La grave situación de orden público y violaciones a los derechos humanos que se vive en el Catatumbo por cuenta de la escalada de acciones violentas del ELN ha causado una verdadera crisis humanitaria sobre la que la Defensoría del Pueblo dio un nuevo reporte en las últimas horas.
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De acuerdo con la entidad, los datos, que pueden variar según avancen los procesos de verificación, dan cuenta de que a las 60 personas que han muerto de manera violenta en Convención, Ábrego, Teorama, El Tarra, Hacarí y Tibú, se suman el aumento de desplazamientos, confinamientos y otros hechos como secuestros.
Asesinatos
Desde el Ministerio Público confirmaron que entre los fallecidos se encuentran siete firmantes de paz, así como el líder social Carmelo Guerrero, quien formaba parte de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo (Asuncat).
En los mismos municipios donde se han registrado las muertes, se están presentando con una fuerte incidencia confinamientos y un alto riesgo para firmantes de paz, líderes sociales y sus familias, incluidos niños y niñas, de ser secuestrados o asesinados por causa de los señalamientos y estigmatización de parte del ELN.
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Varias de estas personas ya han sido rescatadas y otras han salido en caravanas terrestres, motorizadas o fluviales. No obstante, desde la Defensoría del Pueblo señalaron que muchas personas que han solicitado ser rescatadas continúan en la zona y solo les ha quedado la opción de huir y refugiarse en las montañas.
Desplazamientos forzados y confinamientos
Por su lado, desde la Asociación de Comunidades y Caciques del Pueblo Yukpa de Norte de Santander (Yupaojetaw) reportaron que se encuentran en riesgo de desplazamiento en las comunidades de Yukpa Tayaya, ubicada en San Pablo, Teorama (126 personas); en el Centro Piloto Karacha, ubicado en el casco urbano de Tibú (180 personas y 5 ya se desplazaron hacia Venezuela); y Ucha Petajpo y Manüracha, ubicadas en Cúcuta (325 personas). Además, han recibido alrededor de 5 familias provenientes de las demás comunidades.
Respecto a desplazamientos ya confirmados, la Defensoría habló de las cientos de familias que ya llegaron a Cúcuta y que están siendo censadas por las autoridades en el Palacio Municipal. A Ocaña también han llegado 850 familias que se encuentran ubicadas en el coliseo, mientras que en Tibú han llegado 2.500 personas de zonas rurales y otras familias han salido de la Gabarra por vía fluvial.
En Ábrego se conoce el desplazamiento forzado de 37 familias, 25 de las cuales se reportan en la vereda Hoyo Pilón; en El Tarra se encuentran 68 personas ubicadas en un albergue; y la comunidad indígena Bari Irocobingkayra del pueblo Motilón Barí, en el Tarra, se desplazó integralmente al resguardo Catalaura de La Gabarra por alerta máxima y preventiva.
El Ministerio Público también informó que desde la Cancillería de Colombia han recibido información desde la embajada en Caracas, Venezuela, de la llegada de por lo menos 60 personas que se desplazaron hacia la región del Zulia.
Secuestros
De acuerdo con el informe de la Defensoría del Pueblo, de las 20 personas que fueron secuestradas el pasado jueves, entre ellas 10 mujeres, se estima que por lo menos 17 siguen sin recuperar la libertad. También fueron secuestrados 3 firmantes de paz en Convención y Teorama, mientras que 12 ciudadanos fueron secuestrados de forma extorsiva para obtener dinero.
Asimismo, la zozobra y las amenazas en contra de la población civil han llevado a que en los municipios se suspendieran las actividades económicas y de subsistencia, lo que pone en mayor riesgo a las comunidades ante las dificultades para acceder a derechos básicos como la alimentación. Las actividades educativas también se suspendieron, dejando en vilo el regreso a clases de miles de niños, niñas y jóvenes.
“En algunas comunidades de la región se empieza a reportar escasez de alimentos que afecta, inclusive, a las comunidades indígenas. Personas mayores, niños, niñas, adolescentes, mujeres gestantes y personas con discapacidad están sufriendo las consecuencias de estos hechos y tienen necesidades especiales y reforzadas de protección”, indicaron desde la Defensoría del Pueblo.
Ante el llamado que reitera la entidad al gobierno nacional y autoridades departamentales para que prioricen y garanticen la atención de las personas afectadas, en la zona se mantiene el Puesto de Mando Unificado (PMU) donde se analizan salidas a esta grave situación. Desde el Ministerio de Defensa anunciaron en la mañana de este domingo que el ministro Iván Velásquez se desplazó a Cúcuta para presidir el PMU, sobre el cual se espera que den información a los medios de comunicación sobre las 3:00 p.m.
“Toda esta situación es devastadora. Es el sentido más básico de humanidad el que debe prevalecer. Nada justifica esto, nada. Llamamos a las entidades territoriales y al Gobierno nacional a garantizar la atención humanitaria integral en el Catatumbo. Asimismo, les pedimos habilitar las condiciones necesarias para permitir el ingreso de las autoridades para la adecuada atención de la población. A los grupos armados, y particularmente al ELN, les pedimos permitir el acceso a la atención humanitaria y cesar todo ataque contra la población civil”, escribió por su lado la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.
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