Robaron fusiles y expedientes durante asalto a la Fiscalía en Popayán

El Gobierno anunció una recompensa de 50 millones por información que conduzca a los responsables.

Según Mindefensa, las disidencias Farc estarían detrás del hostigamiento. FOTO: MINDEFENSA.

Juan Camilo Quiceno Ramírez

15 de mayo de 2021

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El ministro de Defensa Diego Molano informó que, tras el ataque de ayer en Popayán a la URI de la Fiscalía, fueron hurtadas 51 armas, entre las que se incluyen 15 fusiles de largo alcance.

De igual manera, el funcionario se refirió al hostigamiento en contra de la sede de Medicina Legal en la capital del Cauca y, según declaró, estos hechos “deben ser calificados como actos terroristas”.

“Es un ataque a la institucionalidad, un hecho premeditado y organizado que tiene manos criminales detrás. No solamente fue un ataque ayer, buscando justificarse en otros hechos, sino que previamente en otras dos ocasiones durante esta semana, habían buscado atacar”, afirmó Molano.

De acuerdo con el parte entregado por el ministro, cinco despachos del ente acusador fueron afectados y confirmó que “allí se desarrollaban investigaciones relacionadas con información de crímenes desarrollados en este departamento por organizaciones delincuenciales hace muchos años”.

Teniendo en cuenta este contexto, tal como lo expuso Molano, la información suministrada por inteligencia policial indica preliminarmente que “disidentes de la Farc estarían detrás de este ataque con unos delincuentes de las comunas 5 y 6”.

Por ello, añadió el titular de Defensa, han sido identificados algunos de los cabecillas involucrados en estos hechos vandálicos. Entre ellos, alias “Andrés”, alias “Cheto” y alias “Caleño”. En línea con ello, se anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que ayude a esclarecer este episodio y conduzca a la captura de los responsables.

El ministro agregó que en la incursión ilegal a la URI de Popayán también fueron extraídos expedientes que contenían la información de 38 indiciados en relación con actos terroristas en el departamento del Cauca.

“A quién le sirven estas actuaciones, quién planea el robo de 14 fusiles, a quién le sirve incinerar un lugar en donde está el material probatorio de organizaciones criminales que tienen presencia en Cauca”, cuestionó el Daniel Palacios, ministro del Interior.

Y Complementó: “a quién le conviene limitar a Medicina Legal para que no pueda avanzar en su actividad de determinar las causas de muerte de los ciudadanos y así poder avanzar en las investigaciones. Esto es un ataque a la justicia y no puede ser justificado.”.

Así mismo, aseguró que, según información de inteligencia remitida al Gobierno, hay intenciones de continuar con ataques en Popayán. De hecho, añadió, se conoció que el comando de Policía era uno de los objetivos en la lista este viernes.

Acciones de seguridad

Conforme a las declaraciones del ministro de Defensa, la idea consiste en reforzar el pié de fuerza con “seis secciones adicionales del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), para garantizar el control de la ciudad y un apoyo especial del Ejército con 3 pelotones para hacer patrullajes conjuntos y redoblar medidas de orden público que se tomen”.

“Es importante que los actos vandálicos que persisten en la ciudad sean prevenidos y es necesario que haya colaboración de la ciudadanía”, remarcó al tiempo que reiteró las recompensas de hasta 10 millones de pesos por información que facilite la captura de las personas responsables de los distintos disturbios causados en Popayán.

“Sabemos que hay manifestantes que tienen inquietudes y están haciendo movilizaciones pacíficas, a ellos también los protegemos. Pero seremos implacables con las organizaciones que han buscado destruir la ciudad y afectar la institucionalidad”, puntualizó.

Sobre los jóvenes fallecidos

Ambos ministros lamentaron las muertes de Alisson Meléndez y Sebastián Múnera en el marco de las protestas y aseguraron que hay compromiso de la Fuerza Pública y la Fiscalía para esclarecer ambos sucesos.

Por su parte, el alcalde de Popayán, Juan Carlos López Castrillón, se comprometió a acompañar la investigación de estos casos hasta determinar lo ocurrido.

“La muerte de dos jóvenes, de Alison y Sebastián, enlutan a esta región. Nada justifica que un colombiano muera a manos de otro colombiano. Ratificamos nuestra voluntad de garantes de la protesta social. Hemos acompañado y seguiremos acompañando las manifestaciones con nuestros gestores de convivencia”, finalizó el mandatario.

Las cifras entregadas por el Ministerio de Defensa evidencian que, con corte al 14 de mayo, iban 24 presuntos fallecidos en los primeros 17 días de movilización ciudadana, en donde se incluye el homicidio del capitán de la Sijín Jesús Solano Beltán.

De igual manera, los datos hasta la citada fecha hablan de 1.669 heridos: 763 civiles y 906 policiales.