La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró como responsable al Estado colombiano de violar los derechos políticos del senador Gustavo Petro Urrego.
El caso se remonta a la sanción que incluyó la destitución de Petro siendo alcalde de Bogotá, por hechos de 2013 relacionados con el cambio de esquema en el manejo de basuras, que provocó que el 9 de diciembre de ese año, el entonces procurador Alejandro Ordóñez (hoy embajador ante la OEA) lo destituyera y lo inhabilitara por 15 años para cargos públicos.
La Corte manifestó que “el Estado es responsable por la violación del derecho contenido en el artículo 23 de la Convención”, relacionado con los derechos políticos.
La Corte destaca que “el Estado, dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de esta Sentencia, rendirá al Tribunal un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con la misma” y, de igual manera, le dice al Estado que supervisará el cumplimiento de esta sentencia y “dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma”.
Petro, por su parte, dijo que la decisión de la Corte representa “un triunfo de la lucha democrática colombiana”.
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