En su más reciente informe, el Comité Internacional de la Cruz Roja Internacional (CICR) manifestó que en el transcurso de 2024, la situación humanitaria en Colombia ha continuado deteriorándose de manera significativa.
Afirma que el contexto de violencia y el incremento de los hostigamientos y uso de armas de fuego ha obligado a comunidades enteras a confinarse o desplazarse, afectando su acceso a bienes y servicios esenciales y limitando su movilidad por el territorio.
Según el informe, la intensificación de los ocho conflictos armados en Colombia ha tenido consecuencias graves en los primeros cinco meses de 2024, con un notable aumento en los confinamientos y desplazamientos forzados de comunidades.
Según cifras oficiales, 31.832 personas se han visto obligadas a confinarse, un aumento del 101% en comparación con los mismos meses de 2023. El departamento de Chocó ha sido particularmente afectado, pasando de cinco eventos de confinamiento en el mismo periodo del año pasado a 13 eventos en lo que va de este año.
El CICR registró 194 víctimas de artefactos explosivos entre enero y mayo de este año, un incremento del 35% respecto al mismo periodo del año anterior. De estas víctimas, el 69% eran civiles, el porcentaje más alto registrado en los últimos seis años.
En cuanto al desplazamiento masivo, 26.753 personas se han desplazado en lo que va de 2024, representando un incremento del 49% en comparación con el año anterior. Nariño sigue siendo el departamento más afectado por el desplazamiento masivo, aunque en otras zonas del país, como Bolívar, se ha visto un aumento significativo en el número de eventos reportados. Además, 24.437 personas fueron registradas como desplazadas individuales, siendo Buenaventura la principal ciudad expulsora y Bogotá la principal ciudad receptora.
El fenómeno de la desaparición también persiste en 2024, pues se han documentado 78 casos de desaparición relacionados con los conflictos armados entre enero y mayo. La mayoría de estos casos se reportaron en los departamentos de Arauca y Cauca.
Según el informe, estas problemáticas afectan de manera desproporcionada a las poblaciones históricamente más vulneradas, especialmente a la población afro e indígena. Más del 60% de las personas afectadas por confinamientos y desplazamientos masivos pertenecen a estas comunidades.
Los espacios comunales, escuelas y viviendas han sufrido daños significativos debido a los enfrentamientos y al uso de artefactos explosivos, aumentando el riesgo y la presión sobre las comunidades afectadas.
El CICR ha expresado su preocupación por el incumplimiento de las partes respecto a la obligación de proteger a la población civil y a sus bienes, e insiste en la necesidad de respetar el derecho internacional humanitario para mitigar las consecuencias.
A pesar de que las mesas de diálogo siguen vigentes y hay varios pactos de cese al fuego, los enfrentamientos por el control territorial persisten y se recrudecen. La complejidad de la situación humanitaria en Colombia requiere una atención urgente y un compromiso firme por parte de todas las partes involucradas para proteger a las personas más vulnerables y garantizar su acceso a derechos fundamentales en medio de los conflictos armados.
