La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, ordenó medidas cautelares en favor de tres líderes sociales y sus familias, tras identificar serios problemas de seguridad y la inoperancia del Estado para salvaguardarlos.
El organismo internacional solicitó que Colombia adopte las medidas necesarias para proteger a los líderes sociales y que puedan continuar sus labores en defensa de los derechos humanos. Además, el Gobierno deberá informar en un plazo máximo de 15 días la adopción de las medidas cautelares y las acciones adelantadas para evitar su repetición.
Los solicitantes pidieron a la CIDH la adopción de medidas cautelares por parte del Estado colombiano con la finalidad de proteger los derechos a la vida y la integridad personal de Carlos Mauricio Mosquera Miranda, Guillermo Andrés Mosquera Miranda, Nidia Marcela Montoya y sus núcleos familiares.
Los tres líderes son miembros de la Asociación Campesina de Trabajadores de Argelia (ASCAMTA) y han sido víctimas de múltiples amenazas y de atentados.
Según la Comisión Interamericana, Guillermo y Nidia son docentes en el Cauca y líderes sociales, y Carlos es excandidato a la Cámara de Representantes por la Jurisdicción de paz.
“Nidia fue declarada objetivo militar en 2020; en mayo de 2022, un carro bomba explotó cerca de la vivienda de Carlos Mauricio, y, en noviembre de 2022, Guillermo Andrés sufrió una tentativa de homicidio”, aseveró la CIDH.
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El 12 de julio de 2022, la Unidad Nacional de Protección (UNP) otorgó medidas de protección a Guillermo e incluyó a Nidia, Guillermo y sus hijos al registro único de víctimas. El estado colombiano alegó que ha adoptado medidas para proteger la vida y la integridad y solicitó a la CIDH que desestimará la solicitud de medidas cautelares.
Sin embargo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos consideró que el Estado colombiano no ha cumplido con su deber de mitigar los factores de riesgo contra los líderes sociales.
Asimismo, la Comisión no ha recibido por parte del estado información sobre el avance en las distintas investigaciones por las amenazas denunciadas por las personas beneficiarias desde 2018.
“El Estado no presentó información respecto de la situación de Carlos Mauricio Mosquera Miranda. Por su parte, los núcleos familiares de las personas beneficiarias estarían en riesgo dadas las posibles represalias, y considerando las acciones de acoso y hostigamiento de las que han sido objeto el padre y la madre de Guillermo Andrés y Carlos Mauricio”, concluyó la decisión.
