De acuerdo con cifras del Partido Farc, desde el primero de diciembre de 2016, cuando entró en vigencia el Acuerdo de Paz, 168 firmantes de ese pacto han sido asesinados. Las estadísticas que llevan indican que desde que se inició el gobierno de Iván Duque se han presentado 89 de esos crímenes, un 52 % en un año y tres meses.
“Nosotros sabíamos que eso iba a suceder”, dice de manera sucinta la senadora Victoria Sandino. Y explica que por eso se establecieron una serie de mecanismos en el Acuerdo para prevenir esas situaciones, pero, dice, parece que se quedaron ahí “porque eso no se puso en marcha”.
En Cauca, Nariño, Antioquia, Caquetá y Norte de Santander han ocurrido la mayor cantidad de homicidios en contra de quienes adelantaban su proceso de reincorporación a la vida civil después de que depusieron las armas. Estos departamentos, además, tienen en común que cuentan con fuerte presencia de estructuras paramilitares o grupos armados que tienen en las rentas criminales (narcotráfico o minería ilegal) un ingreso económico para hacer al control de más armamento.
En Norte de Santander ha ocurrido el caso más sonado del universo de crímenes. Un coronel del Ejército, identificado como Jorge Pérez Amézquita, es el señalado por la Fiscalía de orquestar el homicidio. Unas conversaciones por WhatsApp son la prueba reina que tendrá que afrontar el oficial, una vez sea llamado a audiencia de imputación, ya que por una estrategia de su abogada dilató la realización de esta diligencia.
El 9 de septiembre la defensora impugnó al juez de Garantías que presidía la sesión, aduciendo que era la Justicia Penal Militar la competente para hacer la investigación. El funcionario judicial escuchó a las partes y levantó sesión dejando en manos del Consejo Superior de la Judicatura la decisión. Esta semana ese órgano se pronunció diciendo que ellos no eran los llamados a dirimir, sino que eso le correspondía al superior jerárquico del juez de Garantías, es decir a uno de Conocimiento.
La carpeta fue devuelta a los Juzgados de Paloquemao y se espera que la próxima semana se haga el reparto y el caso pueda continuar.
Camilo Fagua es miembro de la Dirección del Partido y sobre el caso de Torres explica que “hemos encontrado que había diseñado un plan por integrantes de la Fuerza Pública destinado a acabar con la vida de un firmante de la paz. No podría decir que en todos los 168 casos haya ocurrido el mismo patrón, pero sí ha habido evidencia que nos lleve a presumir de la existencia de un plan sistemático”.
Otro de los casos que más ha llamado la atención es el ocurrido con Alexánder Parra, cuyo cuerpo tenía seis impactos de bala, conforme reveló la necropsia que adelantaron los médicos forenses del Instituto de Medicina Legal, cuya directora, Claudia García Fino, precisó que cinco de los impactos fueron hallados en la espalda y el otro en el brazo izquierdo.
Ahora lo que sigue es establecer la trayectoria de los proyectiles, al igual que la distancia desde la que fueron accionados. El informe de balística también arrojará luces sobre el tipo de bala empleada, lo que también conducirá a establecer la clase de arma que se usó en el asesinato que fue perpetrado dentro de lo que anteriormente se llamaba ETCR en Mesetas, Meta.
Estos espacios tienen un doble anillo de seguridad, uno a cargo de la Policía y otro bajo el mando del Ejército. Con el asesinato de Parra se puso de presente que tienen un alto grado de vulnerabilidad, pese a la presencia permanente de los uniformados.
“Él había hecho varias solicitudes ante la UNP diciendo que la situación de riesgo nuestra es complicada, necesitamos que nos brinden esa seguridad, pero el Gobierno se hizo el de la vista gorda. Lo que se ve son unos paliativos de medidas que no atacan el fenómeno, en estos territorios en los que se piden se desmantelen las estructuras (paramilitares)”, sentencia Fagua.
Otras medidas
Tras el crimen de Parra, la misma ONU rechazó el crimen y destacó que “era reconocido por su compromiso con el proceso de paz y su activo papel en la promoción de la reincorporación”. En ese pronunciamiento, el organismo multilateral también se extrañó por el hecho de que hubiera ocurrido dentro de un ETCR, “resguardado por la Fuerza Pública”.
Las hipótesis aún no se conocen. A la par con la cantidad de lesiones de arma de fuego solo se sabe que fueron encapuchados los que le quitaron la vida a ‘Rodolfo Fierro’, como era conocido en las filas de la antigua guerrilla.
Conocido el asesinato, el presidente Duque ordenó reforzar los anillos de seguridad de los espacios, pero Fagua no se muestra conforme con la medida y la califica como un error que ha venido cometiendo el Estado y, guardadas las proporciones, la compara con la propuesta lanzada esta semana de enviar más tropas al Cauca, donde hubo dos masacres en tres días. Dicho sea de paso, la ONU elevó su propuesta de enviar más soldados para resguardar el territorio Nasa.
“Donde hay presencia de fuerza pública, despliegue de operativos militares se han fortalecido esos grupos y tomado ventaja en los territorios. La salida no está allí. Las medidas son muy rimbombantes ante la prensa. No es garantía de nada la presencia de la Fuerza Pública”, complementa Fagua.
Otra de las teorías es que los asesinatos obedecen a una especie de declaratoria de objetivo militar que recae sobre los exintegrantes de las Farc. La explicación radica en que grupos armados organizados, al ver el incumplimiento del Gobierno, tuvieron acercamientos con los reincorporados para ofrecerles que se unieran a sus filas.
La propuesta en razón a que los antiguos guerrilleros eran hombres de monte y conocían los vericuetos de la selva que patrullaron por años, lo que suponía una ventaja frente a otros grupos. Pero al negarse a volver a la guerra o a los negocios criminales los amenazaron de muerte.
Fagua acota que “en Ituango o en el Cauca algunas estructuras pagaban obligando o queriendo obligar a exintegrantes de las Farc a integrar esas filas ilegales. El hecho de que muchos se hayan negado generó que los declararan objetivo militar. No podríamos decir que son todos los casos, pero sí hubo”.
De los líos de faldas a las disidencias
A mediados de este año, la Fiscalía entregó un balance en el que aseguraba que había resuelto un 51 % de los casos contra exintegrantes de la que era la guerrilla de las Farc o sus familiares. Ese cúmulo de delitos agrupaba amenazas, asesinatos y tentativa de homicidio, por lo que el universo con el que hacia sus cuentas era de 168 investigaciones.
Los mayores responsables de estos delitos, a consideración de los fiscales de la Unidad Especial de Investigación para el Desmantelamiento de Organizaciones Criminales (UEI), eran las disidencias de las Farc, seguidos por integrantes de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y en tercer lugar una categoría que bautizaron como ‘Organizaciones criminales tipo C’.
Sandino, sobre este particular, dice que se pasó “de líos de faldas a temas de disidencias”, en cuanto los señalamientos de responsabilidades por parte de las autoridades en este tema, y añade que se “ha insistido en que se busque más allá de la responsabilidad material, porque se ha actuado de manera ligera”.
La UIE de la Fiscalía nació como parte del punto 3.4 del Acuerdo, que hace referencia a las garantías de seguridad para los reincorporados. Las cifras de esta unidad, reiterando que son con corte a junio de este año, sostienen que hay 12 casos en ejecución de penas, 19 en juicio, 33 en investigación (con imputación de cargos), 20 en indagación con orden de captura, dos precluidos por muerte del indiciado y uno archivado por conducta atípica.
Habla el procurador
Fernando Carrillo dice que, al igual que ha sucedido con los líderes sociales, en el tema de los excombatientes de las Farc urge coordinar acciones y fortalecer los esquemas de seguridad, por lo que desde el Ministerio Público están atentos a la propuesta que expondrá el Gobierno.
“Está el agravante de que ya ingresan a los Espacios a asesinar excombatientes. Hay que pensar en fortalecer de nuevo el sistema que le permita al Estado defender a exintegrantes de esa guerrilla”, dijo Carrillo Flórez.
Cifras de violencia política
El Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, Cerac, sostiene que entre enero y octubre de este año, por cuenta de la violencia, han muerto 107 personas, lo que representa una reducción del 31 % con respecto al mismo periodo del año anterior, en el que se reportaron 156 casos.
A consideración del Cerac, se considera violencia política a todos aquellos “eventos en los que se busca causar un daño intencional a una persona involucrada en actividades de ejercicio de poder, representación colectiva de intereses, o ampliación y construcción de poder en la sociedad”.
