La Corte Suprema de Justicia recibió documentos en los que se registran los contratos con el Estado de siete familiares de Racero. Todos durante este Gobierno.
La Corte Suprema de Justicia recibió un nuevo testimonio que salpica a David Racero, el representante a la Cámara por el Pacto Histórico que ahora aspira al Senado. Esta vez, el denunciante, con documentos que lo respaldan, aseguró que siete familiares del congresista han recibido nombramientos o contratos con dependencias del Estado desde que Racero llegó a su puesto durante el Gobierno Petro.
Las cifras y denuncia fueron reveladas por el periodista Daniel Coronell. Si se suman las ganancias de todos los contratos obtenidos por la familia, da un total de $718.537.666 millones de pesos.
Es importante señalar que esta situación es sistemática. En marzo de 2025, EL COLOMBIANO encontró que durante la administración del presidente Gustavo Petro por lo menos nueve familiares y cercanos suyos han tenido contratos en diferentes entidades centrales del Gobierno.
Como ejemplo se encontró el caso de Camila Racero Gómez, quien tenía un contrato en la Oficina de Comunicaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio a partir de febrero de 2025, pero que también había tenido contratos previos en el Ministerio de Cultura desde agosto de 2024.
Con respecto a las nuevas denuncias, en primer lugar aparece el nombre de José Manuel Márquez Mayorca, primo del congresista. Según los reportes, ha recibido contratos con la Agencia Nacional de Tierras, la Superintendencia de Notariado, la Superintendencia de Servicios y Colombia Compra Eficiente que, en total, suman más de $153.000.000.
La esposa de Márquez también ha tenido un espacio en el Estado. Se llama Daniela del Carmen Parada Quintero y ha tenido nueve contratos con la Unidad Nacional de Protección, UNP, y la Superintendencia de Economía Solidaria. En total, los contratos suman $223.131.666.
Más cerca en la línea familiar de Racero, se encuentra su hermano: Daniel Alfredo Racero Gómez. En su caso, fue nombrado por el ministro de Educación, Daniel Rojas, en la Subdirección de Relacionamiento con la Ciudadanía. Sus contratos suman más de $235.000.000 y datan desde el 26 de diciembre de 2024.
El tío de Racero también recibió un contrato, aunque menor que los demás familiares mencionados. Según los documentos, Félix Darío Racero Arévalo recibió un contrato con el Sena del Cesar por $21.380.000. Este caso es importante porque Daniel Coronell publicó unas conversaciones en las que Racero aparece hablando con el director del Sena, Jorge Londoño.
Por estos chats el representante tiene una investigación abierta en la Corte Suprema de Justicia que ha venido avanzando. Racero le decía a Londoño: “¿Tú me dirás en qué subdirección crees viable que los puestos del Centro Democrático nos los den a nosotros en el Cesar, de OPS?”. Y Londoño le respondió: “Claro que sí, pero déjale alguito a los verdes”.
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La tía de Racero, María Helena Racero Ceballos, también recibió un contrato con el Sena, pero de Bolívar. En su caso, recibió $30.613.000.
En los documentos presentados en la denuncia llama la atención que el caso de José Manuel Márquez, primo de Racero, no es el único en donde casualmente se le otorga un contrato con el Estado a la pareja sentimental del familiar del congresista del Pacto Histórico.
Por un lado está Elena Esther Paredes, esposa de Juan Carlos Márquez Mayorca, primo del Congresista, quien recibió un contrato por $30.613.000 para “hacer pedagogía en Valledupar sobre la reforma de salud del gobierno” en la Cámara de Representantes, organismo del Estado donde trabaja David Racero actualmente.
Según el Reporte Coronell, “Nadie ha podido explicar por qué es esa una función de la Cámara de Representantes”.
En esa misma línea se encuentra el contrato que recibió Ángela María Araujo, esposa de Walter Fidelio Castilla, primo de David Racero. Su llegada como contratista a la Cámara de Representantes coincidió con el tiempo en el que Racero era presidente del organismo. De hecho, fue la Presidencia de la Cámara la que firmó el contrato para que Araujo prestara sus servicios como abogada. El total fue de $24.800.000.
Al terminar su contrato y cuando Racero dejó de presidir la Cámara de Representantes, Ángela María Araujo fue contratada en el Ministerio de Justicia.
Por el momento, David Racero no se ha pronunciado al respecto, sin embargo, la cantidad de contratos y el valor de todos ellos abrió un debate y críticas en la opinión pública. Y es que, en poco tiempo, un alto presupuesto del Estado quedó en manos de una sola familia.
Mientras tanto, la Corte lo investiga por las denuncias relacionadas con irregularidades en su UTL y presunto maltrato y sobrexplotación de trabajadores de la misma.
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