El Consejo de Estado asumió el estudio de una demanda de pérdida de investidura contra el hoy jefe de Estado por presuntas inasistencias cuando era congresista de la República.
Al resolver un conflicto por competencias que databa de noviembre de 2022, el Consejo de Estado se atribuyó la facultad de estudiar y tramitar una demanda de perdida de investidura contra el hoy presidente Gustavo Petro por hechos ocurridos cuando era senador de la República.
El proceso está relacionado con el supuesto ausentismo del entonces congresista, señalado de no asistir a al menos cinco sesiones plenarias sin la respectiva justificación, entre ellas, una ausencia que quiso respaldar con una excusa que no fue validada por una EPS.
“La excusa no fue transcrita ni convalidada con la EPS Sanitas a la que pertenece el congresista demandado (...) Es costumbre que los congresistas acudan a consultorios de garaje para justificar sus inasistencias, y por ello, el empleo público debe tener una instancia más rigurosa para controlar a los servidores públicos que se valen de estas acciones para justificar sus faltas al empleo público”, precisa uno de los apartes de la demanda.
El lío judicial recaía en que la demanda fue presentada a finales de 2022, cuando Petro ya sumaba más de tres meses como jefe de Estado. Por ello, se presumía que el proceso, por el fuero presidencial, debía ser tramitado por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, el órgano encargado de estudiar las demandas contra los presidentes.
Si bien la demanda fue inicialmente negada, gracias a un recurso se reactivó en 2023 y desde entonces el Consejo de Estado estudiaba si era competente o no para tramitar la demanda.
En dicho recurso se advertía que, en cumplimiento del artículo 183 de la Constitución Política de Colombia, se debía decretar la pérdida de investidura por la “inasistencia, en un mismo período de sesiones, a seis reuniones plenarias en las que se voten proyectos de acto legislativo, de ley o mociones de censura”.
Aunque la decisión no tendría efectos sobre el hoy jefe de Estado, teniendo en cuenta que ya no ejerce como legislador, sí sentaría jurisprudencia sobre la materia. En esa línea, los magistrados de la Sala Plena concluyeron que “sí tienen competencia y ahora tendrá que investigar al mandatario por la demanda que llegó en su contra por pérdida de investidura cuando era congresista de la República”.
No obstante, a la espera de algún pronunciamiento del hoy presidente, no se descarta que la determinación desate un nuevo cuestionamiento del mandatario contra las decisiones judiciales, tal como lo ha hecho con otras decisiones, generando controversias que escalan a la arena política.
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