LO QUE QUERÍA EL GOBIERNO
En este acuerdo una de las discusiones más recordadas fue sobre el número de zonas en las que se deberían concentrar los guerrilleros para la dejación de armas y su proceso de reintegración. El Gobierno anunció desde el principio que no deberían ser más de 10 territorios. De otro lado, el equipo negociador insistió desde el inicio de las discusiones sobre la entrega de armas, algo con lo que las Farc no estaban de acuerdo. Además, mantuvo su posición sobre decretar el cese bilateral del fuego hasta la firma final, a pesar de las peticiones del otro lado de la mesa de frenar las hostilidades de parte y parte desde que comenzaron las conversaciones de paz.
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LO QUE QUERÍAN LAS FARC
Sobre el número de zonas veredales transitorias de normalización, las Farc llegaron a pedir 80 áreas de ubicación, una para cada uno de sus frentes. Ese grupo insurgente siempre sostuvo que no entregaría sus armas al Gobierno por considerarlo una rendición. También desde el inicio de las conversaciones pidieron negociar con un cese bilateral el fuego, e incluso desde julio de 2015, decretaron por su propia cuenta un cese unilateral. Sobre el monitoreo del cese el fuego y dejación de armas, las Farc pidieron la participación de Unasur y la Celac como veedores de ese proceso. El grupo guerrillero también insistió en que la seguridad de sus integrantes fuera responsabilidad de ellos mismos.
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CESE EL FUEGO Y DE HOSTILIDADES BILATERAL Y DEFINITIVO
El Gobierno y las Farc acordaron suspender de manera definitiva cualquier tipo de acción bélica y de hostilidades contra las tropas de ambos grupos. También se suspendió toda acción violenta contra la población civil por parte de la organización guerrillera como las extorsiones. Este es uno de los pocos puntos del Acuerdo Final que ya se encuentra vigente, ya que tanto el presidente Juan Manuel Santos, como el principal líder de las Farc, alias “Timochenko” dieron la orden de suspender todo tipo de acciones militares. Tendrá un mecanismo de monitoreo y verificación, conformado por organismos nacionales e internacionales que certificará su cumplimiento y permitirá administrar distintos factores que puedan poner en riesgo este acuerdo.
AnáLisis
Eduardo Álvarez Vanegas
Coord. Dinámicas del Conflicto Fundación Ideas para la Paz
Uno de los aspectos positivos de este cese el fuego es que no fue utilizado como estrategia para la negociación, por eso no fue decretado ni al principio ni en la mitad del proceso. Acá es muy importante resaltar el punto de observancia mutua de las partes, es una lógica de yo te observo, tu me observas, pero también hay un tercero que nos observa.
Análisis
Darío Acevedo Carmona
Analista del Conflicto, docente Universidad Nacional
Se corre un riesgo grande al decretarse el cese el fuego antes de la implementación de los acuerdos, o por lo menos de la firma del Acuerdo Final por parte del presidente, sin establecer adecuadamente los mecanismos de verificación. Sin embargo, todo esto sigue dependiendo del plebiscito.
ZONAS VEREDALES TRANSITORIAS DE NORMALIZACIÓN
Se acordó crear 22 zonas veredales transitorias de normalización (ZVTN) y 6 campamentos ubicados en diferentes regiones del país, que tendrán como objetivo garantizar el cese el fuego definitivo y bilateral y la dejación de armas de las Farc. Allí también iniciará el proceso de preparación para la reincorporación a la vida civil de los integrantes del grupo insurgente. En esos puntos donde estarán concentradas las Farc, el Gobierno mantendrá el Estado de Derecho y las autoridades locales su jurisdicción. Las ZVTN también tendrán un sistema de monitoreo con personal del Gobierno, Farc y Naciones Unidas.
Análisis
Eduardo Álvarez Vanegas
Este es un mecanismo necesario en todo proceso de negociación, donde se va a hacer el procedimiento de dejación de armas y tránsito a la vida civil. Es normal en muchos procesos de negociación y lo importante de este es que se aclaró, desde el principio, que iba a ser ejecutado para implementar los primeros acuerdos, como el fin del conflicto, y no iban a ser zonas de despeje o de ubicación como San Vicente del Caguán y Santa Fe de Ralito.
Análisis
Darío Acevedo Carmona
Me parece que es un riesgo innecesario que corre el Estado de prolongar esas zonas, porque van a estar asociadas a otras concesiones como las circunscripciones especiales de paz, y todo eso genera un ambiente de desconfianza para que ellos se queden instalados como los dueños de esos territorios. A partir de esas zonas pueden iniciar con su maquinaria política.
DEJACIÓN DE LAS ARMAS
Las Farc deberán entregar, en diferentes plazos, todo su armamento a las Naciones Unidas, organismo que se encargará de su destino para construir tres monumentos en EE. UU., Cuba y Colombia. Después del Día D (que será cuando el presidente firme el Acuerdo Final), se procederá así para el almacenamiento y destrucción: del Día D+10 al Día D+60 se hará la destrucción del armamento inestable. El Día D+90 se entregará el 30 % de las armas; el D+120, otro 30 %; y el D+150, el 40 % restante. Recibido todo, a más tardar el Día D+180 finaliza el proceso de extracción de las armas por parte de la ONU.
Análisis
Eduardo Álvarez Vanegas
Más allá de la discusión semántica sobre el término dejación o desarme, es importante que exista una verificación internacional con expertos, así como el procedimiento y disposición final que tendrán todas las armas de las Farc. Acá hay que tener en cuenta que no pueden quedar armas sin entregar, lo que se convierte en un asunto de confianza entre las partes. Lo que sí pasará es que la sociedad colombiana sabrá qué pasó con el armamento.
Análisis
Darío Acevedo Carmona
Considero que hay mucho riesgo. Es un proceso demasiado largo, son 180 días para entregar la totalidad de las armas. Se corren riesgos de saboteo, de infiltraciones de otras fuerzas, de problemas y equivocaciones con la Fuerza Pública, porque ellos deben seguir operando contra otros grupos armados ilegales. Todo esto sin contar que hay zonas en las que están cerca otros grupos armados como el Eln y las bandas criminales.
REINCORPORACIÓN A LA VIDA CIVIL DE LOS GUERRILLEROS
En las zonas normalización, los integrantes de las Farc iniciarán un proceso de reincorporación a la vida civil, en lo económico, político y social según sus intereses. Allí mismo, el grupo guerrillero entregará al Gobierno una lista de todos sus integrantes, la cual será verificada y se convierte en un compromiso de terminar el conflicto, dejar las armas y no volver a usarlas. Cada uno de los integrantes de las Farc recibirán una renta básica mensual y durante dos años de $620.000, derecho a una ayuda de ocho millones de pesos para emprender un proyecto productivo y dos millones más al culminar las Zonas Veredales.
Análisis
Eduardo Álvarez Vanegas
Esto hay que mirarlo como una reincorporación más política, de toda la transición que tendrán las Farc hacía movimiento político sin armas. En el papel, están todas las garantías para que exista una verdadera reincorporación a la vida civil, colectiva o individual de los integrantes de esa guerrilla. También hay que resaltar el punto de las economías sociales, brindarles un apoyo, así como abrir las oportunidades asociativas o de cooperativas.
Análisis
Darío Acevedo Carmona
Este no es un tema álgido. En general en otros procesos, el grueso de la tropa que se reintegra a la vida civil obtiene algunos beneficios y prebendas para su reintegración. Sobre los dineros que les darán también me parece que se convierte en un asunto secundario si se logran resolver otras tipologías de problemas más grandes que hay en otros puntos de los acuerdos.
SEGURIDAD PARA LOS INTEGRANTES DE LAS FARC
El Gobierno implementará un programa de protección a los integrantes del partido político que surja del transito de las Farc a la actividad legal, también se le dará protección a todos los miembros de ese grupo subversivo que se reincorporen a la vida civil y a todas sus familias, esto dependiendo del nivel de riesgo. La Unidad Nacional de Protección tendrá una nueva subdirección encargada de la seguridad de las personas anteriormente mencionadas. El Gobierno creará un cuerpo de seguridad y protección mixto, que será integrado por personal de confianza del nuevo movimiento político que tendrá enlace directo y coordinación con la Policía a nivel nacional, departamental y municipal.
Análisis
Eduardo Álvarez Vanegas
Aunque no me parece que sea un asunto exclusivo del punto tres de los acuerdos, es definitivamente más transversal. Se reconoce que las garantías de seguridad no son únicamente para quienes dejen las armas. También es una estrategia que se aplica a sus familias, a las comunidades y territorios. Es un mensaje directo en el sentido de que el proceso no es para las Farc, sino para los territorios. Hay que estar pendientes de la cantidad de instituciones que se piensan crear.
Análisis
Darío Acevedo Carmona
Aquí también se observa un peligro porque se piensa crear un aparato de seguridad en el que no se tiene en cuenta a los órganos de seguridad del Estado de manera principal. Está bien que algunos exguerrilleros les sirvan de guardia a sus jefes, pero no en la cantidad y la manera como se acordó, pues tiene más peso la seguridad en la guerrillerada que en las fuerzas legítimas del Estado. Es importante analizar cómo se piensa prestar seguridad a tanta gente.
DESVINCULACIÓN DE LOS MENORES DE EDAD
A pesar de llegar a un acuerdo en este punto antes de firmarse el Acuerdo Final entre los equipos negociadores, la desvinculación de los menores de edad que se encuentran en las filas de las Farc solo se dará a partir de este 10 de septiembre. En el documento quedaron los lineamientos a seguir una vez cada menor sea desvinculado. A los niños, niñas y adolescentes se les reconocerán todos sus derechos con enfoque diferencial, priorizándose su acceso a la salud y a la educación. Esos menores serán considerados como víctimas y será primordial su reagrupación familiar cuando ello sea posible.
Análisis
Eduardo Álvarez Vanegas
Sobre este tema, al igual que el de desaparición forzada, siempre son los denominados ‘coco’. Se trata de los crímenes y delitos que terminan poniendo en entredicho este tipo de procesos. Es importante el compromiso al que se llegó hace varios meses, pero es preocupante que solo hubo pronunciamiento de las partes cuándo fueron interrogados por ese incumplimiento. Me atrevo a decir que este es uno de los puntos más flojos de los acuerdos.
Análisis
Darío Acevedo Carmona
Este asunto ya debería estar solucionado y aún no ocurre nada. Esto debe ser cuanto antes, como lo está pidiendo la opinión pública. En este punto se llegó a un acuerdo antes de la firma, y nada ocurre aún, y estamos hablando de un tema que se debe castigar como infracción al Derecho Internacional Humanitario. Acá hay un claro ejemplo de incumplimiento y ambas partes no dan razones contundentes.
LUCHA CONTRA ORGANIZACIONES CRIMINALES
Se acordaron garantías de seguridad y de lucha contra las organizaciones criminales responsables de atentar contra los defensores de derechos humanos, movimientos sociales o políticos. En este punto se hace un especial énfasis al combate a estructuras armadas que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo. El Gobierno impulsará medidas necesarias para la creación de una unidad especial de investigación para el desmantelamiento de organizaciones criminales y sus redes de apoyo. Esta unidad también tendrá un cuerpo élite que dará una garantía de acción efectiva por parte del Estado contra las organizaciones denominadas paramilitares.
Análisis
Eduardo Álvarez Vanegas
La seguridad se ve comprometida por grupos que la guerrilla denomina paramilitares. Es importante que exista un compromiso del Estado para combatirlos porque se considera que podría estar en riesgo la implementación de los acuerdos, no tanto la seguridad de quienes dejan las armas, sino de la implementación en las regiones. Llama la atención que no se trata de el ‘Clan del Golfo’, ‘Rastrojos’; se trata de la herencia del proyecto paramilitar que dejó raíces.
Análisis
Darío Acevedo Carmona
No puede existir de ninguna manera un pacto entre el Estado y las Farc. La lucha contra organizaciones armadas al margen de la ley es exclusiva del Gobierno, del Estado, no algo impuesto o en conjunto con un grupo que hasta el momento sigue siendo ilegal. Además de ser innecesaria la creación de nuevos grupos, que actualmente trabajan pero con otro nombre, el monopolio de las armas debe estar a cargo del Estado, en esto no debe caber la menor duda.
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