Al ministro de Interior Armando Benedetti lo volvió a traicionar su temperamento. Aunque ya no es traición, si se tiene en cuenta que su comportamiento procaz y machista es sistemático. En plena entrevista al aire arremetió sin filtros contra la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana, a quien llamó “loca hijueputa”, sin que ningún interlocutor le reclamara respeto ni intentara frenar su diatriba contra una representante de una de las más altas dignidades de la justicia en Colombia.
El estallido verbal ocurrió luego de una diligencia de allanamiento en su mansión en Barranquilla, Atlántico. Un grupo de al menos treinta uniformados ingresó a la vivienda, donde se encontraba su esposa, Adelina Guerrero, para adelantar una inspección judicial. Según la Corte, Benedetti “tiene actualmente varios procesos activos en la Sala de Instrucción de esta corporación”.
El allanamiento estaría relacionado con una investigación sobre un proyecto de ley tramitado hace una década, cuando Benedetti era senador. Dicho proyecto habría favorecido a una empresa dedicada a certificar la aptitud psicofísica de los vigilantes para el porte y tenencia de armas de fuego, y el hoy ministro habría recibido como contraprestación una lujosa mansión.
Detrás de esta nueva indagación estaría, precisamente, la magistrada Cristina Lombana, quien desde hace siete años encabeza varios procesos contra Benedetti por presuntos hechos de corrupción. Al enterarse, a través de su esposa, de que la diligencia de allanamiento estaba siendo dirigida por la misma magistrada, el ministro perdió el control. En un arranque de ira, la insultó públicamente, tildándola de “loca”, “demente” y “delincuente”. Sus palabras no solo revelaron un profundo irrespeto hacia la institucionalidad judicial, sino que desataron una ola de rechazo por la violencia verbal con la que suele reaccionar frente a las mujeres que lo cuestionan.
El alto tribunal, a través de un comunicado, rechazó “las descalificaciones personales y los ataques verbales del Ministro del Interior a una magistrada de la Corte Suprema de Justicia, dado que pueden afectar el desarrollo de las investigaciones o menoscabar la confianza en la administración de justicia”.
En la etapa investigativa, agregó el alto tribunal, las decisiones sobre los avances de las indagaciones son adelantadas exclusiva y autónomamente por cada despacho, “no obstante, las decisiones de fondo que luego deban adoptarse sí han de ser pronunciadas por la Sala de Instrucción de manera colegiada”. Es decir, que por lo menos por este caso aún no habría cárcel para Benedetti por la etapa procesal que está en curso, pero sin duda un allanamiento representa un hecho sumamante relevante en la investigación contra el ministro.
El presidente Gustavo Petro salió a defender a su escudero: “Un allanamiento ilegal que se transforma en secuestro de una familia, producida por una magistrada de la Corte Suprema víctima de su propio odio”, dijo en redes sociales ampliando el ataque desde el poder Ejecutivo contra el poder Judicial.
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Historial machista y procaz
Más allá de la coyuntura, las declaraciones de Benedetti revivieron cuestionamientos sobre su trato hacia las mujeres. Ni en público ni en privado han pasado inadvertidos su tono agresivo y sus descalificaciones hacia quienes lo confrontan, sin importar si se trata de colegas políticas, periodistas o, en este caso, una magistrada de la Corte Suprema. Su comportamiento, tolerado durante años en los círculos de poder, se ha convertido en una expresión de la violencia verbal y simbólica que persiste en los más altos niveles del Estado.
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Aunque el funcionario ha intentado presentar sus declaraciones como una respuesta a supuestos abusos de poder, lo cierto es que se trata de una decisión judicial en el marco de procesos en curso ante la Corte Suprema de Justicia, no de una disputa personal.
Lombana es la magistrada de la Sala de Instrucción que abrió en marzo de 2021 una investigación formal contra Benedetti por presunto enriquecimiento ilícito, tras detectar inconsistencias patrimoniales entre los ingresos del entonces congresista y su fortuna personal. Según los reportes contables, entre 2002 y 2018 habría recibido alrededor de $3.000 millones de pesos que no tendrían justificación en su salario como legislador. Sería el primero de los siete procesos en contra de la mano derecha del presidente Gustavo Petro.
Un año después, en abril de 2022, el propio Benedetti solicitó a la Corte que Lombana fuera apartada del proceso, alegando falta de imparcialidad. Desde entonces, cada avance judicial ha sido acompañado de nuevos ataques públicos por parte del hoy ministro.
En agosto de 2023, el entonces exsenador presentó una denuncia penal y una queja disciplinaria contra la magistrada, en las que la acusó de haber incurrido en irregularidades procesales y de haber perdido competencia para investigarlo.
En esa misma fecha, dentro del caso de presunta corrupción en el Fonade, Benedetti también recusó a la magistrada, asegurando que esta daba “muestras de considerarlo culpable” y que sus actuaciones configuraban “una grave extralimitación de sus funciones”.
Aunque los ataques de Armando Benedetti contra la magistrada Cristina Lombana no son nuevos, esta vez cruzaron definitivamente la línea entre el debate y la desmesura. Lo que podría haberse entendido como una reacción emocional ante una investigación judicial terminó evidenciando un patrón de conducta más profundo, marcado por expresiones de machismo y violencia verbal que han acompañado al funcionario durante años. Su comportamiento no sorprende a quienes han seguido su trayectoria.
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Cuando se anunció su regreso al Gobierno de Gustavo Petro, tras su paso por las embajadas de Venezuela y la FAO, las redes sociales se llenaron de reclamos que pedían al presidente abstenerse de reincorporar a un hombre señalado reiteradamente por maltrato hacia las mujeres. Las críticas se reactivaron al recordarse episodios anteriores, como el ocurrido en Madrid, España, cuando presuntamente agredió a su esposa, Adelina Guerrero.
De acuerdo con versiones conocidas en su momento, Benedetti habría tomado un cuchillo en presencia de su pareja y de su suegra, cortando varios de los bolsos de la mujer y amenazándolas con el arma. No fue el único caso. Laura Sarabia, hoy embajadora de Colombia en el Reino Unido, también denunció haber sido víctima de un trato violento, despectivo y misógino cuando fue nombrada como jefa de gabinete del Gobierno Petro.
Según su relato, Benedetti la hostigaba con comentarios ofensivos, insultos y amenazas. Incluso la Defensora del Pueblo, Iris Marín, cuestionó públicamente el retorno de Benedetti a un cargo de alto nivel en el Ejecutivo. En su momento advirtió que resultaba inadmisible que alguien con denuncias por violencia basada en género fuera designado en una posición tan cercana al presidente.
“El señor Benedetti debería asumir la responsabilidad por sus comportamientos pasados”, escribió Marín. A pesar de las advertencias, el funcionario fue nombrado y hoy cumple su primer año como jefe de la cartera política.
Procesos contra Benedetti
Mientras tanto, en los despachos judiciales, el panorama de Benedetti no es menos complejo. Actualmente enfrenta siete procesos ante la Corte Suprema de Justicia, el más avanzado de ellos relacionado con el escándalo de corrupción en el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade).
Los hechos se remontan a los años 2016 y 2017, cuando era senador del Partido de la U, y según la investigación, habría intervenido indebidamente en la asignación de recursos a través de cupos indicativos, favoreciendo a regiones y contratistas específicos.
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La suma de sus antecedentes, denuncias y arrebatos públicos pinta el retrato de un funcionario acostumbrado a moverse entre el poder y la controversia, que ahora, en su rol de ministro del Interior, parece haber olvidado que el respeto institucional también es una forma de liderazgo.
Tiene también otros procesos por presunto enriquecimiento ilícito; financiación ilegal de campañas electorales, tras los audios publicados por Semana en los que admite haber conseguido 15.000 millones de pesos para la campaña de Petro. También se le acusa de delitos contra mecanismos de participación democrática. La Fiscalía investiga financiación de campañas políticas con recursos públicos, clonación de cédulas y financiación de grupos paramilitares.
Así es la mansión de Benedetti en Barranquilla allanada que fue de Alex Saab
En la vía que conecta Puerto Colombia con la capital del Atlántico, está ubicado un lujoso condominio que tiene desde terrazas con piscinas, restaurantes llamativos y canchas de tenis, hasta un extenso campo de golf. Y, si bien no es un lugar en el que puedan acceder todas las personas, durante esta mañana obtuvo la atención del país luego de que el ministro del Interior, Armando Benedetti, denunciara un allanamiento a su casa, que está dentro del complejo, ordenada por la Corte Suprema de Justicia.
Entre bosques y vegetación caribeña, se encuentra este costoso condominio al que pocos tienen acceso en la ciudad de Barranquilla: Club Lagos de Caujaral. “Caujaral”, -que viene de “Caujaro”, un árbol silvestre muy típico de la Costa Atlántica-, alberga, en medio del calor de la zona y su privilegiada ubicación estratégica, mansiones que oscilan entre 2.500 y 15.000 millones de pesos. Justamente, el pasado 31 de octubre ya se había denunciado esta compra por parte de Benedetti, que, además, revela que la vivienda perteneció a Alex Saab, testaferro del régimen de Nicolás Maduro.
Así es la mansión de Benedetti en Barranquilla allanada que fue de Alex Saab. Posteriormente, el empresario de espectáculos Ricardo Leyva ocupó la vivienda y confirmó que cedió el contrato al ministro Benedetti hace cerca de dos meses, aunque sin precisar las condiciones del acuerdo ni el valor exacto del arriendo. El ministro estaría pagando más de 20 millones de pesos mensuales, una cifra considerable frente a su ingreso oficial de 26,8 millones.
La casa, ubicada en la calle “No me olvides”, cuenta con cuatro habitaciones, estudio, sala, comedor, piscina y garajes, y pertenece a uno de los conjuntos residenciales más exclusivos del Atlántico. En su página web, Lagos de Caujaral, afirma que se construyó como “un sueño”. Partió de una idea que se gestó en el mes de noviembre de 1968 gracias a la unión de un grupo de distinguidas personalidades de la ciudad de Barranquilla.
Cuenta no solo con el extenso lote que alberga un campo de golf de 18 hoyos, en el que un torneo privado durante los fines de semana y festivos puede llegar a costar hasta 8 millones 700 mil pesos más el IVA, sino que también cuenta con acceso al gimnasio del complejo, que para los residentes la entrada cuesta $160 mil pesos mensuales. Pero no se queda solo ahí. El complejo también cuenta con acceso a zonas húmedas para damas y caballeros, restaurantes exclusivos y carritos de golf para trasportarse en sus instalaciones.
Denunciaron a Benedetti en la Fiscalía por insultos en contra de la magistrada Lombana
La acción judicial busca que se investiguen estos los hechos que podrían constituir una afectación a la integridad moral de la magistrada. Fue presentada por el presidente de la Red de Veedurías de Colombia, Pablo Bustos Sánchez, y la interpuso ante la Fiscalía General de la Nación por el presunto delito de “violencia moral agravada contra servidor público”, en perjuicio de la magistrada Cristina Lombana, de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
En el documento, Bustos solicita que la Fiscalía adelante una investigación “por hechos que atentan contra la independencia de las ramas del poder público”, luego de que Benedetti publicara mensajes en la red social X en los que calificó a la magistrada de “demente y delincuente”. Bustos consideró que esas afirmaciones constituyen “una grave afrenta no solo contra la magistrada Cristina Lombana como ciudadana, sino contra la majestad de la justicia”.
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En la denuncia, el presidente de la Red de Veedurías de Colombia pidió a la Fiscalía “imprimir celeridad a la investigación” y examinar si las expresiones de Benedetti encajan en el tipo penal de violencia contra servidor público, previsto en el artículo 429 del Código Penal, que contempla penas de entre cuatro y ocho años de prisión. “Se trata de una intromisión indebida y una falta de respeto frente a la dignidad de un magistrado de la más alta jerarquía en la administración de justicia criminal del país”, señaló el escrito.
La denuncia fue radicada con carácter urgente ante la fiscal general Luz Adriana Camargo y presentó como prueba el enlace a la publicación en X donde Benedetti emitió sus declaraciones. Por otro lado, luego del allanamiento en su residencia, Adelina Guerrero Covo, esposa del ministro, denunció haber sido presuntamente víctima de maltrato y abuso de autoridad por parte de la magistrada Cristina Lombana.
Según escribió en su cuenta de X: “la magistrada Cristina Lombana, durante el allanamiento a mi casa, me trató de ignorante, me mandó despectivamente a sentar y a callarme”. Afirmó también que la funcionaria le “quitó” el celular y que además “intentaron ingresar de manera ilegal hasta bloquearlo”. Dijo que, aunque se permitió la presencia de su abogado, “fue solo para que me mantuviera calladita”. Lo anterior, sin embargo, no ha sido verificado.
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