Los ilegales que operan en el Catatumbo se han aprovechado del poder que otorgan las armas para violentar a las mujeres. En la zona viven con el miedo de que un disidente o un guerrillero del ELN las abuse o las arrastre a un red de trata de personas.
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Han pasado 116 días desde que se desató la crisis humanitaria por cuenta de los enfrentamientos entre el ELN y los disidentes del Frente 33 de las Farc.
La Defensoría del Pueblo recogió las denuncias de 62 mujeres que –pese a tener que convivir de cerca con hombres armados– denunciaron los abusos de los ilegales.
Las víctimas afirman haber sido víctimas de violencia sexual, trata de personas y trabajo forzado por parte de los actores armados.
“A muchas les dicen: ‘O entregas a tu hijo para el grupo, o te entregas tú’”, había denunciado Diana Vargas, líder de la Asociación de Mujeres Tejedores de Paz
Las 62 víctimas ya interpusieron la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, pero puede haber un subregistro de mujeres que optaron por el silencio ante el temor de la represalia de los armados.
“Te tocan con el fusil, te apuntan, te desnudan... y todo eso, con tus hijos ahí cerca”, había relatado una de las víctimas.
El informe de la Defensoría del Pueblo también documento que los disidentes del Frente 33 tienen espacios que denominaron como “campos de resocialización”. Allá obligan a los civiles a realizar trabajos forzados como forma de disciplinamiento social y las mujeres han sido víctimas de violencia sexual.
La violencia sexual incluye violaciones, desnudez forzada, acosos, explotación sexual, abortos y embarazos forzados y amenazas de contenido sexual.
El Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica reconstruyó el perfil de los armados abusadores y detalló que estos recurren a la “persuasión, amenaza, coacción, chantaje, intimidación, aprovechamiento de relaciones de poder o enamoramiento” para acceder a las víctimas.
Hasta febrero de esta año, indicó la Defensoría, en el Catatumbo se había documentado el caso de 50 mujeres que cayeron en redes de trata de personas. Esa renta ilícita, en su mayoría, es controlada por los actores armados.
“(La mujeres), al no contar con redes de apoyo ni mecanismos de protección institucional, quedan expuestas a situaciones de explotación laboral, sexual y de reclutamiento forzado por parte de los actores armados”, advirtió la Defensoría.
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Las personas con identidades de género diversas también han quedado expuestas a los abusos de los actores armados. Solo en el municipio de Tibú se documentó el caso de 30 personas de la comunidad LGBTIQ+ que fueron desplazadas o recibieron amenazas contra su vida por parte del ELN y los disidentes de las Farc.
Así va la crisis
A la disputa criminal entre el ELN y los disidentes se sumó la incursión del Clan del Golfo, grupo armado que empezó a consolidar presencia en el sur del Cesar, Bolívar y Magdalena Medio y que podría entrar en la disputa por el Catatumbo.
“Los escenarios planteados reflejan una tendencia clara hacia la intensificación del conflicto armado en el Catatumbo. Pese al despliegue militar en el marco del estado de conmoción interior, persiste una limitada capacidad de contención efectiva del conflicto”, alertó Iris Marín, defensora del Pueblo.
