuestos igual que cualquier ciudadano para las elecciones del próximo 31 de mayo. No tenemos ningún privilegio aparte”, concluyó.
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