Los exnegociadores del Acuerdo de Paz firmado con las extintas Farc calificaron como una “idea equivocada” que el presidente Petro busque promover un nuevo “tribunal de cierre” y recordaron que una constituyente “no fue nunca” un propósito de lo pactado.
A través de un comunicado divulgado este miércoles, el senador Humberto de la Calle y el exalto comisionado de Paz Sergio Jaramillo –exnegociadores del Acuerdo de Paz–, expresaron su rechazo y descontento al mecanismo de ‘fast track’ que anunció la semana pasada el presidente Gustavo Petro para acelerar la implementación de lo pactado en La Habana (Cuba) con las extintas Farc.
Insistiendo en la necesidad de ‘volver al Acuerdo’, los exnegociadores recordaron que durante la sesión del Consejo de Seguridad sus miembros hablaron de la necesidad de implementarlo “de manera decidida”. Por ello, coincidiendo con sus postulados, manifestaron que si “todos” no hacen un esfuerzo mayor “el Acuerdo puede naufragar”.
En esa línea, aseguraron que no ven necesario apelar a mecanismos de ‘fast track’ para acelerar la implementación, explicando que las reformas constitucionales que demanda “retrasarían en al menos un año la implementación del Acuerdo”.
“Recordemos que el ‘fast track’ surgió como una garantía en un momento crítico, como fue el proceso de dejación de armas y tránsito a la legalidad de las Farc, que requería su coordinación con una serie de garantías jurídicas. Esa urgencia no subsiste hoy. Tampoco tiene justificación un nuevo ‘fast track’ para temas ajenos al Acuerdo”, precisaron.
Además, calificaron como una “idea equivocada” que el presidente Petro busque promover un nuevo “tribunal de cierre” que reemplazaría la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). “No solamente es un asunto de costos, la idea de un tribunal de cierre que conduzca a un ‘perdón social’ –de facto a una amnistía general encubierta–, echaría al traste con todos estos esfuerzos y derrumbaría la seguridad jurídica de quienes hoy están sometidos a la JEP”.
Por todo ello, de la Calle y Jaramillo instaron a buscar un acuerdo nacional y alcanzar consensos políticos alrededor de puntos críticos de la implementación: “El paso por el Congreso de las leyes que se deriven de ese acuerdo no debería presentar mayor dificultad. Debemos recordar que una asamblea constituyente no fue nunca el propósito del acuerdo nacional propuesto en el Acuerdo”.
Ratificando que hay que “hacer valer” la Constitución de 1991, de la Calle y Jaramillo instaron al presidente a aprobar los 16 planes nacionales de la reforma rural integral, advirtiendo que ministerios como el de Salud aún no la han hecho pasados ocho años de la firma del Acuerdo.
“Esos planes –de educación rural, vías, asistencia técnica y comercialización, conectividad, formalización laboral, etc–, son la principal herramienta para cumplir con la gran meta del punto 1: la reducción en un 50 % de la pobreza rural, de la que estamos muy lejos; y son responsabilidad del Gobierno en su conjunto, no solo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural”, señalaron.
En ese sentido, destacaron la reciente designación del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, como coordinador de la implementación del Acuerdo, lo que “debería facilitar la supervisión de estos esfuerzos y el cumplimiento de metas”.
Adicionalmente, se mostraron partidarios de la idea de extender por siete años la implementación del Acuerdo, manifestando que “es una propuesta razonable en relación con los procesos que exijan esfuerzos fiscales”. Sin embargo, indicaron que no se debería extender a medidas transicionales del Acuerdo que tienen límites legales e incluso constitucionales.
Si bien celebraron el énfasis del Gobierno en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), reclamaron que “aún no ven indicios de una verdadera transformación territorial”. Además, alegaron que el programa de sustitución de cultivos de uso ilícito “no ha gozado de una implementación adecuada y requiere una revisión urgente”.
Finalmente, insistieron en que el corazón de la implementación “no está en las normas, sino en el compromiso de todos los funcionarios públicos con el Acuerdo, en la vigorosa puesta en marcha de las políticas públicas necesarias para su implementación y en la inclusión de toda la sociedad en las regiones en un modelo que hemos llamado ‘paz territorial’”.
