El Congreso de Colombia no ha logrado legislar sobre las actividades de crueldad con los animales como las corridas de toros, las corralejas, el coleo y las peleas de gallos, pero todo indica que a partir del 20 de julio habrá un giro encabezado por la bancada del Pacto Histórico.
Además, es la primera vez un presidente electo —Gustavo Petro— pisa la Casa de Nariño con la promesa firmada en el papel de tener una agenda en defensa de la naturaleza y de los animales. Todo indica que podría llegar la hora de los animalistas, quienes los definen como seres sintientes.
Incluso el pasado fin de semana, cuando se presentó la emergencia en una corraleja que se realizaba en El Espinal, Ibagué, en la que 322 personas resultaron heridas y murieron otras cuatro, Petro pidió a las alcaldías “no autorizar más espectáculos con la muerte de personas o animales”.
En esa declaración hay una transformación retórica en relación con los gobiernos anteriores: Petro acuñó el término de “espectáculos de la muerte” que tanto habían referido los animalistas durante años, pasando la página de entender esas prácticas como un suceso tradicional –como buena parte de la casta política le había llamado hasta ahora– a verlas como un entorno en el que se registran casos de maltrato.
Más allá del discurso, ya se tiene previsto que el mismo día de la posesión del nuevo Congreso, el 20 de julio, se presente un proyecto de ley que busca ponerle punto final a las corridas de toros, corralejas, cabalgatas, peleas de gallos y eventos de coleo que son frecuentes en el sector ganadero.
Dicho proyecto estaría en cabeza de la senadora electa por la Alianza Verde, Andrea Padilla. El propósito es que en máximo dos años se erradiquen estas prácticas, trazando un periodo de transición en el que deberán darse condiciones de mayor bienestar para los animales. El objetivo también es que no puedan utilizarse dineros públicos para esos eventos, lo que deja otra cara del asunto: la mayoría de las fiestas municipales se sustentan con las corridas.
El de Padilla será uno más de los proyectos de ley que entren al Congreso buscando regular o prohibir esos eventos, pero esa iniciativa entra en un contexto diferente: el legislativo se renovó y los progresistas tienen más escaños en este. La misma Padilla hace parte de la bancada de gobierno.
Así que, si Gustavo Petro cumple su promesa y los tiempos del trámite legislativo avanzan, Colombia estaría perfilando una nueva legislación que ponga un punto final a esas prácticas, una cuestión de debates que pasan por el derecho animal, pero también por otras perspectivas: las economías municipales y el argumento de que se trata de “manifestaciones culturales”.
Taurinos vs. animalistas
Unos 150 municipios del país, de los que cerca del 80 % se ubican en la Costa Atlántica, convocan a corralejas en medio de las fiestas locales. En torno a estas hay prácticas de comercio: un empresario gestiona la corraleja, a veces lo hace la Alcaldía, los venteros del pueblo desplazan sus puestos hasta el lugar y hay negocios de publicidad.
“Mucha gente vive de organizar su corraleja. Son legales, pero siempre hemos estado con el temor de que de golpe nos cancelen y a eso le tenemos susto porque somos conscientes de que somos una minoría”, apunta Gonzalo Sanz de Santamaría, director de la Corporación Libertad Cultural, que promueve las corridas de toros, corralejas, peleas de gallos y eventos de coleo.
Sanz de Santamaría es de casta taurina. Ganadero de Mondoñedo, es bisnieto de Ignacio Sanz de Santamaría, el fundador de la plaza de toros de Bogotá, la principal infraestructura de Colombia para la tauromaquia que lleva tres años sin recibir la “fiesta brava” de cuenta de dos decisiones políticas: la alcaldesa Claudia López dijo que el distrito no aportaría un solo peso para las corridas, y Andrea Padilla, en sus tiempos de concejal, gestionó un acuerdo para desincentivarlas.
Además de la plaza de Bogotá, La Macarena de Medellín es otra infraestructura para la matanza de toros que no ha visto derramar sangre en tres años, también por una determinación de la Alcaldía y porque la infraestructura de serrezuela cambió de operador, quedando en manos de D’Groupe (que hace conciertos) y no de la Corporación Plaza de Toros La Macarena (Cormacarena, que desde 1991 organizaba la temporada de toros).
Entre las capitales colombianas con “fiesta brava”, solo las instituciones locales de Bogotá y Medellín le dieron una pausa a los eventos públicos para la matanza de bovinos. Y es que desde febrero de 2017 la Corte Constitucional dio dos años al Congreso para legislar sobre las corridas de toros y las corralejas, algo que no se ha llevado a cabo.
En el periodo legislativo que está por concluir se cayó por falta de trámite una iniciativa del Centro Democrático que buscaba regular las corralejas. Su autora, la senadora María del Rosario Guerra, consideraba que estas son una identidad cultural, sobre todo de Bolívar, Córdoba y Sucre. “En el Congreso de la República hay temas que no son fáciles de tramitar y este es uno de ellos. Si se acaba la corraleja, se acaba lo que hay alrededor que es toda una economía local que vale la pena mantener en municipios pequeños”, apuntó Guerra.
Los animalistas apelan por prohibir los espectáculos de crueldad con los seres sintientes con un periodo de transición, mientras que los empresarios de las corralejas y taurinos apuestan por una suerte de punto medio, reduciendo el número de banderillas que clavan en el cuerpo del animal, el grosor de las puntillas o hasta la cantidad de bovinos en el ruedo.
Todos estos temas entrarán en discusión a partir del próximo 20 de julio, cuando el hemiciclo intente –una vez más– cumplir con la tarea de legislar sobre los espectáculos de maltrato animal.
