La Fiscalía General de la Nación, en coordinación con la Policía Nacional, reveló este 16 de julio de 2025 que fue desarticulada una red de apoyo a las disidencias de las Farc que operaba en Villavicencio (Meta) y Sogamoso (Boyacá). Esta estructura habría suministrado información confidencial sobre operativos de las Fuerzas Militares a los cabecillas del grupo armado ilegal, a cambio de beneficios económicos.
Entre los cuatro capturados se encuentra Juan Sebastián Tangua Corzo, teniente activo del Ejército Nacional, señalado de colaborar con la subestructura 28, conocida como ‘José María Córdoba’, una de las más activas en el oriente del país.
¿Quiénes son los implicados?
Las autoridades identificaron a cuatro presuntos integrantes de la red, cada uno con funciones específicas dentro del entramado criminal:
Teniente Juan Sebastián Tangua Corzo: Habría filtrado información clasificada de las Fuerzas Armadas y facilitado el acceso a material bélico. Su colaboración directa con un cabecilla lo convierte en una pieza clave del engranaje delictivo.
Néstor Orlando Ricaurte Nossa: Administraba el dinero proveniente de extorsiones, utilizado para pagar por la información militar.
Otoniel Forero Mosquera: Coordinaba la logística financiera y militar en Villavicencio. Recibía combatientes del Cauca y gestionaba pagos para informantes y operaciones armadas en Arauca.
Jhon Alexander Ortiz Sánchez, alias ”Ingeniero”: Responsable de la inteligencia delictiva en Arauca, facilitaba el traslado seguro de guerrilleros, así como la distribución de armas, municiones y explosivos.
Los cargos judiciales y el material incautado
La Fiscalía imputó a los capturados por delitos relacionados con terrorismo y corrupción. Entre las acusaciones se encuentran el concierto para delinquir agravado con fines de terrorismo, cohecho propio, lavado de activos, fabricación y tráfico de armas de uso restringido o privativo de las Fuerzas Armadas, así como tráfico de estupefacientes.
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Ninguno de los procesados aceptó los cargos, y todos fueron enviados a prisión preventiva por decisión de un juez de control de garantías.
Durante los operativos judiciales, las autoridades incautaron una considerable cantidad de elementos probatorios. Se hallaron casi 12 millones de pesos en efectivo, catorce celulares, un arma de fuego, un fusil, dos tubos de mortero, dos cañones de ametralladora, tres silenciadores, 95 cartuchos calibre 38, y más de cuatro kilos de clorhidrato de cocaína, además de base de coca.
También se decomisaron documentos, libretas manuscritas, una memoria USB, escrituras públicas, vouchers de consignaciones y un computador portátil.
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