Un juez penal especializado de Valledupar (Cesar) dictó sentencia condenatoria contra Yuberlys Bermúdez Rubiano, Isaías Peña Oliveros y William Castro Torrado por ser los responsables del ataque con fuego contra la sede de la Registraduría Nacional del Estado Civil, ubicada en Gamarra. El incendio que provocó el ataque le causó la muerte a la funcionaria de la entidad, Duperly Arévalo.
En contexto: Incendiaron la sede de la Registraduría en Gamarra, Cesar, a un día de las elecciones.
El togado condenó a las tres personas tras evaluar las pruebas que presentó la Fiscalía y que demostraron que habían usado un recipiente tipo pimpina con gasolina, la cual habían escondido en el coche de un bebé. Los delitos por los que los condenaron fueron homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado e incendio,
La pena que les impuso es la más alta, pues deberán pagar 60 años de prisión, además de pagar una multa de 210 salarios mínimos mensuales legales vigentes. La condena deberán pagarla en una penitenciaria de máxima seguridad.
El incendio provocado por los condenados también dejó a seis personas heridas.
Durante el juicio, la Fiscalía presentó videos de cámaras de seguridad, pruebas documentales y las declaraciones de testigos del hecho, entre los que se encontraban vecinos del sector y funcionarios de la sede de la Registraduría que vivieron momentos de terror el 28 de octubre de 2023, un día antes de las elecciones regionales para elegir a mandatarios locales.
De esta manera, el ente acusador logró demostrar su teoría del caso que señalaba a Bermúdez, Peña y Castro como los responsables directos del atentado. Con ese material, el juzgado acogió la acusación y tomó la determinación.
Vale recordar que el ataque a la sede de la Registraduría en Gamarra por parte de un grupo de manifestantes que expreso de la manera más violenta su rechazo por la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE), que determinó dejar en firme la revocatoria del candidato a la Alcaldía de ese municipio, Fernando Márquez.
El CNE resolvió a favor la solicitud de revocatoria presentada por una ciudadana que advirtió que Márquez, avalado por el Partido Político EN MARCHA, fue hasta el 2023 representante legal de la Sociedad de Agricultores y Ganaderos de Bolívar y Cesar, AGROMOL, sociedad de derecho privado que tiene su asiento en el municipio de Gamarra-Cesar, y que en al año 2023 el ciudadano ejecutó una orden con la EMUGAM S.A. E.S.P.
Esa empresa presta el servicio público domiciliario de acueducto en el municipio de Gamarra. Por esta razón, se encontraría inhabilitado por la causal que establece el numeral tercero de artículo 37 de la ley 617 del 2000, para aspirar al cargo.
Después de estudiar la demanda ciudadana, el CNE encontró que en efecto la empresa pública que presta el servicio de acueducto en el municipio de Gamarra alquiló un ferry de propiedad de la Sociedad de Agricultores y Ganaderos de Bolívar y Cesar, AGROMOL, a través de una orden de servicio de fecha 11 de mayo del 2023, de la que para el momento, Márquez era representante legal.
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