Mientras le siguen saliendo ramas al escándalo que sacude al Gobierno sobre los supuestos vínculos entre Ejército, DNI y las disidencias de alias ‘Calarcá’, la Procuraduría es la única entidad que ha tomado decisiones de fondo, por ahora. Aunque el Ministerio de Defensa insistió en mantener en su cargo al general Miguel Huertas y en la DNI no ha habido pronunciamiento sobre Wilmer Mejía, el Ministerio Público abrió este jueves investigación formal contra ambos y ordenó su suspensión por tres meses.
“Su permanencia en cargos donde mantienen el acceso a dicha información les puede permitir reiterar o continuar cometiendo las conductas que ahora se reprochan”, se lee en la decisión.
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La Procuraduría indaga si Huertas y Mejía habrían entregado información reservada sobre movimientos de tropas y operaciones contra esas estructuras en Antioquia, el Catatumbo y el sur de Bolívar, favoreciendo así a grupos armados ilegales.
Ese flujo de datos, según los informes, habría permitido que los insurgentes burlaran controles, evitaran emboscadas y se desplazaran con libertad en momentos en que se desarrollaban operaciones contra ellos.
“Las conductas podrían eventualmente adecuarse a las faltas disciplinarias, previstas en los artículos 62.3 y 65, referidas a ‘fomentar o ejecutar actos tendientes a la formación o subsistencia de grupos armados organizados al margen de la ley; o promoverlos, auspiciarlos, financiarlos, organizarlos, instruirlos, dirigirlos o colaborar con ellos’ y a la realización objetiva de una descripción típica consagrada en la ley como delito sancionable a título de dolo, respectivamente”, se lee en el auto de apertura de investigación formal.
Otro elemento grave, es la supuesta entrega de códigos de frecuencias radiales utilizados por la Fuerza Pública, información que tendría un alto impacto operativo si llegara a manos de grupos armados. A esto se suma el señalamiento de que algunos de los investigados habrían orientado a integrantes de las disidencias para constituir empresas de seguridad privada.
El propósito de esa asesoría sería permitirles acceder de manera legal al porte de armas, en un escenario en el que aún se discutía una eventual continuación o cierre de diálogos entre el Gobierno y esa disidencia.
Con estos elementos, el Ministerio Público avanza en la recolección de pruebas para determinar si los hechos descritos comprometen la responsabilidad disciplinaria de Huertas y Mejía y hasta qué punto pudieron haber contribuido a fortalecer las capacidades operativas de la estructura ilegal de alias ‘Calarcá’.
El órgano disciplinario advirtió que “las circunstancias conocidas, permiten colegir que el general Miguel Huertas y Wilmar Mejía comprendían el alcance de los hechos, de su actuar y, además, tenían plena capacidad de determinarse de acuerdo con esa comprensión, así en cuanto a la exigibilidad del cumplimiento del deber, tenían la posibilidad de ajustar su comportamiento a los deberes que se imponen a todo servidor público”.
Mejía renunciará a la UdeA
El destape de los posibles vínculos de Mejía, un licenciado en educación física convertido en director de Inteligencia, con grupos ilegales, lo tienen en una situación complicada; por eso, estaría decidido a renunciar como representante del Consejo Superior de la Universidad de Antioquia.
Mejía presentaría su renuncia al presidente Gustavo Petro y, según dijo a Teleantioquia, pedirá que se adelanten algunos debates sensibles en el CSU que están pendientes sobre temas presupuestales y hallazgos administrativos para salir del Consejo Superior.
En el caso del general Huertas, mencionado también, se conoció que había salido del Ejército en 2022, cuando el Gobierno de Iván Duque recibió una alerta de Estados Unidos sobre sus posibles vínculos con los grupos armados ilegales.
Sin embargo, con la llegada de Petro al poder, fue reincorporado y recibió una posición estratégica en la estructura de personal del Ejército, un cargo determinante para ascensos, traslados y nombramientos.
Frente al creciente escándalo, el general Huertas sostiene que es inocente y que los documentos que lo relacionan con hechos ilegales no han sido validados por ninguna autoridad y que constituyen una manipulación destinada a destruir su reputación.
Tanto Huertas como Mejía quedaron en el centro del escándalo después de que Noticias Caracol reveló que la Fiscalía tiene desde hace más de un año información extraída de celulares y otros dispositivos incautados a hombres de confianza de alias ‘Calarcá’. En esos equipos aparecen registros que evidenciarían las presuntas relaciones ilegales entre ambos funcionarios y las disidencias.
Atentado en Amalfi
La fiscal Luz Adriana Camargo confirmó este jueves que el contenido de esos dispositivos sí incluye información determinante para esclarecer hechos graves atribuidos al frente 36 de las disidencias de las Farc. Entre ellos, el ataque con explosivos contra un helicóptero de la Policía en Amalfi, Antioquia, en el que murieron 13 uniformados.
Al ser cuestionada por el tiempo que lleva el material en la entidad, Camargo explicó que la revisión de los celulares no fue inmediata debido a los protocolos de custodia de evidencia digital. Ningún funcionario puede acceder al contenido directamente después del operativo; el análisis debe realizarse mediante extracción forense y procesos técnicos especializados. Por eso, señaló, no es correcto medir el tiempo desde el día de la incautación, sino desde la entrega de los informes técnicos.
Hasta ahora, el estudio de los dispositivos ha implicado cinco informes elaborados por la DIJIN, que incluyen tanto la recuperación de los datos como su análisis.
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