La Contraloría General de la República anunció que está tramitando 522 procesos de responsabilidad fiscal en el sector salud, por una suma de $11 billones. Además, también informó que ha emitido 111 imputaciones fiscales por $498.539 millones y ha proferido 41 fallos ejecutorios por $542.995 millones.
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El organismo de control indicó que ha identificado múltiples irregularidades en el manejo de los recursos públicos de salud, a través de auditorías, actuaciones especiales y seguimientos permanentes. En total, se han consolidado 871 hallazgos administrativos en 2024, de los cuales 182 tendrían incidencia fiscal por $181.049 millones de pesos.
¿Qué encontró la Contraloría?
Entre los principales problemas detectados están el incumplimiento de indicadores financieros por parte de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), el uso indebido de los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC, que es la plata que le dan a las EPS para la atención de sus afiliados) y el rastreo de deudas entre distintos actores del sistema.
El ente de control también lanzó 14 alertas sobre la construcción de instituciones hospitalarias financiadas por el Ministerio de Salud, señalando fallas en la planeación y ejecución de estos proyectos en distintas regiones del país.
Uno de los informes del ente de control determinó que más de 14 EPS no cumplían los requisitos financieros exigidos por ley, incluyendo la constitución de reservas técnicas y niveles adecuados de liquidez. Adicionalmente, una Actuación Especial de Fiscalización a las EPS reveló que estas entidades utilizaron más de $6 billones de la UPC para pagar deudas antiguas, algunas con más de 13 años de antigüedad, en lugar de destinarlos a la prestación del servicio de salud.
El informe también halló pagos por $5 billones de pesos de las EPS a IPS sin facturas ni soportes, lo que llevó a la apertura de indagaciones preliminares para esclarecer el destino de estos recursos.
La Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) de la Contraloría implementó un sistema de rastreo para seguir el movimiento de los pagos dentro del sistema de salud, desde la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) hasta las EPS, IPS y prestadores de servicios. Según la Contraloría, este sistema busca verificar si los recursos se están utilizando correctamente y evitar desvíos en la cadena de pagos.
El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, ha sostenido reuniones con actores del sector salud para presentar estos hallazgos y enfatizar que las actuaciones del organismo son de carácter técnico y no responden a valoraciones subjetivas.
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