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Que los miembros de la Fuerza Pública deben ejercer sus funciones teniendo en cuenta la existencia y la aplicación de los Derechos Humanos (DD. HH.) es una idea en la que coinciden prácticamente todos los sectores de la política.
Así lo sostuvo en una entrevista del mes pasado con EL COLOMBIANO Nancy Patricia Gutiérrez, consejera presidencial para los Derechos Humanos, quien señaló que “indiscutiblemente, a la Fuerza Pública hay que mantenerla en una capacitación constante de DD. HH. y DIH”. Y así lo propuso el representante a la Cámara del opositor partido Alianza Verde, Inti Asprilla, quien impulsó uno de los proyectos de ley de reforma a la Policía que más dio de que hablar en el Legislativo y que acabó hundiéndose la semana pasada.
De igual forma, el pasado 6 de junio, en medio de una ceremonia de ascensos, el presidente Iván Duque anunció que proponía una “transformación” a esa institución. Señaló que el primer paso será la radicación de un proyecto de ley ante el Congreso el próximo 20 de julio, cuando inicia la legislatura.
Según dijo, se creará un “nuevo estatuto disciplinario policial” y habrá una dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, encabezada por un funcionario que no estará vinculado a la Policía. Además, sostuvo que la reforma estará enfocada en la “profesionalización” con enfoque humano y que se va a crear una dirección de educación de la Policía Nacional.
Sin embargo, en la actualidad los uniformados sí reciben formación en DD. HH. En respuesta a un derecho de petición interpuesto por EL COLOMBIANO, la Dirección Nacional de Escuelas de la Policía Nacional da cuenta de los “programas académicos en los cuales se abordan de manera transversal temáticas en uso de la fuerza y el respeto por los Derechos Humanos”.
Entre otras cosas, detallaron que en 2020 se hicieron al menos cinco seminarios y dos diplomados para los uniformados. El que más inscritos tuvo fue el Diplomado en Derechos Humanos para el servicio de Policía, al que asistieron 150.594 miembros, lo que correspondía para entonces a “la totalidad del personal”. Y, con el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja se hicieron “capacitaciones a funcionarios de la Policía en el diplomado Formador de formadores en Derechos Humanos”, aunque no se especificó la cantidad de personal inscrito. En menor medida, 578 asistieron a un diplomado para el Servicio de manifestaciones y control de disturbios.
Dos de los seminarios que se dictaron en 2020 trataron el mismo tema. Uno se denominó Actualización para el servicio en manifestaciones y control de servicio (que capacitó a 1.232 personas) y el otro se conoció como Servicio en manifestaciones y disturbios para la seguridad ciudadana (asistieron 3.244 uniformados).
La Dirección Nacional de Escuelas de la Policía Nacional señaló que estos programas permiten que “los policías actúen de manera profesional” y advirtieron que se hace “hincapié en los principios para el uso de la fuerza (necesidad, legalidad, proporcionalidad y racionalidad)”.
Sin embargo, hasta el pasado 11 de junio la Justicia Penal Militar (JPM) reportó que había abierto 35 indagaciones en contra de miembros de la Fuerza Pública por hechos ocurridos durante el Paro Nacional. Y, según el conteo de la Ong Temblores, que se especializa en recopilar información de hechos de abuso policial, entre el 28 de abril y el 16 de junio se registraron 4.285 presuntos casos de violencia por parte de uniformados.
Isaac Morales, politólogo e investigador de la Fundación Paz y Reconciliación, aseguró que “es evidente que hay una falta al respeto a los principios básicos del uso de la fuerza”. Para él, uno de los puntos más importantes tiene que ver con el cumplimiento del principio de proporcionalidad. “Un miembro de la institución policial colombiana no puede responderle a un ciudadano que está inerme con el tiro de un arma no letal y mucho menos con un arma de fuego”, opinó.
Alejo Vargas, analista en temas de seguridad y profesor del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional, afirmó que “el problema históricamente ha sido creer que el tema se resuelve con cursos de derechos humanos. Un curso se puede tomar por cumplir un requisito. Creo que hay que revisar todo el proceso de formación de los miembros de la Policía”.
Por su parte, la abogada Tania Parra, quien tiene experiencia como defensora de miembros de la Fuerza Pública, sostuvo que las inconformidades sociales que se desatendieron después del proceso de paz cambiaron las confrontaciones que se dan en Colombia. “Es un conflicto que ya no es armado, sino social y económico. La inconformidad ya no es de un grupo alzado en armas, sino de una porción de la sociedad”, expresó.
Para ella es fundamental que la Policía deje de hacer parte del Ministerio de Defensa, una medida en la que concuerdan los demás analist as y que no está contemplada dentro de la reforma a la Policía propuesta por el presidente Duque. Pero Parra argumentó que el hecho de que esa institución se vincule a una entidad estatal de carácter civil sería un primer paso para conseguir un cambio de orientación en beneficio de toda la sociedad.