El testimonio y los documentos que por cuatro días, en mayo de 2023, entregó Salvatore Mancuso fueron considerados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como un aporte crucial para entender su papel como una “bisagra” entre las Fuerzas Armadas y los grupos paramilitares.
Así lo relató la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción tras cinco años de deliberaciones jurídicas, necesarias luego de la solicitud expresa de Mancuso de ser parte de ese mecanismo transicional. La admisión del exparamilitar es inédita y un precedente fundamental.
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El rol de Mancuso fue clave entre 1989 y 2004 en Urabá, los Montes de María y los departamentos de Córdoba y Antioquia, donde se llevaron a cabo operaciones conjuntas con objetivos económicos y políticos compartidos, como destacó la JEP al admitir a Mancuso como compareciente en noviembre del año pasado.
Ese reconocimiento abrió la puerta a una amplia investigación que contempla al menos a trescientas personas, de diversas jerarquías, posiblemente implicadas, desde expresidentes hasta empresarios, sobre quienes la Jurisdicción no tiene competencia, como sí la tiene con firmantes de paz, por ejemplo.
Entre las personas mencionadas por Mancuso está el expresidente Álvaro Uribe Vélez, a quien el excomandante señala por el supuesto vínculo que habría tenido en la masacre de la que diecisiete personas fueron víctimas en el corregimiento de El Aro, en Ituango, Antioquia.
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Ahora, con la llegada de Mancuso a Colombia, se espera la llamada de La Sala de Reconocimiento, en poder del macrocaso 03, que investiga los “falsos positivos”; el macrocaso 04, que prioriza la situación del Urabá durante el conflicto armado, y el 08, que busca juzgar alianzas entre militares y paramilitares.
Si bien, Mancuso entregó un documento junto con una matriz y anexos, en los que relacionó información, datos y argumentación complementaria a lo dicho en la Audiencia de Reconocimiento de Verdad, aún se espera que el testimonio y las pruebas sean completadas.
Dentro de las verdades prometidas por Mancuso a la JEP se encuentran los detalles de la relación de complicidad entre las fuerzas ilegales del paramilitarismo, las fuerzas políticas estatales, las élites económicas de las regiones donde tuvo injerencia y los mandos militares y policiales de Córdoba.
Así mismo, la justicia espera esclarecer la estrategia paramilitar que fue posible gracias a la articulación con altos mandos de unidades militares del Batallón Junín, las brigadas XI y XVII del Ejército Nacional, la Secretaría de Gobierno de Córdoba y la Gobernación de Córdoba.
Lo anterior demostraría el punto de conexión entre los paramilitares y la Fuerza Pública, el mismo que le permitió a mandos paramilitares, como Mancuso o el aspirante a compareciente “Macaco”, asumir y delegar funciones propias de las fuerzas estatales para conseguir resultados operacionales.
En cuanto a las personas implicadas por Mancuso, este deberá terminar de demostrar los intereses económicos y políticos que beneficiaron a estos actores mediante prácticas como el despojo de tierras para la ganadería o la creación de monocultivos de palma.
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De igual manera, serán necesarias las pruebas frente a los procesos electorales que recibieron presión para favorecer determinadas candidaturas, y la relación de estos en el “despeje” de áreas como Urabá con el objetivo de desarrollar megaproyectos para conectar el Caribe con el Océano Pacífico.
Finalmente, Mancuso, a través de cartas y participación en eventos, ha expresado su deseo de regresar al país para colaborar en la búsqueda de personas desaparecidas, un compromiso que deberá mantener con la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas si quiere acceder a futuros beneficios.
