La decisión de Bolivia se produjo después de que el presidente colombiano hablara de una “insurrección popular” y ofreciera apoyo para una salida pacífica al conflicto.
La relación diplomática entre Colombia y Bolivia atraviesa un nuevo momento de tensión y se suma a la crisis con Ecuador.
Esta vez, el Gobierno boliviano decidió expulsar a la embajadora colombiana en La Paz, Elizabeth García, luego de considerar que el presidente Gustavo Petro intervino de manera indebida en asuntos internos del país.
La decisión fue confirmada por el canciller de Bolivia, Fernando Aramayo, quien aseguró que la diplomática fue declarada persona “non grata” por las reiteradas declaraciones públicas del mandatario colombiano sobre la situación política boliviana.
“Efectivamente, la embajadora fue declarada persona ‘non grata’ ante las insistentes declaraciones públicas del presidente Gustavo Petro de injerencia en política interna boliviana”, afirmó Aramayo en declaraciones a la red UNITEL.
El funcionario también cuestionó el respaldo que, según dijo, Petro ha dado a sectores políticos que el Gobierno boliviano considera desestabilizadores, como Evo Morales, expresidente de aquel país.
Minutos después, el comunicado completo fue publicado por la Cancillería de Bolivia.
En él afirmaron: “El Estado Plurinacional de Bolivia considera indispensable que toda valoración o pronunciamiento externo respecto de la situación interna del país se desarrolle con responsabilidad, prudencia diplomática y pleno respeto a la institucionalidad democrática y constitucional vigente”.
Pero, ¿Qué pasó?
La controversia se originó después de que el jefe de Estado colombiano se pronunciara este fin de semana sobre la crisis de orden público y las protestas que enfrenta Bolivia desde abril.
A través de su cuenta de X, Petro aseguró que en ese país existe una “insurrección popular” y sostuvo que la situación es consecuencia de una “soberbia geopolítica”.
Sus comentarios generaron malestar en el Gobierno boliviano, que interpretó esas afirmaciones como una intromisión en asuntos internos.
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”Las transformaciones que Bolivia requiere, luego de casi veinte años de tensiones políticas, deterioro institucional y problemas estructurales acumulados, deben ser impulsadas por los propios bolivianos, en paz, con responsabilidad democrática y pleno respeto a su soberanía”, dijeron desde aquel Gobierno.
Y agregaron: “Bolivia recuerda la importancia del respeto al principio de no injerencia en los asuntos internos de los Estados, conforme al Derecho Internacional y a los principios que rigen las relaciones entre países de América Latina y el Caribe”.
Pese a eso y a que su mandato termina el próximo 7 de agosto, el presidente colombiano también insistió en que su Gobierno estaba dispuesto a contribuir a una salida pacífica de la crisis si las partes involucradas así lo solicitaban.
“Latinoamérica y el Caribe deben ser escuchados por el mundo mirando de frente en paz, y hablando con franqueza”, escribió Petro.
Desde diferentes sectores políticos, estas palabras fueron vinculadas de inmediato con la situación jurídica de Evo Morales. Es allí cuando aparece su apoyo, criticado por el actual Gobierno de Ecuador.
Actualmente, el Tribunal de Tarija dictó una orden de captura contra el expresidente boliviano y lo declaró en rebeldía, luego de que este no se presentara a un juicio donde se le investiga por una presunta relación que habría sostenido con una menor de 15 años durante su periodo presidencial. Morales se encuentra prófugo de la justicia.
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A través de sus redes, Morales agradeció a Petro por lo que consideró una postura firme para “defender la soberanía de América Latina ante la soberbia del imperialismo”.
El actual presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, lleva tan solo seis meses en el poder. Su llegada a la presidencia marcó el fin de una era de casi 20 años de hegemonía política continua presidida por Evo Morales.
Sin embargo, la gestión del nuevo mandatario ha enfrentado una rápida resistencia en las calles.
Las manifestaciones y bloqueos de vías son lideradas por sectores sindicales, campesinos y vecinales que inicialmente exigían mejoras salariales.
La Central Obrera Boliviana (COB), la principal organización sindical de ese país, mantiene movilizaciones desde hace dos semanas que comenzaron con la exigencia de un aumento salarial del 20%, pero que rápidamente derivaron en una presión directa para exigir la renuncia del presidente Paz.
La situación llegó a un punto álgido el sábado, cuando la Policía y las Fuerzas Armadas bolivianas ejecutaron un operativo conjunto para desbloquear las carreteras estratégicas que conectan a La Paz y El Alto con otras regiones.
No obstante, para evitar un “derramamiento de sangre”, el Gobierno boliviano ordenó posteriormente el repliegue de los uniformados y convocó a un diálogo con los dirigentes indígenas y campesinos para consensuar un plan de trabajo.
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A pesar de las tensiones, la Cancillería boliviana aseguró:
”La presente decisión no constituye ruptura de relaciones diplomáticas con la República de Colombia ni afecta los históricos vínculos de amistad, cooperación y respeto entre ambos pueblos y Estados. El Gobierno boliviano reitera asimismo su disposición de mantener abiertos los canales diplomáticos e institucionales correspondientes”.
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