Los recientes atentados contra guardianes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) han generado un clima de temor dentro de la institución. En medio de la amenaza de un presunto “plan pistola” que se extiende por varias regiones del país, funcionarios penitenciarios analizan la posibilidad de una renuncia masiva ante la falta de garantías de seguridad.
Durante una reunión reciente entre directivos del Inpec y miembros de inteligencia de la Policía, se conocieron los primeros indicios sobre los posibles responsables de los ataques. Las autoridades apuntan a dos cabecillas de estructuras criminales: Andrés Felipe Marín, alias Pipe Tuluá, presunto líder de la banda La Inmaculada, y alias Chinga Pipe, señalado de controlar rutas de microtráfico desde la cárcel Villahermosa, en Cali.
La hipótesis más fuerte sostiene que estas acciones buscan desestabilizar al sistema carcelario y frenar traslados de internos clave. En el caso de “Pipe Tuluá”, se sospecha que intenta evitar su traslado a La Modelo, luego de haber sido retirado de La Picota, donde, según las investigaciones, continuaba delinquiendo.
Un funcionario del Inpec, que pidió reserva de su identidad, confirmó que el miedo entre los guardianes es generalizado. “Todos sabemos quién está detrás, pero no podemos decirlo porque el próximo muerto podría ser uno mismo”, aseguró. Según explicó, los ataques son aleatorios y no obedecen a amenazas individuales: “Esto es un plan al estilo de los noventa, cualquiera puede ser el siguiente”. En ese contexto, varios de sus compañeros han planteado la posibilidad de renunciar colectivamente.
La Fiscalía y la Policía también investigan si los atentados estarían relacionados con los recientes operativos realizados en Bogotá, Cali y Armenia, donde se incautaron drogas, dinero y celulares usados para coordinar extorsiones desde las cárceles.
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Como respuesta a la crisis, el director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez, anunció medidas urgentes. Entre ellas, la posibilidad de que los funcionarios puedan adquirir armas con descuento en una feria de Indumil, así como la solicitud de permisos de porte para uso personal. Además, se suspendieron las visitas en las cárceles de Bogotá y del Valle del Cauca, con posibilidad de extenderse a otras regiones, los traslados y remisiones no médicas, y se dispuso apoyo de la Policía y el Ejército para reforzar la seguridad durante los desplazamientos de los guardianes.
En los últimos días se han registrado varios ataques. El 3 de octubre, en el occidente de Bogotá, el dragoneante Miguel Muñoz fue asesinado y tres de sus compañeros resultaron heridos. El 4, un guardia fue baleado en las afueras de la cárcel Bellavista, en Bello (Antioquia), y otro en inmediaciones del centro carcelario de mujeres de Armenia. El 7 de octubre, en Cali, fue asesinado el dragoneante Jimmy Flores Salazar.
El Gobierno ofreció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que conduzca a los responsables. Mientras tanto, el temor y la incertidumbre se mantienen dentro del cuerpo de custodia, que exige medidas efectivas para frenar la violencia.
“Aquí no hay temas individuales. Hay una vaina demasiado preocupante y demasiado difícil, que es al estilo de Pablo Escobar en los años 90. Nosotros estamos en permanentes reuniones con el alto gobierno y tratamos de avanzar en lo que más se puede desde el punto de vista de nosotros. Pero es demasiado preocupante. En el caso de la entrega de un arma para protegernos es algo que no garantiza nada. A veces hay más sangre derramada. Desde el punto de vista filosófico creo que sangre con sangre no es la solución”, concluyó el guardián en diálogo con EL COLOMBIANO.
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