No alcanzaron a pasar dos horas desde que el presidente Iván Duque pidiera desde Corea del Sur investigar a Alberto Mario Ospino, juez promiscuo de Puerto Colombia, Atlántico, por suspender –vía tutela– la caducidad del polémico contrato del Ministerio de las TIC con Centros Poblados, para que ese mismo funcionario judicial reversara su decisión.
Este juez, que tiene su despacho en el mismo municipio donde también reside el representante legal de Centros Poblados, Luis Fernando Duque –quien radicó la tutela–, había suspendido de forma temporal, a través del oficio 0805 del 24 de agosto, la orden de caducar ese contrato impartida por el Ministerio hace una semana y, con la cual, también determinó el embargo de cuentas bancarias y bienes inmuebles.
Sin embargo, y ante las declaraciones del presidente Duque, que en medio de su visita de Estado a Corea del Sur manifestó que la situación “amerita, por lo menos, un análisis de la Comisión de Disciplina Judicial” para esclarecer las fallas que, a su criterio, se evidenciaban en el proceso, el juez Ospino resolvió este miércoles dejar sin efecto la decisión que inicialmente había tomado.
Así mismo, el juez promiscuo de Puerto Colombia remitió el caso a un par suyo civil del Circuito de Barranquilla para segunda instancia.
Una vez se conoció el auto, la ministra Karen Abudinen reiteró que “la caducidad del contrato y las medidas que hemos adoptado para proteger los recursos y el desarrollo de este proyecto de conectividad, siguen en pie”. Y advirtió que el juez “se dio cuenta de que no era competente, eso también es prevaricar, dilatar los tiempos es prevaricar (...) nos han metido cuatro tutelas”.
De hecho, durante un debate de control político en la Comisión Sexta de la Cámara, reveló que al dejar en pie la caducidad se mantiene también el embargo de dos lotes avaluados en $25.000 millones que, junto a las propiedades, bienes y cuentas de bancos –que suman otros $15.000 millones–, se han recuperado $40.000 millones del anticipo de $70.000 millones que ha estado en riesgo de perderse y que hacían parte del contrato 1043 de 2020 por $1,07 billones, que se firmó para llevar conectividad a más de 7.000 colegios públicos de 15 departamentos.
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