En medio de las noticias que ha dejado el Paro Nacional pasó sin mucha repercusión un hecho que los involucrados califican como un prometedor hito para el campo.
Ocurrió el 6 de junio durante la Mesa de Diálogo entre el Gobierno y campesinos e indígenas del Caquetá y sur del Meta realizada en Altamira, Huila. Allí se acordó la creación del Programa y el Sistema Nacional de Zonas de Reserva Campesina –ZRC–, además de un mecanismo de financiación fijo para las ZRC, comenzando con un piloto que se ejecutará en ambos departamentos.
Ahora bien, ¿por qué el Ministerio de Agricultura –que representó al Gobierno– y el campesinado calificaron el acuerdo como histórico?
Las Zonas de Reserva Campesina nacieron mediante movilización social en 1994 y se constituyeron como figura legal ese mismo año con la Ley 160, con tres objetivos fundamentales: desarrollar una economía campesina, frenar la ampliación de la frontera agrícola hacia áreas ecológicamente sensibles como los parques nacionales y evitar el acaparamiento de tierras.
Las ZRC se delimitan geográficamente mediante un proceso organizativo de los campesinos y le facilitan tanto al Estado como al campesinado ordenar el territorio (por ejemplo baldíos y zonas de amortiguación de áreas protegidas). Al interior de estas se distribuye la tierra en propiedades individuales a través de Unidades Agrícolas Familiares –UAF–, aunque cada territorio tiene la autonomía de adelantar proyectos colectivos.
El profesor Manuel Rodríguez, el primer ministro de Ambiente que tuvo el país, dice que las ZRC “fueron un instrumento adelantado a su época que anticipó los desafíos y las soluciones del desarrollo sostenible del que tanto se habla actualmente”. De hecho –apunta– el naciente Ministerio de Ambiente que surgió con la Ley 99 de 1993, se apoyó en dicha figura “para planificar de la mano del Ministerio de Agricultura estrategias de conservación, planes de seguridad alimentaria y sostenibilidad ambiental de la labor agrícola”.
Sin embargo, señala, el recrudecimiento del conflicto armado y la ubicación de las primeras reservas en puntos críticos del mismo hicieron que quedaran en una especie de limbo, siendo además objeto de estigmatizaciones. “Pero ahora es la hora de las zonas de reserva campesina. El país tiene una gran oportunidad en estas”.
Lo logrado y lo que falta
Yoliz Correa, vocera de la Reserva Campesina en los Montes de María II, la última de las siete que han logrado hasta ahora su constitución ante la Agencia Nacional de Tierras –ANT– (2018), señala que lo que han logrado para mantener con vida este instrumento “no ha sido gracias al apoyo del Estado propiamente, sino a pesar de las maniobras del Estado para dilatar su formalización y desconocer el potencial agrícola, social y ambiental que tiene el país al reconocer formalmente la relación entre el campesino y la tierra”, dice la lideresa, integrante de la junta directiva de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina.
Después de 26 años de existencia de la Ley 160, además de las siete constituidas, hay 23 en proceso de constitución, tres de estas, sin recibir aún su resolución oficial pese a tener desde hace una década toda la documentación en regla (Sumapaz, Cundinamarca; Losada-Guayabero y Ariari-Guejar-Cafre, ambas en el Meta).
En enero de este año, mediante acción de tutela, la justicia le ordenó a la ANT acelerar la constitución de estas tres ZRC y, de fondo, abstenerse en adelante de solicitar requisitos no contemplados en la ley en dicho proceso.
Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, dice que el Estado tiene en las ZRC un verdadero mecanismo contra “los procesos de apropiación ilegales e informales de tierra, que son el punto de partida para la ejecución de la ganadería extensiva, explotación de recursos naturales y la producción de cultivos ilícitos, que alimentan desde hace años conflictos sociales y ambientales en la Orinoquia y Amazonia”.
Correa y Botero señalan que con tecnificación, seguridad jurídica y financiación las ZRC pueden ser concluyentes, entre otras cosas, para frenar la deforestación que azota a varias zonas del país.
Esto es justamente lo que debe ocurrir tras el acuerdo al que llegaron con campesinos y Gobierno en Altamira, conforme apunta Óscar Rodríguez, uno de los voceros de la Coordinadora Departamental de Organizaciones Sociales, Ambientales y Campesinas del Caquetá.
“A más tardar en septiembre, con el liderazgo del Ministerio de Agricultura, se debe expedir el acto administrativo para crear el Sistema Nacional de Zonas de Reserva Campesina y la formulación del Programa de ZRC, partiendo de un plan piloto en Caquetá y el sur del Meta. Esto debe hacer posible una estructura que vaya desde el proceso de constitución hasta los planes de desarrollo de las ZRC, el fin de los trámites dilatorios y mejores oportunidades para los proyectos que desarrollamos a una escala comunitaria”, dice.
También se acordó en la Mesa la participación del Banco Agrario para facilitar la oferta de Líneas Especiales de Crédito para los campesinos en las ZRC de los municipios piloto.
El consenso en las negociaciones de Altamira también alcanzó a comunidades cobijadas bajo figuras de complejo manejo para el Estado como los campesinos en Zonas de Reserva Forestal de Ley 2º, que reclaman históricamente haber habitado estos territorios antes de que fueran declarados bajo esta figura que, en la práctica, los restringe para darle un uso productivo a la tierra y tener propiedad legal de la misma. Para el próximo 7 de agosto, la ANT y los ministerios de Ambiente y Agricultura deberán tener listos los recursos para adelantar el estudio de sustracción de áreas en San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá.
Los campesinos que históricamente han habitado zonas de influencia de áreas posteriormente declaradas como Parques Nacionales acordaron también garantías para frenar los desplazamientos de los que han sido objeto en el marco de la Operación Artemisa, plan militar del Gobierno para frenar la deforestación.
“No es posible lograr la conservación de los ecosistemas sin que exista una economía campesina saludable, sin una gestión de los territorios rurales en los que el Estado puede hacer presencia a través del apoyo a nuestra organización comunitaria. Esperemos que luego de casi tres décadas este sea por fin un punto de partida, y tengamos los ojos del país para garantizar el cumplimiento por parte del Gobierno”, dice Rodríguez.
