La lista entregada a la Fiscalía, con nombres que congresistas y miembros del Gobierno pidieron que fueran contratados en cargos estratégicos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), ha generado revuelo entre los pasillos del poder. Fue entregada por Luis Carlos Reyes, exdirector de la Dian y hoy ministro de Comercio Exterior, cuyo permanencia en el cargo está en veremos, pues según reveló este diario, el Partido Liberal está detrás de esa cartera.
Aparecen nombres asociados a altos funcionarios del Gobierno y miembros del Congreso de varias orillas políticas, incluso de la oposición, que habrían hecho el pedido en los primeros meses del mandato del presidente Gustavo Petro.
Según una de las casillas del listado que dice “solicitud”, la pretensión es que esas personas fueran nombradas, ascendidas o mantenidas en cargos de esa entidad. El lugar que más se repite es Buenaventura, que es considerada como la puerta del contrabando en el país.
EL COLOMBIANO desglosó la lista en la que aparecen todo tipo de figuras políticas que no solamente hacen parte del Gobierno o de su coalición en el Legislativo. Incluso, está el nombre del entonces secretario del Senado, Gregorio Eljach, quien es el actual procurador general. También hay figuras de la oposición como el presidente del Congreso, Efraín Cepeda.
No menos llamativo es que 13 de los 32 congresistas que aparecen en el listado integran la Comisión Tercera, que tiene bajo su batuta asuntos de hacienda y crédito público, impuestos, contribuciones y exenciones tributarias.
El escándalo se conoce en medio de la crisis que generó el intento de filtración a la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 por parte de Diego Marín Buitrago alias Papá Pitufo, señalado zar del contrabando, que está pedido en extradición a Portugal y que, precisamente, operaba en el Puerto de Buenaventura con la compra de funcionarios del Estado.
Antes de que se conociera la lista, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, informó que el ministro Reyes le había informado sobre esas supuestas solicitudes de cuotas antes de dejar su cargo como director de la Dian.
“Poco antes de que el doctor Reyes saliera del cargo de la Dian, estuvo en mi oficina y efectivamente me hizo referencia a la solicitud que le habían hecho algunos funcionarios públicos para unos puestos claves en la Dian, lo que a él lo preocupaba mucho (...) en principio hacer recomendaciones no es un delito”, dijo Camargo.
Hay una discusión si esas recomendaciones configuran el delito de tráfico de influencias consignado en el artículo 411 del Código Penal o si se trata de una cortina de distracción por parte del ministro Reyes.
Las supuestas fichas de Roy, Benedetti y otros aliados del Gobierno en cargos claves de la Dian
Los altos funcionarios del Gobierno que más cuotas en la Dian tendrían, con base en la lista del ministro Reyes, son el embajador de Colombia en Reino Unido, Roy Barreras, y el jefe de Despacho presidencial, Armando Benedetti. Pero hay más.
En la celda de personas asociadas a Roy Barreras hay cinco nombres que buscarían ser nombrados en Buenaventura y Cali. Se trata de Jerlin Arley Campo Angulo que según su hoja de vida en la Función Pública es funcionario de la Dian desde 1992 y actualmente trabaja como “gestor III” de la Dirección seccional de Cali. Sin embargo, esa página estaría desactualizada por Campo. Según fuentes consultadas, realmente sería director de la Seccional en Buenaventura, un cargo estratégico en esa entidad.
También sale el nombre de William Eduardo Rodríguez, que es funcionario de la Dian desde 1993 aunque aparece en la Dirección Seccional de Armenia. Según el recuadro, Barreras quería nombrarlo también en la dirección seccional de Buenaventura.
Aparece, además, Alba Mónica Ramírez Osorio que es funcionaria de la Dian desde 1993 y está adscrita a la Dirección Seccional de Medellín. Según el recuadro, iba a ser nombrada en la Dirección en Cali. También están Daniel Eduardo Rodríguez, pero no aparece en qué seccional o cargo y Javier Zuluaga Montenegro que sería nombrado en Buenaventura.
El embajador Barreras ha negado cualquier vínculo con esas personas. Pero según el ministro Reyes, el exsenador le entregó “hojas de vida para la aduana de Buenaventura y Cali (...) y me hizo un comentario curioso: ‘tú eres un tipo prometedor, vas a hacer ministro, eres como un futbolista, pero imagínate lo feo que sería que a Messi le rompieran las piernas’”, señaló el ministro.
Ante esas graves acusaciones, el embajador Barreras aseguró a EL COLOMBIANO que no solo no dijo eso, sino que se trata de una estrategia para desprestigiarlo de cara a las elecciones de 2026. Este martes publicó un extenso mensaje en la red social X en el que dice: “¡Aparecieron las llaves! ¡No sean tan evidentes! Ayer montan la historia de un supuesto ‘tráfico de influencias’ y al otro día presentan demanda de pérdida de investidura contra mí (que no prosperará porque nunca entregue hojas de vida y porque eso además no es delito ni falta. Hay jurisprudencia abundante)”, dijo adjuntando una imagen de lo que sería un correo con la radicación de una denuncia en su contra.
“La pérdida de investidura inhabilita de por vida. Es la muerte política. Hoy se han puesto en evidencia y responden a la pregunta: ¿por qué la andanada de ataques contra mí? Quieren sacarme del juego en que no he entrado”, agregó.
Por el lado del actual jefe de Despacho presidencial, Armando Benedetti, también aparecen en la lista tres personas supuestamente asociadas a él: Patricia Holguín Medina, Jesús Alejandro Gutiérrez y Mario Bernardo Olea Vega. Holguín Medina registra como funcionaria de la Dian desde 1994, pero desde 1996 es inspectora IV. Según el listado, aparece en la dirección seccional en Barranquilla y, según Función Pública, está en ese cargo.
En el caso de Jesús Alejandro Gutiérrez Casas, se sabe que fue vinculado a un caso de responsabilidad fiscal por sus gestiones como exadministrador de la Dian de Barranquilla, pero al final fue exonerado. Actualmente, es miembro del Consejo Superior de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) nombrado por el Gobierno Petro. Sobre Mario Bernardo Olea Vega, el tercer supuesto recomendado, se sabe que buscaría ser nombrado en la Dirección Seccional de Cartagena, donde actualmente está. Según su hoja de vida, trabaja en la Dian desde 1991.
Otros tres nombres aparecen asociados a personas que hicieron o hacen parte del Gobierno. Es el caso del exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, quien recomendó a Adolfo José Cabrera para la dirección seccional de Buenaventura. En efecto, según Función Pública, está en esa dirección y trabaja en la Dian desde 1991.
Sobre Alfredo Saade, que fue candidato en la consulta del Pacto Histórico en 2022 y contratista del Gobierno, aparecen dos nombres asociados. Primero, Luz María Garcés Banguera en la Dirección Seccional de Buenaventura, que efectivamente trabaja allí, y es funcionaria de la Dian desde 1991. También aparece Placido Orlando Arteaga Goyes para ser nombrado en la Dirección Seccional de Cúcuta, pero realmente trabaja en la de Cali.
Finalmente, sale un nombre desconocido para la opinión pública que es Alí Ibrahim, dirigente de la Colombia Humana en Maicao, La Guajira, que habría pedido dos puestos en esa ciudad: Luis Alfonso Suárez Vizcaino y Alexis López Bolívar.
Hablan los congresistas salpicados en la trama de influencias en la Dian: hay cinco paisas
Un verdadero maremoto político se vivió ayer en el Congreso de la República –que recién reanuda sesiones–, luego de que se conociera un controvertido listado de más de 32 senadores y representantes señalados de haber hecho gestiones y recomendaciones para favorecer a particulares en cargos estratégicos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). Todo esto, justo cuando se siguen conociendo más tentáculos del contrabandista Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo.
“Personas altamente influyentes y conectadas (y de todos los bandos políticos) me pidieron/presionaron para que nombrara a sus recomendados en distintas aduanas”, reconoció a la emisora W Radio el exdirector de la Dian y hoy ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes.
EL COLOMBIANO revisó el listado de congresistas y hay varias conclusiones que se desprenden del análisis de la información. Los hay de todos los partidos, algunos admiten reuniones, pero niegan que se trate de clientelismo o para favorecer a alguien particular.
Incluso, hubo quienes de frente le pidieron a Reyes que precise cómo y cuándo se dieron los supuestos encuentros. De lo contrario, acudirán a la justicia. Además, otros enmarcaron su aparición en la lista como “una cortina de humo” gestada desde el Gobierno de Petro para opacar los supuestos vínculos con Papá Pitufo.
En primer lugar, llama la atención que 13 de los 32 congresistas hacen parte de la Comisión Tercera, nada menos que la encargada de asuntos de hacienda y crédito público, impuestos, contribuciones y exenciones tributarias.
En ese listado sobresalen nombres del calibre del presidente del Senado, Efraín Cepeda (Partido Conservador) o Liliana Bitar, del Partido de La U, quien incluso citó a debate de control político al propio Reyes en noviembre de 2022 para que explicara los mecanismos de acción que estaba implementando para enfrentar la elusión, la evasión y el contrabando.
Además, en el listado figuran siete congresistas de la Comisión Cuarta, hermana de la Tercera, encargada de presupuesto y sistema de control fiscal financiero. “Parece ser siempre una estrategia de este Gobierno. El lunes nos amenazaron con el pueblo, nos acusaron de obstaculizar reformas, amenazaron a los medios y al sector privado. Y ahora, a su mejor estilo, vienen con este tipo de acusaciones”, respondió Cepeda.
Otro hecho que no es menor es que la mayoría de los congresistas salpicados son del Partido Conservador, aunque también se cuentan siete congresistas de oposición: tres del Centro Democrático y cuatro de Cambio Radical. Además, tres del Pacto Histórico.
Adicionalmente, no deja de ser llamativo que aparezcan el senador Antonio Correa que, si bien es del Partido de La U, ha sido cercano al petrismo y en más de una oportunidad ha salido en defensa del primer mandatario. Además, el representante Leonardo Gallego, del Partido Liberal, nada menos que el presidente de la Comisión de Acusación, donde responsan varias denuncias al primer mandatario.
Correa sostuvo que, aunque hubo reuniones, fueron “para pedir que se respetaran los derechos colectivos de funcionarios de la Dian que se venían vulnerando en un concurso de carrera administrativa”. Para el congresista, se trata de una actuación que no se puede configurar como “anormal ni se comete ningún delito por hablar por la clase trabajadora y sus derechos”.
Otro asunto de interés es que cinco de los implicados son congresistas paisas o en representación de Antioquia: Mauricio Parodi (Cambio Radical), Germán Blanco (Partido Conservador), Daniel Restrepo (Partido Conservador), Óscar Darío Pérez (Centro Democrático) y Nicolás Echeverry (Partido Conservador).
EL COLOMBIANO habló con Echeverry, quien es señalado de haber recomendado un director seccional en Maicao, en La Guajira. Al negar que siquiera conozca al ministro Reyes y que se haya reunido con él, anunció que analiza hoy con sus abogados qué acciones legales adoptar tras las acusaciones.
“No he recomendado a esa persona que figura ahí. No lo conozco, no lo he tratado, no he tenido una comunicación. Nunca me he reunido en privado con el ministro. Dudo que me conozca personalmente”, manifestó.
Por su parte, el senador Germán Blanco es sindicado de presionar para un ascenso en Manizales de Claudia Lorena Ospina. El congresista reconoció que se trata de la esposa del exrepresentante a la Cámara Félix Chica y aunque admitió que sí hubo una reunión con una asesora de Reyes, explicó que solo hubo una solicitud para conocer las bases de un concurso interno.
“No estábamos buscando ni un nombramiento, ni un ascenso y menos un director de aduanas en alguna regional del país. Pedimos que nos dieran las bases del concurso”, señaló el congresista.
En el ramillete aparece también el representante Óscar Darío Pérez, quien es señalado de interceder para lograr el ascenso de seis personas en la seccional Medellín. En diálogo con este diario, reconoció que, de forma “abstracta” y no favoreciendo a nadie en particular, hizo llamados para que funcionarios en condición de provisionalidad pudieran ascender a través de concursos.
