1. La lucha por el Sí o el No
Solo un paso separa los acuerdos para la terminación del conflicto armado entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc y su implementación: el plebiscito.
Así lo decidió Juan Manuel Santos hace más de dos años, cuando anunció durante su campaña a la reelección presidencial que solamente con la refrendación en las urnas, los textos podrán convertirse en una realidad.
Es así como el próximo domingo 2 de octubre los colombianos asistirán a la que para muchos es una votación histórica y en la que responderán: “¿Apoya usted el acuerdo final para terminar el conflicto y construir una paz estable y duradera?”.
Serán 34 millones de ciudadanos los habilitados para participar de la contienda donde los ‘candidatos’ serán el Sí y el No.
Entre estos se cuentan quienes participaron en las últimas elecciones para elegir alcaldes, gobernadores, concejales y diputados, además de quienes recibieron su cédula de ciudadanía por primera vez hasta el mes de junio pasado, según explicó la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Para que alguna de las opciones gane, tendrán que sacar mínimo 4.3873118 votos, es decir, el 13 % del censo electoral, como quedó establecido en la Ley Estatutaria por medio de la cual se reguló “el plebiscito para la refrendación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”.
Y mientras algunos sectores políticos consideran que la decisión de preguntarles a los colombianos por su aceptación o no de los acuerdos llevó al país a ahondarse en la polarización, otros consideran que la situación es típica de una campaña tan importante como la que está viviendo el país.
Esta semana será crucial y, entre tanto, se ventilan verdades a medidas y mentiras por parte de quienes promueven comités por el Sí y por el No en redes sociales, vallas, pendones y alto parlantes en diferentes calles de las ciudades.
El pasado lunes, en Cartagena, mientras se firmaban los acuerdos oficialmente, el exprocurador Alejandro Ordóñez se subió a la tarima del No para hacer campaña con el expresidente Álvaro Uribe, promotor de esta en todo el país.
Entre tanto, colectivos de ciudadanos, políticos, empresarios, académicos, animalistas, se siguen sumando a la ola del Sí en el territorio nacional.
2. Del acuerdo a la ley
Para hacer efectivos los acuerdos de paz se creó el Acto Legislativo para la Paz, que fue aprobado en julio de 2016 y tendrá vigencia de seis meses, pero podrá ser prorrogado por seis meses más.
En el articulado quedó establecido que los proyectos deben ser de iniciativa del Gobierno, deben tener trámite preferencial en el Congreso y se reducen los tiempos de estudio.
Para los proyectos ordinarios, se pasa de cuatro debates a dos; mientras que para los actos legislativos se reducen de ocho a cuatro debates, es decir, dos en comisión, uno en plenaria de Cámara de Representantes y uno en Senado.
Además de los once puntos que contiene, se le entregan facultades especiales al Presidente de la República por un periodo de 180 días para expedir decretos, con control de constitucionalidad, que le permitan asegurar la implementación de los acuerdos.
Así mismo, habrá un Plan Plurianual de Inversiones del Plan Nacional de Desarrollo, un componente específico para la paz priorizando “los ciudadanos y las entidades territoriales más afectadas por la pobreza rural, las economías ilegales, la debilidad institucional y el conflicto armado”.
Uno de los pasos importantes para la implementación de los acuerdos será crear la ley de amnistías, pues sin ella, según algunos de los jefes guerrilleros, no se empezarán a movilizar a las zonas transitorias de normalización.
Sin embargo, el presidente de la Comisión Primera del Senado Constitucional Permanente, Carlos Fernando Motoa, sostuvo que todavía no ha llegado ninguno de los proyectos para hacer las implementaciones a sus manos para iniciar estudio. No obstante, dijo que se rumora que esta semana llegaría la primera iniciativa, que corresponde a la inclusión de los acuerdos al bloque constitucional.
3. Implementación
Diez años será el tiempo que, según el Gobierno Nacional, tardaría la implementación de los acuerdos para la terminación del conflicto, por lo que muchos de los puntos que están en el documento que contiene 297 páginas tendrán que convertirse en política de Estado.
Sin embargo, uno de ellos, el del Fin del Conflicto, se está ejecutando desde el 24 de agosto (un día después del cierre de conversaciones) cuando se declaró el cese el fuego bilateral y de hostilidades definitivo.
Además, con la declaración del Día D, correrán los tiempos para que se movilicen los guerrilleros a las zonas veredales transitorias de normalización y las zonas campamentarias donde se quedarán por un periodo de 180 días para entregar sus armas, municiones y explosivos a personal de Naciones Unidas.
El armamento será entregado a manera de inventario y tendrá información de quien lo tenía en su poder. Estos elementos, como reza en los acuerdos, después serán fundidos y convertidos en tres monumentos que estarán ubicados en la sede de la ONU en Nueva York; en Cuba, sede de las negociaciones de paz durante cuatro años; y en Colombia, cuyo sitio aún no está definido.
Otro de los puntos que se empezó a implementar desde hace poco más de un año es el desminado, que arrancó en zona rural de El Orejón, Antioquia.
4. Los recursos
Se rumora que serían $106 billones en una década. Pero Sergio Jaramillo, alto Comisionado para la Paz, reveló que solo hasta dentro de cuatro meses se sabrá exactamente cuánto costará el posconflicto.
Jaramillo, precisó que el Ministerio del Posconflicto, dirigido por Rafael Pardo, adelantará un estudio durante cuatro meses para saber qué dinero se requiere para implementar los planes para el agro, medio ambiente, participación política, el desminado y la erradicación de cultivos ilícitos, entre otros.
Según una investigación de la firma Raddar, el costo del posconflicto podría estar entre el 18 % y el 20 % del presupuesto nacional como mínimo en los próximos 20 años. Eso implicaría unos $40 billones al año.
La firma sostiene que la experiencia de otros conflictos armados indican que después de terminada la confrontación, mantener la seguridad y contener la creación de las bandas criminales es la tarea que requiere mayor inversión para mantener la seguridad urbana y rural.
“El gasto no será de guerra sino de aseguramiento de la condición lograda”, dice Camilo Herrera, director de la firma.
Otros cálculos realizados por la Comisión de Paz del Congreso indican que el posconflicto costará alrededor de $106 billones durante los primeros diez años.
El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, explicó que el Gobierno dispuso para la vigencia 2017 un incremento del 6,4 % en los recursos para la atención integral de las víctimas en el posconflicto.
Serán $700.000 millones adicionales en el presupuesto, pasando de $11,3 billones en 2016 a un total de $12 billones para 2017. “Estos recursos son un aporte significativo al posconflicto”, dijo el funcionario.
Desde diferentes partes del mundo ya han prometido ayudas económicas y también recurso humano para capacitar a quienes adelantarán trabajos riesgosos.
El pasado fin de semana desde Nueva York, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, anunció la recolección de 80 millones de dólares junto con Noruega para adelantar el desminado y ayer la cifra subió a 110 millones de dólares.
Sin embargo, la meta del Gobierno Nacional es crear una bolsa, donde la comunidad internacional aporte tres mil millones de dólares.
