Secretos del caso Nicolás Neira, asesinado por un agente Esmad

El próximo 5 de marzo se conocerá la pena impuesta contra Néstor Rodríguez Rúa como responsable del delito de homicidio en la modalidad de dolo eventual. FOTO: COLPRENSA

Si Nicolás Neira estuviera vivo hoy tendría el doble de edad que cuando fue asesinado. Tuvieron que pasar 15 años y más de cinco meses para que el juzgado 18 Penal del Circuito de Bogotá declarara culpable al agente del Esmad, Néstor Rodríguez Rúa, por su homicidio, ocurrido el primero de mayo de 2005.

A nivel internacional se celebraba el Día del Trabajo, un acto conmemorativo que suele estar acompañado de movilizaciones ciudadanas para exigir mayores garantías para la clase obrera. Ese día, Nicolás decidió salir a marchar en Bogotá en compañía de algunos amigos. Tenía 15 años y cursaba noveno grado de bachillerato.

La manifestación pasaba por el centro de la ciudad cuando Neira fue golpeado por un artefacto disparado por el Esmad, aunque en esos días se tuvo la teoría de que la víctima había tropezado y caído sobre un bolardo.

La justicia logró establecer 12 años más tarde que se había tratado de un encubrimiento de los hechos acordado y avalado por los agentes que estuvieron presentes ese día y sus superiores.

Este último hecho fue uno de los puntos claves de la investigación en 2017, cuando el mayor de la Policía Nacional, Julio César Torrijos, denunció a uno de sus superiores de ordenar el ocultamiento de las pruebas y aceptó que mientras fue el jefe del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) encubrió a sus subalternos que golpearon al estudiante, y a Rodríguez por disparar la bala de gas lacrimógeno que le causó la muerte.

Ese tipo de trabas a la Justicia, que incluyen pérdidas del expediente y cambio de jueces, fueron las que demoraron el proceso durante más de una década. Por eso, la abogada del caso de Nicolás Neira, Alejandra Garzón, afirmó en diálogo con EL COLOMBIANO que “dentro del marco criminal en el cual actúa el Esmad está sin duda el ocultamiento y el encubrimiento de este tipo de crímenes”.

“Tan es así que desde ese 2005 el capitán del escuadrón a la que pertenecía Néstor Julio sabía que había disparado el arma que le ocasionó la lesión letal a Nicólas y recibió una orden de su superior, Fabián Mauricio Infante Pinzón, de encubrir los hechos reuniéndose en instalaciones del Esmad para unificar las declaraciones”, añadió.

Además, el examen de Medicina Legal confirmó que la víctima falleció por un traumatismo craneoencefálico causado por la bala de gas que recibió en la cabeza. La jueza 18, que concedió la condena, argumentó que “no le asiste razón a la defensa técnica en cuanto a que pudieron ser otros elementos con los cuales se produjo el deceso de la víctima”.

Ahora bien, el delito por el que fue condenado Rodríguez Rúa consistió en disparar un artefacto de “letalidad reducida” directamente contra la víctima cuando el instructivo dice “que debe ser disparada en ambientes abiertos y no contra la multitud”, detalló el general retirado de la Policía, Jairo Delgado.

Delgado explicó que Rodríguez también omitió la cadena de mando, pues disparó el gaseador sin recibir la orden de su superior. Por estos dos últimos hechos, en los que el condenado incumplió las normas que debía seguir, el general en retiro considera que no se debería retirar dicho artefacto del equipamiento del Esmad pues, “usado de manera correcta no tiene por qué ser letal”.

Por su parte, Leyder Perdomo Ramírez, abogado de la entidad defensora de Derechos Humanos, Corporación Jurídica Libertad, sí considera que debería restringirse el uso de ese tipo de fuerzas contra la población civil. Sin embargo, más allá de ese punto que es importante, consideramos necesario que la enseñanza doctrinal sobre los policiales sea distinta; que se supere esa idea de amigos y enemigos en el contexto de la protesta”, dijo.

Perdomo también reveló que desde 2017 hasta 2020 se han identificado 557 agresiones desde funcionarios públicos “que en lugar de cumplir con la finalidad de servicio lo que hacen es agredir a las personas que ejercen sus derechos”.

Pero en lo que sí concuerdan la abogada del caso, el vocero de la Corporación Jurídica Libertad y el general en retiro de la Policía, es un hecho innegable: la justicia colombiana tardó demasiado tiempo en establecer que el agente del Esmad fue el culpable de asesinar a Nicolás Neira, quien murió ejerciendo su legítimo derecho a la protesta.

Esta sentencia sin precedentes para el país se convierte en el primer fallo condenatorio que dicta el Estado colombiano en cabeza de un juez en contra de un policía del Escuadrón Móvil Antidisturbios que asesina a una persona durante una manifestación pública.

Por ese presente que deja, se esperaría que otros casos sean resueltos con mayor brevedad pues “al fin y al cabo todas las partes pierden con tanta demora y es un proceso demasiado demorado para la sociedad, para las víctimas, y hasta para la institución; es un tiempo muy prolongado hasta para el mismo funcionario policial. Y mire que por este tipo de hechos distintos sectores de la opinión pública cuestionan temas de impunidad por procesos tan demorados”, dijo Delgado.

“Se espera que esto sirva para el esclarecimiento de los demás casos que están en curso y para la determinación de que el Escuadrón Móvil Antidisturbios en el momento en que interviene una manifestación viola los Derechos Humanos y puede llegar a asesinar de manera indiscriminada”, concluyó la abogada Alejandra Garzón.

El éxito del caso, sin duda, se debió en gran medida a la determinación del padre de la víctima, Yuri Neira, para luchar por el esclarecimiento de los hechos durante estos 15 años. Su determinación para conocer la verdad lo obligó a exiliarse en España tras amenazas contra su vida. Desde allí, celebró el fallo y pidió que otros casos similares se resuelvan para que las familias no tengan que padecer lo mismo que él.