La decisión fue tomada en primera instancia y ratifica la idoneidad de De la Espriella para posesionarse como presidente de Colombia, según la Constitución.
El Tribunal Superior de Bogotá negó una tutela contra el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Registraduría. La acción buscaba poner en entredicho si Abelardo de la Espriella puede cumplir su rol como presidente de la República, dado que también cuenta con ciudadanía estadounidense.
El abogado Germán Calderón España, del equipo jurídico del presidente electo, celebró la decisión a través de sus redes sociales. “Ganamos nuevamente”, dijo.
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Quien convocó la tutela, el ciudadano Gary Ernesto Martínez, se refirió al “amparo de sus garantías supralegales a la participación política, a la soberanía popular, al debido proceso electoral, a la supremacía constitucional, ‘principio democrático’ y ‘garantía de efectividad de derechos y preservación del orden constitucional’”, según se lee en la decisión.
Todo, porque el CNE y la Registraduría hayan permitido la inscripción de De la Espriella como candidato dado lo que significa el juramento para naturalizarse como estadounidense, en el que se promete lealtad a ese país. Sin embargo, el Tribunal reiteró que no hay impedimento constitucional.
De este tema también habló el senador Iván Cepeda este martes, en su llamado a la “desobediencia civil” si De la Espriella no cumple con una serie de condiciones. Entre ellas, la renuncia a su ciudadanía norteamericana.
La polémica por la ciudadanía estadounidense se presentó, inicialmente, unos días después de que De la Espriella pasara a segunda vuelta contra Cepeda, candidato de la continuidad de Petro.
En ese entonces, un grupo de exmagistrados y docentes universitarios firmaron un documento diciendo que la nacionalidad estadounidense de De la Espriella “plantea obstáculos jurídicos, éticos y políticos para quien quiera ser presidente de Colombia”.
En sus argumentos, los juristas y docentes dicen que el juramento que se presenta al momento de volverse ciudadano de Estados Unidos tiene “efectos jurídicos”.
El presidente electo también es ciudadano italiano, como el presidente Gustavo Petro, pero el documento hace énfasis en el “peso jurídico” que tiene el juramento que hace una persona para convertirse en ciudadano estadounidense.
“Renuncio absoluta y enteramente y abjuro de toda lealtad y fidelidad a cualquier príncipe, potentado, estado o soberanía extranjera, de quien o de los que hasta ahora he sido súbdito y ciudadano; que apoyaré y defenderé la Constitución y las leyes de los Estados Unidos contra todos los enemigos, extranjeros y nacionales”, dice el juramento.
Ahora bien, quienes redactaron el documento dicen que “la persona renuncia en forma absoluta a toda lealtad y fidelidad hacia Colombia”. Sin embargo, se hace referencia a que no hay “inhabilidad” para ejercer el cargo de presidente de la República, sino “incompatibilidad”.
El analista Héctor Riveros habló de esa distinción en Blu Radio a principios de junio. “Es un tema que jurídicamente no es tan fácil, porque es una distinción entre los conceptos de inhabilidad e incompatibilidad. La regla básica que ha tenido la jurisprudencia del Consejo de Estado y la doctrina es que no hay inhabilidad sino incompatibilidad”, dijo Riveros.
“Las inhabilidades son las que impiden la elección o viciarían la nulidad de la elección. Todos los juristas de esa carta —que hay unos muy serios, otros no tanto— reconocen que no hay una causal de inhabilidad. Es decir, De la Espriella sí puede ser elegido”, agregó.
La Constitución Política de 1991 no prohíbe la doble ciudadanía en un presidente. El artículo 197 dice que no podrá ser elegido presidente quien incurra en las causales de inhabilidad 1, 4 y 7 del artículo 179. En el numeral 7 se habla de que no pueden ser elegidos “quienes tengan doble nacionalidad, exceptuando los colombianos por nacimiento”.
De la Espriella nació en Bogotá y se crio en Córdoba, por ende está exceptuado de esa prohibición, agregó Riveros. “La carta tiene un sentido y una cosa razonable de que puede haber una especie de conflicto de interés cuando estén en juego los intereses de EE. UU. y Colombia al tiempo y el presidente deba decidir, pero los redactores de al carta quisieron darle una consecuencia que es dar a entender que no debería poder ser elegido presidente, y esa consecuencia no la tiene”.
Riveros habló de que el problema puede llegar durante el desempeño del cargo. “El problema es el ejercicio, en algunos casos en los que puede darse un conflicto de interés”, expuso Riveros.
El experto dio un ejemplo concreto que, en su opinión, generaría este conflicto. “Por ejemplo, si ambos países decidieran modificar el Tratado de Libre Comercio que existe entre EE. UU. y Colombia, el presidente sería un nacional de ambos países y habría jurado preferir frente a todas las cosas lealtad a los Estados Unidos”.
Entre los nombres que firmaron esa carta se encuentra Leopoldo Múnera, ficha del presidente Gustavo Petro que ocupó de manera ilegal la rectoría de la Universidad Nacional. En la carta firma como profesor pensionado de esa institución.
También hay nombres que han tenido contratos con el Estado durante el gobierno Petro. Es el caso de la ex magistrada del Consejo de Estado, Stella Conto Díaz del Castillo, quien ha tenido contratos por cerca de $429 millones de pesos en 2023 y 2026, según la plataforma Secop II. Estos han sido en el Ministerio de Transporte.
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Conto también tuvo un contrato con la Defensoría del Pueblo, que es una entidad estatal pero, en teoría, independiente del Gobierno. Con esa entidad también tuvo contrato, por $102 millones de pesos, el ex magistrado del Consejo de Estado Ramiro Pazos Guerrero.
Por su parte, la coordinadora de la Red de Constitucionalismo Crítico de América Latina, Liliana Estupiñán Achury, figura con contratos en diferentes entidades. En el Ministerio del Interior estuvo en 2023, con uno por $60 millones. Ese año tuvo otro en la Defensoría, por $18.6 millones. Con la ESAP (Escuela Superior de Administración Pública) tuvo uno en 2025 por $108.4 millones.
También figura Douglas Enrique Lorduy Montañez, con contratos por $247 millones en la Agencia Nacional de Tierras desde 2024.
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