La Contraloría alertó sobre la firma de 6.292 contratos directos por más de $2 billones que se habrían ido a hacer política en las regiones, pese a la entrada en vigor de la ley de garantías.
De este monto, $31.959 millones habrían sido destinados específicamente a contratos directos vinculados con eventos, publicidad, conciertos, refrigerios, tarimas y logística. El ente de control llegó a ese hallazgo luego de revisar la contratación directa realizada entre el 31 de enero y el 27 de febrero de 2026.
Los sectores que concentran la mayor cantidad de contratos que no tendrían excepción son: sociales, comercio y desarrollo, inclusión social, justicia y servicios públicos.
El contralor Carlos Hernán Rodríguez aseguró que “la vigilancia a la Ley de Garantías ha evolucionado hacia un modelo más preventivo, basado en datos, trazabilidad contractual y alertas tempranas, que permitan anticipar irregularidades antes de que se materialicen”.
Durante su intervención en el foro ‘Garantías Electorales, un diálogo con las regiones’, Rodríguez Becerra destacó que el objetivo de la Contraloría es garantizar que todos los ciudadanos puedan ejercer sus derechos políticos “en condiciones de equidad, seguridad y confianza”.
Por ello, el órgano de control implementó un modelo que analiza información, realiza vigilancia y controla el uso de recursos destinados para las elecciones. El informe también revisa el uso de recursos públicos con fines proselitistas durante la época electoral.
Entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de enero de 2026 se identificaron 17.841 contratos directos por más de $1.68 billones, relacionados con eventos, publicidad, conciertos, refrigerios, tarimas o logística.
Posteriormente, entre el 31 de enero y el 27 de febrero de 2026, se registraron 368 contratos directos adicionales por $31.959 millones bajo el mismo tipo de actividades, a pesar de la vigencia de la Ley de Garantías.
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“En este escenario, la Contraloría General de la República no actúa como actor político, sino como garante técnico de la correcta destinación del gasto. Su función es verificar que los recursos públicos no sean desviados hacia finalidades distintas a las previstas en la ley”, manifestó el contralor Carlos Hernán Rodríguez.
Las otras alertas que ya había hecho la Contraloría
La Contraloría hace unas semanas había publicado un informe en el que recopiló la información sobre contrataciones reportada en el Secop desde el 1 hasta el 31 de enero; es decir, el último mes en el que había plazo para realizar este tipo de movimientos de nómina antes de que entrara en vigencia la Ley de Garantías. Los resultados fueron alarmantes: las contrataciones subieron más de 64%.
Es importante recordar que la Ley de Garantías fue firmada en 2005, y tiene como fin garantizar elecciones transparentes evitando que haya si quiera la posibilidad de que se configuren maquinarias o favores políticos a cambio de puestos en lo público.
Al analizar el comportamiento de contrataciones de este Gobierno, la Contraloría encontró que: “Se puede evidenciar que el periodo del 01-30 enero 2026 del actual gobierno, presenta un incremento sustancial del 64.48%, pasando de 103.563 a 160.616, y frente al valor contratado, el monto total creció un 75.14%, elevándose de $5.4 billones a $9.5 billones, refiriéndonos solo al mes de enero”.
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En el consolidado (nacional + territorial), el periodo analizado registró un total de 521.269 contratos suscritos que representan un valor total de $32,88 billones. El orden territorial concentró la mayoría, con 348.495 contratos por $17,7 billones; el orden nacional registró 164.813 contratos por $14,87 billones, y las corporaciones autónomas aportaron 7.961 contratos por $0,3 billones.
“La mayor concentración se observa en la última semana del mes, donde se adjudicaron $14,8 billones, siendo el último día (30-ene) el pico del mes con un valor contratado de $5,7 billones”, explicó la Contraloría.
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