El Colegio de Abogados de Medellín manifestó su preocupación por las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro relacionadas con el Consejo de Estado, luego de que ese alto tribunal suspendiera provisionalmente una medida que obligaba el traslado de recursos por 25 billones de pesos desde los fondos privados de pensiones.
Es importante recordar que, en su momento, el presidente Gustavo Petro reaccionó con dureza y acusó al alto tribunal de frenar una decisión que, según él, responde a la voluntad de los trabajadores: “El Consejo de Estado está vetando el traslado de los ahorradores que han pedido los trabajadores”, afirmó el mandatario.
Además, elevó el tono al vincular la decisión judicial con una supuesta defensa de intereses del sector financiero. “Le permite robar a los banqueros los ahorros de los trabajadores”, sostuvo.
Más recientemente, a través de su cuenta de X, el mandatario agregó: “Respeten a quienes se han pasado la vida trabajando y tienen todo el derecho a que les paguen su pensión. Impedirlo es un poder ilegítimo y tiránico, solo motivado por el poder fáctico del dinero del que no tiene el derecho”.
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Al respecto, a través de un comunicado público divulgado este mes (titulado: “Las decisiones del Consejo de Estado hay que respetarlas y acatarlas”), el Colegio de Abogados de Medellín señaló que las decisiones judiciales deben ser respetadas y tramitadas mediante los mecanismos legales establecidos, aun cuando existan desacuerdos frente a ellas.
”La separación de poderes no constituye una formalidad retórica ni un obstáculo para el ejercicio del gobierno. Es, por el contrario, uno de los pilares fundamentales de toda democracia moderna y una garantía indispensable para la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos. El respeto por las decisiones judiciales, aun cuando no se compartan, constituye un deber constitucional”, dice el documento.
El Colegio de Abogados agregó que el debilitamiento de la confianza en las instituciones judiciales puede afectar el equilibrio democrático y el Estado de derecho. Por ello, hizo un llamado a mantener el respeto entre las ramas del poder público y a moderar el lenguaje utilizado en el debate político.
“Colombia necesita hoy más que nunca dirigentes comprometidos con la defensa de las instituciones, la moderación del lenguaje público y el respeto por la autonomía de las ramas del poder público. La democracia no se protege debilitando a los jueces; se fortalece respetando la Constitución, las decisiones judiciales y el equilibrio de poderes”, estipularon.
Aquella declaración del Colegio fue en línea con la del Consejo de Estado, que se dirigió al presidente para recalcarle que ese tipo de pronunciamientos puede desencadenar estigmatizaciones y presiones contra los magistrados que toman decisiones con fundamento en la normativa vigente.
Además, enfatizó que el derecho a la libertad de expresión no debe convertirse en una herramienta para desacreditar a las instituciones ni comprometer la seguridad de los funcionarios judiciales.
”A poderes mayores, mayores controles”, dijo el alto Tribunal.
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