Este martes, Colombia conmemora una fecha con un profundo significado que permite evocar, una vez más, los horrores de más de siete décadas de conflicto armado: el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas. Se trata de un día que no solo permite evocar la memoria y contribuir al reconocimiento, sino que sirve para dimensionar los coletazos de la guerra.
Son 9’659.204 personas incluidas en el Registro Único de Víctimas (RUV). Es decir, 2 de cada 10 colombianos son víctimas del conflicto y aun en tiempos de la mentada paz total del gobierno de Gustavo Petro persiste la problemática.
Según cifras de la Unidad para las Víctimas, entre agosto de 2022 y febrero de este año, 567.719 víctimas han sido incluidas en el registro. De estas, 330.705 (58,3 %) han ingresado por primera vez. Es decir, seis de cada 10. Las otras 237.014 personas ya estaban registradas y sufrieron nuevos eventos victimizantes.
La directora del organismo, Patricia Tobón Yagarí, habló con EL COLOMBIANO y reconoció “que las víctimas aumentaron”. Por ello, instó a lograr una paz negociada, apuntar a una mejor articulación institucional y lograr, vía Congreso, una reforma a la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas), para lograr una verdadera financiación.
En lo que va del Gobierno Petro se han incluido 567.719 personas en el Registro Único de Víctimas (RUV). ¿Lo atribuyen a la política de paz total y su influencia en los territorios?
En este Gobierno, en el RUV, hemos aceptado y hemos reconocido como víctimas a 567.719 personas. Históricamente como país hemos tenido muchas víctimas y a partir de la Ley de Víctimas se reconocen como víctimas con derechos después de todo ese sufrimiento. El Movimiento de Víctimas lidera el reconocimiento de esa categoría de derechos de las víctimas. Si uno revisa estas cifras, pues han ido aumentando en todos los gobiernos.
Cuando se hizo la Ley de Víctimas, en el 2011, estaba promediada para unas 4,5 millones de víctimas. Estamos en esta fecha y tenemos 9,5 millones de víctimas. Y seguramente van a haber más víctimas, porque la no repetición de más hechos victimizantes depende de la negociación y la solución de este conflicto con estos grupos armados y que no sigan afectando a las comunidades. Eso es una tragedia colombiana.
De este gobierno, de los anteriores y de los que vengan depende que no haya más víctimas con una real solución al conflicto armado. Mientras las víctimas sigan creciendo, requerimos fortalecer la institucionalidad que atiende a las víctimas porque aumentaron y porque hay unos derechos que necesitamos salvaguardar.
¿A qué atribuyen ese aumento?
Algo que la Corte Constitucional dijo desde el 2004, que lo ha reiterado en numerosos fallos, pero también los órganos de control, es que es necesario articular los esfuerzos institucionales de orden nacional con los esfuerzos territoriales. También necesitamos fuentes de financiación, porque la política de víctimas está desfinanciada.
Necesitamos dar cumplimiento real y hay una oportunidad muy grande en el Acuerdo de Paz, porque en el punto quinto estableció que las víctimas iban a ser la centralidad del Acuerdo, pero requerimos articular esa política de víctimas con la del Acuerdo. Es un trabajo que implica actualizar la Ley 1448, fue una orden que estableció en su momento el Acuerdo de Paz.
¿Cuál es la atención diferenciada para estas nuevas víctimas? Por ejemplo, un desplazamiento masivo en Chocó.
Estamos aplicando y avanzando en el reconocimiento de los decretos leyes étnicos y trabajando con sus autoridades. También estamos reglamentando los decretos leyes étnicos que no se habían reglamentado que se prometieron en 2011 cuando salió la ley para desarrollar todo ese enfoque diferencial.
Hemos atendido más de 200 comunidades confinadas, eso no se hacía. Estamos también en mesas de trabajo interinstitucionales para hacer acciones de intervención integral conjunta. Nos hemos abierto a la escucha, la participación y también a mejorar los procedimientos que han obstaculizado la atención adecuada las víctimas.
¿Cuáles son esos procedimientos?
Por ejemplo, lo que tiene que ver con la reparación colectiva, que en este Gobierno es muy ambiciosa. Tenemos 642 grupos para avanzar como meta de estos territorios más golpeados por el conflicto y avanzar en la implementación de 300 líneas de reparación. Este año tenemos 171 concertaciones, eso implica avanzar en las indemnizaciones de tipo colectivo de estas comunidades campesinas, indígenas, afrocolombianas o sectores sociales que como colectivo vivieron y padecieron la violencia.
Usted en los territorios está en contacto con las víctimas. ¿Cuál es la percepción de la gente sobre la política de paz total? Se lo pregunto porque los armados con los que negocia el Gobierno han sido causantes de hechos victimizantes.
Requerimos también de la voluntad de esos grupos, si van a entrar en un proceso de negociación. Eso es normal. El Gobierno está haciendo el esfuerzo por sentarse con esos diferentes grupos.
Pero por el otro lado también es importante fortalecer la seguridad en las comunidades y poder también atenderlas humanitariamente. Hay una tensión y es real. Es decir, los grupos armados ilegales entran de manera arbitraria a ocupar los territorios con las armas. Esa es una realidad y es la tragedia que nos ocurre con estos grupos, que generan muchos hechos victimizantes.
El Gobierno tiene y debe negociar la paz, pero también debe recuperar los territorios, atender humanitariamente a la población víctima. Además, las instituciones del Estado deben copar esos territorios. Hacer todo eso en un año y medio, con con el rezago además, ha sido importante.
Estamos atendiendo como Unidad para las Víctimas el confinamiento –algo que no se hacía antes–, para atender humanitariamente con alimentación a aquellas comunidades en medio del fuego cruzado y que no pueden ni movilizarse porque sus territorios están minados.
Estamos esperando que haya avances en estas mesas de negociación para que puedan estar las víctimas también en estos diálogos y también se pueda abordar los asuntos humanitarios, como el desminado o la entrada de las instituciones. Recientemente a una de nuestras directoras territoriales en el Catatumbo le restringieron la movilidad. A pesar de estos riesgos, estamos allá trabajando con las comunidades
El desplazamiento sigue siendo el principal hecho victimizante, ¿qué estrategia tienen ideada desde la Unidad para atender esta problemática tan sentida?
Tenemos 9,5 millones de víctimas registradas y 7,5 millones son desplazadas. La mayoría de esta población no retorna a sus territorios hasta que en ese territorio se logren negociaciones que llevan esperando años, desde gobiernos anteriores.
La mayoría de esta población la vemos en los barrios de invasión en las principales ciudades capitales, en situación de mendicidad y en una situación de pobreza en la que no acceden agua potable, servicios básicos o educación. Una de las observaciones que nos hizo Naciones Unidas es que Colombia tiene que trabajar en la reintegración local de la población desplazada.
Es decir, las entidades ya no pueden seguir justificando que las comunidades se tienen que ir a sus territorios. No, las tienen que reintegrar social y económicamente. Por eso, en nuestro Plan Nacional de Desarrollo acogimos ese concepto con miras a trabajar para buscar soluciones duraderas a la atención del desplazamiento forzado.
El objetivo es que entre los recursos de la Nación y los recursos de los entes territoriales podamos sumar esfuerzos para lograr la superación de la vulnerabilidad. Nos pusimos como meta atender a dos millones de víctimas para superar la vulnerabilidad en este gobierno. Tenemos las instituciones nacionales preparadas y estamos en una estrategia con los nuevos mandatarios.
Ustedes pretenden reformar la Ley de Víctimas, entre otras, para lograr mayores fuentes de financiación. ¿Cuáles serían esas nuevas fuentes?
La desigualdad que tiene el país es tan grande que requerimos, de verdad, resolver con lo que tenemos un interrogante: cómo vamos a sacar a esta población adelante. Eso requiere una comisión de expertos y una comisión de muy alto nivel y decisiones presidenciales, pero también del Congreso. Entonces la idea es que se conforme una comisión de financiamiento que pueda hacer los análisis y que haya representación del sector privado.
De ese comité saldrá una serie de paquetes de medidas tributarias, de reformas y ajustes institucionales que requerimos visualizar y debatir como país. Todo, para abrirle paso a una respuesta muy difícil que han tenido, no solo este Gobierno, sino todos: con qué vamos a financiar realmente la política de víctimas. Estamos comprometidos como Gobierno a dejar esa respuesta y abrirle camino. Es nuestra realidad.
Es que lo más fácil, que ha hecho todo mundo, es decir no hay plata. Pero eso no resuelve el problema. Eso para este Gobierno sería irresponsable, ni sería parte del cambio. Tenemos muchas propuestas de las víctimas, de expertos y del propio Congreso. Aspiramos que todas estas propuestas se hilen para que podamos encontrar fuentes y que los gobiernos que vengan puedan tener mayores recursos para atender esta situación que nos ha dejado el conflicto y que nos sigue dejando. Mientras todo esto siga sin resolverse van a seguir habiendo más víctimas.
Además del tema presupuestal y la financiación, ¿qué otros rezagos hay en la atención de las víctimas?
La Unidad construyó un modelo integral en el que cruzó toda la información de 60 entidades públicas e identificamos cuáles son los rezagos y la situación de la población víctima: desde los desplazados hasta los que están en los territorios. Cruzamos sentencias de la Corte Constitucional, de Restitución de Tierras, alertas tempranas e informes históricos que tenía la sociedad civil de los hechos de victimización.
Eso nos dio unos territorios en todo el país y nos dio unas ciudades capitales también. A esos mandatarios locales los hemos llamado y les hemos pedido que en sus planes de desarrollo territorial establezcan acciones con enfoque de solución duradera y que también sumemos las metas que tenemos. En el Plan Nacional de Desarrollo está, pero necesitamos que en lo local también se haga ese esfuerzo.
El objetivo es ayudar a encontrar soluciones más sostenidas de reintegración local económica a esta población que ya sabemos que no va a retornar y que no podemos seguir naturalizando, como decir que son unos pobres que viven por allá en bolsas plásticas en los barrios de invasión, sino que son ciudadanos que han vivido el conflicto armado y que requieren –por ser la población más vulnerable–, no solo la atención del Estado, sino que los recursos de la Nación y de las entidades territoriales se sumen para llevar a cabo esas obras y proyectos para mejorar sus condiciones de vida.
Es decir, el primer paso de esta ruta de atención es llegar y ofrecerles a estas personas los servicios básicos...
Y también cambiar los enfoques, porque antes la Unidad decía 'los acompaño en su bus, les ayudo a llevar sus trastes y esa era la oferta institucional. No puede ser esa la solución.
¿Cómo avanzar en un retorno verdadero, que asumo es lo que más le interesa a estas comunidades?
Necesitamos hacer esos retornos de manera sostenible, eso implica que tanto la entidad local como la entidad nacional inviertan en infraestructura y en la obra social en esos territorios si no, no es sostenible. Mire por ejemplo el tema emberá: es una población de más de 45.000 personas que históricamente han vivido un conflicto y ellas van, vuelven y retornan y hay compromisos sin cumplir. Entonces estamos trabajando con varios ministerios para que cumplan esos acuerdos.
Hay avances. Hay mucha más gente que ha regresado al territorio y seguimos trabajando para reubicarlos. Estamos trabajando con las entidades para que esa reeubicación también lleve agua potable, lleve vivienda humanitaria o procesos de resolución de conflictos. Es que el conflicto armado destruyó también algo muy importante en las comunidades que fue este tejido familiar, social y comunitario. De eso también depende que estas poblaciones vuelvan a ser acogidas en sus territorios.
¿Cómo van los diálogos con las nuevas autoridades locales? Por ejemplo, en Antioquia, ¿cómo ha sido esa relación, al margen de los choques entre el presidente y el gobernador Andrés Julián Rendón?
La Unidad para las Víctimas es una de las aliadas más importantes de todos los territorios, porque atendemos emergencias humanitarias todos los días con los gobernadores y alcaldes. Tenemos unas mesas de trabajo y, en el caso de Antioquia, desde mi llegada, en Antioquia se fortaleció y se amplió el presupuesto. ¿Por qué? Porque allá está la mayoría de víctimas del conflicto.
Allí hicimos las mayores indemnizaciones y hemos hecho jornadas muy importantes de trabajo en Urabá. Estamos haciendo una articulación muy grande para empujar una intervención integral en El Aro, La Granja o Machuca, en los territorios más afectados por el conflicto y rezagados.
¿Y el diálogo ha sido fluido con las autoridades tanto locales como departamentales?
He tenido muy buena interlocución con todas las autoridades, siempre haciendo un trabajo conjunto con las alcaldías y las gobernaciones, porque todas las entidades tenemos la obligación de atender de manera articulada a las víctimas.
La deuda pública es tan grande con las víctimas que requerimos dar una discusión de muy alto nivel no solamente como Gobierno, sino que requerimos y hemos llevado al Congreso de la República una reforma a la Ley de Víctimas para articular la política de paz con víctimas, para contribuir a la superación del estado de cosas inconstitucional y dar una discusión sobre las posibles fuentes de financiación para ayudar a reparar a estas más de 9,5 millones de víctimas.
La meta fundamental es revisar cómo pasamos de políticas asistenciales a políticas que aporten a esa solución duradera. Sé que eso es difícil, pero es necesario, no solo para este Gobierno, sino para los que vienen. En este momento los alcaldes y gobernadores están desbordados y también las propias instituciones frente a la magnitud de las necesidades de estas poblaciones.
¿Cómo va ese trámite legislativo? Ustedes están adelantando audiencias, pero ¿cuándo esperan radicar un proyecto formal?
Ya el Gobierno lo puso en manos del Congreso, que está avanzando. Esperamos que la Comisión Primera lo pueda sacar adelante y que el resto del Congreso también puede ayudar en este en este esfuerzo que realmente es una necesidad muy sentida de todos los colombianos.
La relación entre Gobierno y Congreso es tensa y difícil. ¿Cómo hacerles caer en cuenta a los congresistas que, por encima de diferencias políticas, aquí está en juego el bienestar de 9,5 millones de víctimas?
Hay una responsabilidad del Gobierno, pero también responsabilidad del Congreso. Le insisto que esta es una obligación que está en el Acuerdo de Paz. Hicimos todo un proceso participativo, el Congreso está aportando en otro proceso participativo y cuando entre a debates habrá mesas de trabajo y consensos.
La idea es poder avanzar, porque esto realmente es un proyecto de ley recogido desde las voces de las víctimas y los expertos. Más que ser un proyecto del Gobierno, realmente es un proyecto de las víctimas. Yo esperaría y todavía tengo fe de este proyecto que beneficia a muchas víctimas, pero también a muchos alcaldes y gobernadores que hoy tienen las emergencias humanitarias y que se están preguntando cómo resolver estas crisis.
Esto no es de un partido. Es una problemática de todos y la idea es poder avanzar. Confío en que así como los colombianos tenemos disensos, también tengamos consensos y responsabilidades. El país nos necesita juntos para avanzar en este propósito.
Este 9 de abril se conmemora el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto. ¿De qué manera la Unidad para las Víctimas se une a esta fecha?
Son más de 64 eventos conmemorativos en los que estamos diferentes instituciones porque esta es una obligación de todo el Estado en su conjunto. Por ejemplo, con el Ministerio de Educación estamos en la Escuela Abraza a las Víctimas: cerca de 8.000 instituciones educativas van a hacer actividades y muchos de los estudiantes van a reflexionar en las escuelas. Harán sus propias acciones conmemorativas.
La Unidad hizo una guía metodológica con el Ministerio de Educación para todo el proceso de reconocimiento de las víctimas y generar un proceso de escucha y empatía, porque en la media en que podemos escuchar a las víctimas podemos ser solidarios y dignificarlas, siendo conscientes también de aquellos asuntos estructurales en los que todos debemos garantizar la no repetición de estos hechos.
Mucha gente ha visto el conflicto por televisión, pero no le ha tocado la guerra, y hay unos que les ha tocado y tienen mucho qué contar, pero también mucho qué enseñar. Si ellos están hoy exigiendo la paz es para que no les vuelva a ocurrir.
Durante todo el mes de abril tendremos actividades. Solo este 9 de abril haremos algo histórico: va a estar el Gobierno en pleno.
¿Incluido el presidente, la vicepresidenta?
Van a estar todas las entidades del Gobierno Nacional y allí vamos a entregar unas indemnizaciones de la ruta prioritaria. Se trata de víctimas de 68 años, personas en condición de discapacidad y personas con enfermedades ruinosas o catastróficas. Nos pusimos una meta en este Gobierno: si bien cada vez que el conflicto se recrudece hay mayores víctimas, también es cierto que nos hemos propuesto contribuir a la superación de los rezagos.
Uno de los temas que queremos culminar en este cuatrienio es cerrar la cifra de 106.337 víctimas que a corte 31 de diciembre de 2023 hicieron la solicitud para la ruta integral. Queremos cumplirle a esta población y repararlas integralmente con indemnizaciones. Son la población más vulnerable y queremos ponernos al día con estas personas. Solo este mes vamos a entregar 32.000 indemnizaciones en Antioquia, Bolívar, Valle del Cauca, Nariño, Córdoba, Sucre y César. La idea no es solamente conmemorar, sino avanzar en el cumplimiento.
¿Hay algún caso, sin mencionar nombres por supuesto, que como directora le llame la atención de estas víctimas que serán indemnizadas y que merezca ser contado para ejemplificar las dificultades que siguen viviendo las víctimas?
Acá hay historias de vida de muchas personas que han vivido las masacres de los casos históricos que conocemos. Por estas indemnizaciones pasan sobrevivientes del conflicto de todo tipo de hechos victimizantes desde violencia sexual, tortura, masacres, personas que les asesinaron sus familiares o sus hijos. Este 9 de abril presentaremos varias de esas historias de vida.
